La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acordó ajustar el salario de la presidenta ejecutiva, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como lo indicó la Contraloría General de la República (CGR) desde diciembre.
Además, ordenó recuperar los montos pagados de más a esta funcionaria y rechazar la recusación planteada por Esquivel contra los directores que representan a los trabajadores en la Junta Directiva.
El acuerdo fue votado este miércoles 20 de marzo, confirmó el representante laboral por las cooperativas, José Luis Loría Chaves, ante consulta de La Nación. Sin embargo, aclaró que el acuerdo no quedó en firme, pues al momento de la votación solo había 5 directores y para que adquiera firmeza se requiere la presencia de seis.
La decisión de la Junta Directiva trascendió durante una nueva comparecencia de Esquivel en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos en la Asamblea Legislativa, este jueves. La funcionaria citó el acuerdo, pero dijo desconocer su contenido porque aún no le ha sido notificado, informó a los diputados.
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La legisladora del Frente Amplio, Sofía Guillén, fue quien le consultó directamente si ya había resuelto el tema de sus salarios.
Esquivel explicó que presentó una nota a Recursos Humanos de la CCSS donde le pidió retener cerca de ¢1 millón. Según dijo, la respuesta de Recursos Humanos es que iban a esperar la resolución de Junta Directiva. “(...) hasta donde entiendo, se tomó ayer (miércoles)”, dijo Esquivel sin dar más detalle.
La Nación solicitó, vía correo electrónico, a la oficina de prensa una copia de ese acuerdo. Al cierre de esta nota, todavía no se había recibido una respuesta de la institución.
Alerta de Contraloría
El 20 de diciembre anterior, la Contraloría alertó a la Junta Directiva de la CCSS que Marta Eugenia Esquivel devengaba un salario de ¢7 millones mensuales de forma ilegal, por lo cual debía ajustar la remuneración y recuperar lo pagado de más.
El 29 de febrero, Esquivel aseguró, por primera vez, haber solicitado a Recursos Humanos de la institución la retención de las sumas pagadas de más en su salario. De acuerdo con sus cálculos, la suma que recibió en exceso es de poco más de ¢1 millón.
Esta información también fue conocida en el seno de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos.
La normativa señala que el tope salarial es el equivalente a 20 salarios base de la categoría más baja de la escala de sueldos, es decir, no puede ser mayor a ¢5,5 millones mensuales.
Desde que la Contraloría alertó de la situación, han intervenido, entre otros, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), que dio la razón a la Contraloría.
Además, un criterio de la Dirección Jurídica de la Caja, del 18 de enero anterior, recomendó a la Junta Directiva declarar “inadmisible” la recusación planteada por Marta Esquivel contra tres directivos.
La propuesta de acuerdo del equipo de la Dirección Jurídica establecía que se debía declarar inadmisible la recusación presentada por Esquivel contra los directivos Martha Elena Rodríguez González, José Luis Loría Chaves y Maritza Jiménez Aguilar, quienes representan al bloque laboral.
El criterio jurídico afirma que Marta Esquivel presentó la recusación de forma extemporánea y se planteó contra una conducta que es de mera ejecución al tratarse de una orden de la Contraloría. Además, señala que la funcionaria aportó prueba genérica y no de forma individualizada para fundamentar su solicitud.