Una chiripa es algo que sucede por casualidad, por un golpe de suerte, una carambola. Nada de eso hubo en el operativo planeado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público para capturar a Alejandro Arias Monge, alias Diablo, como quiso desacreditarlo con ironía la presidenta de la República, Laura Fernández, en su conferencia de prensa del miércoles anterior.
Un gobernante puede plantear dudas y exigir explicaciones, pero nunca recurrir al escarnio ni a insinuaciones sin pruebas, porque sus palabras tienen consecuencias. En este caso, denigran el arriesgado trabajo de los investigadores, demeritan a los agentes que pusieron el cuerpo frente a las balas y alimentan la narrativa de los delincuentes que, como lo hizo Diablo, pretenden convertir en enemigos públicos a los policías que los persiguen.
Él, en 2020, llegó a ofrecer en redes sociales ¢5 millones por matar a un agente del OIJ. El dinero, escribió, estaba “destinado para la jupa de los investigadores”. Ante semejante amenaza, calificar de “chiripa” su detención y la de Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, así como la muerte de Roney Ríos, Coco Guácimo, constituye una grave falta de prudencia en la más alta autoridad del país.
Para tener una idea del extremo al que llegó Fernández, es necesario reproducir su peor frase: “Pues sí, yo tengo dudas de ese operativo. Es que (dicen) que lo agarraron, que le dieron un balazo, que se murió, que fue una chiripa el operativo, luego que fue un operativo coordinado con la DEA, luego que el muerto no estaba muerto, que andaba de parranda, luego que el balazo, luego que no hubo vela, que no sale muerto en el Registro (Civil). Creo que aquí hay más preguntas que respuestas”.
Diablo no cayó porque el OIJ y el Ministerio Público se tropezaron con él. Su captura requirió días, noches y madrugadas de investigación, inteligencia y vigilancia, además de 50 minutos de combate y unos 2.500 disparos.
También dejó ocho razones humanas para no bromear: ocho agentes heridos, uno de ellos baleado en una pierna, otro alcanzado cuando auxiliaba a un compañero, un tercero lesionado en los ojos y otro mutilado en un dedo.
En el sitio murió Coco Guácimo, después de herir de bala a tres oficiales. Su deceso debe investigarse por haber ocurrido en el marco de un operativo policial, pero jamás tratarse con la burla de que “el muerto no estaba muerto, que andaba de parranda”.
La actitud de Fernández resulta todavía más contradictoria porque ella conoció personalmente el costo humano de la operación. El lunes 27 de julio visitó en el hospital a los agentes heridos; los llamó “compañeros”, los calificó de valientes e hizo un video para decir: “Honor a quien honor merece”. Treinta y seis horas después, desde la Presidencia, intentó deslegitimar el operativo en el cual casi mueren aquellos a quienes poco antes honraba.
Solo ella sabrá el porqué de su radical viraje. Sí está demostrado que desde antes de esa visita, Casa Presidencial ya sembraba sospechas. Con un insidioso “qué raro”, preguntó en redes sociales por qué Diablo había sido llevado a tribunales el lunes en la mañana para una audiencia en la tarde; cuestionaba dónde estaba y con quién conversaba. La respuesta judicial llegó después: la Administración para el Control de Drogas (DEA), de Estados Unidos, había solicitado reunirse con él para comunicarle el interés en extraditarlo y exponerle las pruebas en su contra. Sí, la Presidencia insinuó, no verificó.
El miércoles se repitió el patrón. El gobierno difundió un video para acusar a la Fiscalía de no haber abierto una causa por el ataque contra los agentes. Era falso. El expediente ya existía: Diablo, Tan y otro sospechoso son investigados por ocho tentativas de homicidio e infracciones a la Ley de Armas.
Lo que no tiene respuesta aún es quiénes ayudaron a Diablo a evadir la justicia durante tantos años. En una declaración espontánea, él dijo que recibió colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública. Hasta ahora, Fernández había sostenido –sin presentar pruebas– que el narcotráfico se estaba infiltrando “hasta los tuétanos” en el Poder Judicial. Los acontecimientos cambiaron la dirección de las preguntas. Y el fiscal general, Carlo Díaz, puso otras sobre la mesa: “¿Qué temen (en el gobierno)?” y “¿será que hay miedo de que Diablo hablara con la DEA?”.
La Presidencia, además, nada contracorriente. La Embajada de Estados Unidos destacó la valentía y habilidad de los agentes, mientras la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, que había ofrecido $500.000 por Diablo, celebró su captura.
Laura Fernández aún está a tiempo de rectificar. Debería rodearse de asesores capaces de advertirle sobre las consecuencias de sus palabras y escuchar criterios que construyan, unan y fortalezcan la institucionalidad, en vez de voces que alimenten la confrontación, siembren sospechas y socaven la confianza pública.
Costa Rica necesita un liderazgo que aporte serenidad y soluciones, y que comprenda que la guerra debe librarse contra el narcotráfico, no contra las instituciones ni contra los agentes que arriesgan la vida para combatirlo.