La petición de los juzgadores se concentra particularmente en ejecución de la pena, una materia en la que la virtualidad adquirió un peso importante para atender las gestiones de personas que ya cumplen una sentencia. Según datos de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, el 62% de las diligencias de esta materia se realizaron mediante medios tecnológicos durante el primer semestre del 2026.
Robles y Rodríguez sostienen que estas herramientas permiten atender las gestiones con mayor agilidad, facilitar la participación de las personas privadas de libertad y evitar su movilización desde los centros penitenciarios hasta las instalaciones judiciales.
Los jueces advirtieron de que reducir significativamente las audiencias virtuales podría provocar mayores tiempos de espera, dificultades de coordinación, incremento de costos y eventuales atrasos, además de obligar a realizar más traslados físicos de personas privadas de libertad.
Aguirre: infraestructura ya está instalada
En su carta, Orlando Aguirre puso énfasis en los recursos que ya destinó el Poder Judicial al sistema. Señaló que la institución invirtió ¢137,5 millones en infraestructura y equipos y mantiene un gasto aproximado de ¢131,2 millones anuales en enlaces de comunicación para sostener el servicio.
El presidente de la Corte argumentó que se trata de una capacidad ya instalada y financiada con recursos públicos. También señaló que la cooperación permitió reducir traslados físicos y riesgos de seguridad asociados con la movilización de personas privadas de libertad.
Según su oficio, el Poder Judicial había comunicado desde el 29 de mayo su interés de mantener la cooperación y reiteró la solicitud el 1.° de julio, sin haber recibido respuesta para cuando Justicia anunció el fin del convenio.
Aguirre pidió al ministro “reconsiderar la decisión” y planteó avanzar hacia un nuevo convenio que dé continuidad formal a la cooperación entre ambas instituciones.
La Nación consultó al Ministerio de Justicia y Paz si reconsiderará la decisión de finalizar el convenio tras las solicitudes planteadas por Aguirre y los jueces de ejecución de la pena, así como si está dispuesto a retomar el diálogo con el Poder Judicial. Al cierre de esta publicación, las consultas no habían sido respondidas.
Reclamos se suman a amparo y advertencia del OIJ
Las solicitudes de Aguirre y de los jueces se suman a otras reacciones dentro del sistema judicial. El fiscal general, Carlo Díaz, presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Justicia y solicitó una medida cautelar para mantener operativa la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad de las audiencias virtuales mientras se resuelve la gestión.
Por su parte, Michael Soto, director interino del OIJ, advirtió de que el regreso a la presencialidad en más diligencias implicaría mayores gastos en combustible y viáticos, en momentos en que el Organismo enfrenta dificultades presupuestarias.
“Ya de por sí tenemos algunas dificultades para cerrar el año con el tema presupuesto, especialmente con combustible y viáticos”, manifestó Soto.
¿Por qué los jueces de ejecución de la pena están preocupados?
Los jueces explicaron que la cooperación entre los juzgados de ejecución de la pena y la Administración Penitenciaria se desarrolla desde el 2019, mediante mecanismos de coordinación, comunicación y uso de recursos tecnológicos. A su criterio, ese esquema permitió agilizar diligencias y disminuir traslados y riesgos asociados con sacar a personas privadas de libertad de las cárceles.
Como referencia de la magnitud del mecanismo, el Sistema Penitenciario Nacional reportó 2.416 audiencias y diligencias virtuales entre enero y junio de 2026. Los jueces utilizaron ese dato para argumentar que la virtualidad dejó de ser una herramienta excepcional y pasó a formar parte de la coordinación cotidiana entre los sistemas judicial y penitenciario.
Finalmente, Robles y Rodríguez solicitaron que cualquier cambio se realice de forma gradual y coordinada, y propusieron abrir una mesa de diálogo para analizar los efectos de la decisión y buscar alternativas al cese completo del convenio.
