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Si el ordenamiento jurídico exige a toda persona estar al día en las deudas con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para obtener permisos, concesiones o autorizaciones administrativas, con mayor razón debería imponerse ese mismo requisito a quienes aspiran a un cargo de elección popular como el de diputado, cuya responsabilidad es legislar y decidir el rumbo del país. La coherencia democrática exige que el acceso al poder político esté acompañado de un compromiso con la seguridad social y no admite que se les pida menos responsabilidad a quienes pretenden gobernar que a cualquier ciudadano común.
Por esa razón, reclamar que los aspirantes a diputaciones estén al día con la seguridad social debería ser una condición moral mínima que todo candidato presidencial imponga a sus propias papeletas. No hacerlo socava cualquier discurso sobre legalidad, responsabilidad fiscal o defensa de las instituciones. Ningún gobernante puede reclamar cumplimiento a la ciudadanía si acepta excepciones dentro de su propio proyecto político.
El tema cobra relevancia porque el propio presidente de la República, Rodrigo Chaves, sostiene desde setiembre de 2022 –aunque sin lograr demostrarlo– que “la CCSS está quebrada”.
Y, ahora en campaña, la candidata presidencial oficialista, Laura Fernández dijo a Diario Extra que plantea vender el Banco de Costa Rica y Bicsa para generar $2.000 millones con el fin de “capitalizar” la CCSS y el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para acabar, según ella, con la duda sobre el futuro incierto de las pensiones. Aunque ambos discursos parten de la idea de una institución en crisis, pierden coherencia ante lo que sucede en los círculos de Chaves y Fernández.
Nos referimos al caso de José Miguel Villalobos, abogado personal del mandatario y candidato a diputado por el primer lugar de Alajuela en la papeleta de Fernández, quien adeuda más de ¢312 millones a la Caja, según confirmó la Auditoría Interna. Villalobos rechaza el cobro alegando supuestas irregularidades y afirmó públicamente: “Están cobrando cuotas de hace más de 10 años totalmente prescritas y pretenden que se paguen sumas que no se deben pagar y que yo no voy a pagar”. Está en su derecho de impugnar la deuda por las vías legales correspondientes, pero ello no lo exime de la obligación moral y política de aclarar su situación, especialmente cuando la CCSS ni siquiera lograba notificarlo formalmente.
Este martes, Villalobos confirmó que, luego de meses, finalmente fue localizado y notificado por la CCSS. “Hoy (martes 16) llegaron donde vivo siempre, donde he vivido y me notificaron. Posiblemente, estaban notificando en otro lugar, no se trata de que uno se escondiera”, afirmó a Trivisión.
Según el informe de la Auditoría Interna, los intentos de cobro habían quedado reducidos a gestiones electrónicas infructuosas pese a tratarse de una figura pública, notoria y plenamente localizable, ya sea en actos de campaña, audiencias oficiales o en su propio domicilio. Esta incapacidad para ejecutar acciones básicas y proporcionales de cobro revela debilidades serias en los mecanismos de la Caja y plantea interrogantes sobre su capacidad para proteger recursos de naturaleza pública y solidaria. Si la lógica del “no se puede localizar” se generalizara, sí habría razones fundadas para hablar de una quiebra institucional, no por falta de cotizaciones, sino por ineficacia en cobros.
En este contexto, la actitud de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, es inexcusable. Primero, afirmó desconocer la existencia de la millonaria deuda; luego, ante la insistencia periodística de CRHoy, optó por el silencio: “No me voy a referir”. En una institución que administra recursos públicos y solidarios, eludir explicaciones frente a un caso de alto impacto equivale a tolerar la opacidad y a debilitar el deber de rendición de cuentas. Ese silencio envía, además, una señal equivocada a quienes sí cumplen puntualmente con sus obligaciones y esperan –con razón– que la ley se aplique con el mismo rigor para todos, sin excepciones.
Laura Fernández también arrastra otro flanco abierto por Marta Esquivel, aspirante a diputada por el primer lugar de Heredia, porque no está claro si Esquivel devolvió los montos de más que se le pagaron mientras ejercía como presidenta ejecutiva de la CCSS. Desde su nombramiento, se le giraban ¢7.158.848, pese a que el tope establecido en el artículo 42 de la Ley de Salarios de la Administración Pública estipula un máximo de ¢5.565.000. En marzo de 2024, la Junta Directiva ordenó recuperar esos dineros, pero no se conoce el resultado.
Lo que sí es claro es que quien aspire a legislar debe hacerlo con un expediente limpio y sin áreas grises. Los diputados no solo legislan; también representan valores y conductas, definen presupuestos, reforman instituciones y ejercen control político sobre el presidente de la República, los ministros, las presidencias ejecutivas y el conjunto de la Administración. Permitir candidaturas de personas morosas con la seguridad social solo les resta credibilidad y poder de cuestionar.
Por eso, los 20 candidatos presidenciales tienen una responsabilidad ineludible: exigir que todos sus aspirantes a cargos públicos estén al día con la CCSS o, al menos, acrediten formalmente la existencia de un litigio judicial en curso. No hacerlo equivale a tolerar una peligrosa laxitud política frente al cumplimiento de la seguridad social.
