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La decisión del Ministerio de Justicia y Paz de dar por finalizado el convenio de cooperación con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios, es un nuevo capítulo en la escalada de ataques que, desde el Ejecutivo, se han venido lanzando de manera sistemática con la finalidad de minar la credibilidad ciudadana en dicho poder de la República.
La determinación se adoptó una semana después de que una jueza decidiera mantener presencial la primera audiencia contra Alejandro Arias Monge, alias Diablo, pese a que el ministro Gabriel Aguilar solicitó que se realizara de forma remota.
La secuencia de los acontecimientos permite afirmar que la decisión es, cuando menos, revanchista, ya que el convenio no se finalizó por una evaluación técnica de su utilidad, sino como respuesta a que no se acató la preferencia del Ejecutivo en un caso concreto. Se da también en el marco de insinuaciones del Ejecutivo tendientes a generar dudas sobre las actuaciones judiciales que permitieron la captura de alias Diablo.
El análisis debe partir de un hecho innegable: la forma en que se celebra la audiencia, sea presencial o virtual, es una decisión jurisdiccional de quien juzga, no de quien custodia. El Ministerio de Justicia administra las cárceles y provee la infraestructura de contención indispensable para que la justicia opere, pero no le compete determinar bajo qué modalidad se desarrolla ninguna fase del proceso penal.
Cuando el Ejecutivo condiciona la cooperación institucional a que el Poder Judicial acepte sus preferencias procesales, no está resolviendo un problema de administración, está invadiendo una potestad ajena y sancionando a otro poder de la República por ejercer una competencia con independencia.
El argumento con el que el Ministerio ha querido justificar la medida es que las audiencias virtuales representaron una fracción menor frente al total de traslados de reos, pero es un argumento que no resiste un análisis serio. El convenio no estaba sujeto a un uso mínimo para justificar su existencia.
Que se hayan realizado 2.416 audiencias virtuales en el primer semestre de este año, frente a miles de traslados físicos, no demuestra que el convenio fuera prescindible; al contrario, demuestra que existía una herramienta disponible para los casos en que resultaba más segura y eficiente que el traslado físico, y que se usaba precisamente en esos casos.
Se debe hacer énfasis en el riesgo de trasladar a personas privadas de libertad de alta peligrosidad desde La Reforma hasta los tribunales de San José o de Goicoechea, por una de las principales autopistas del país, generalmente en horas de alta congestión vial.
El convenio contribuía a mitigar este riesgo, que debería ser complementado con otras medidas, como la construcción de capacidades de audiencia presencial más cerca del centro penitenciario, una inversión en infraestructura que el Poder Judicial debería valorar, pero que no justifica, tampoco, eliminar la alternativa virtual que existía precisamente para evitar esos desplazamientos.
El interés público, que debería ser el que oriente las decisiones de política pública, es evitar los riesgos asociados a estos traslados, y es inobservado por el Ministerio de Justicia al terminar el convenio abrupta y unilateralmente.
La decisión ya ha sido llevada a la Sala Constitucional, que nuevamente tendrá que ejercer su competencia como válvula de escape en el conflicto entre poderes. Pero más allá de lo que termine decidiéndose sobre la constitucionalidad o no de esta decisión, el problema principal no es logístico ni presupuestario: es institucional.
La escalada verbal de los funcionarios del Ejecutivo y su falta de disimulo en usar herramientas administrativas como instrumento de presión y represalia contra un poder del Estado que no se subordina a sus preferencias es absolutamente inaceptable en un sistema democrático.
Esa dinámica, que se arrastra desde la administración anterior, está erosionando no solo la relación de cooperación, coordinación y respeto más elemental, sino la confianza del ciudadano en el sistema democrático, que no puede depender del humor de un ministro ante una decisión que no fue de su agrado.
