EscucharEl Ejecutivo utiliza el fallo a favor de los directivos removidos de sus puestos en la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social como estrategia populista para socavar la credibilidad de la Sala Constitucional.
Este artificio es empleado frecuentemente por el gobierno para desacreditar también al resto de los órganos del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y los medios de comunicación independientes. Incluso Pilar Cisneros echó mano de esta táctica durante las elecciones contra el Tribunal Supremo de Elecciones, aunque después dijo haber “cometido un error”.
Frente a esa estrategia, es fundamental redoblar esfuerzos para analizar los hechos antes de caer en la trampa de la técnica populista, tan perjudicial para la democracia y originadora de mayor pobreza en los países donde sucumbieron a este flagelo. En Argentina, por ejemplo, —donde el peronismo lleva casi 80 años de predominio—, el índice alcanza casi el 43,4 %.
Para formarse mejor criterio, comparemos el actuar del mandatario en relación con el aumento salarial aprobado por el Instituto Nacional de Seguros (INS) mientras en la CCSS aplicaban el de ellos. Los hechos hablan por sí solos.
Los hechos
Ciertamente, el aumento autorizado por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es absolutamente irracional por varias razones, principalmente, porque el Seguro Social atraviesa una crisis agravada por el mal manejo de los fondos entregados mes tras mes por trabajadores, patronos y, en teoría, el Estado.
Las inhumanas listas de espera son producto de tantos años de malas prácticas administrativas y actos de corrupción, dados a conocer por medios como La Nación. Además, según un estudio de la Dirección Actuarial de la CCSS, el aumento salarial iba a acentuar negativamente la magnitud de los déficits del Seguro Social.
Aunque nos indigna la actuación de la mayoría de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, el Consejo de Gobierno no debe actuar como si las leyes en Costa Rica fueran meros trozos de papel.
Cuando esto ocurre en un país, ningún ciudadano vuelve a dormir tranquilo si quienes gobiernan tienen delirios y ven enemigos en todas partes (como pasa ya en Costa Rica) o amigotes a quienes beneficiar, quitando a unos para dar a otros sin ofrecer razones (como pasa ya en Costa Rica).
El abuso del poder es un elemento intrínseco en la fórmula populista. Se caracteriza, asimismo, por la estridencia utilizada para persuadir a las personas de que se está trabajando, tomando decisiones y logrando mejoras. Además, se emplean los recursos públicos para proyectar una imagen de “hombre fuerte” y se vale de falacias para aparentar defensa en favor del pueblo, recurriendo a términos populistas como “la señora de Purral”.
El fallo de la Sala
La Sala declaró inconstitucional la remoción de los directivos, ordenada por el Consejo de Gobierno, porque fue anterior al inicio del procedimiento administrativo y porque la ley constitutiva de la institución otorga a los miembros de la Junta independencia y garantía de inamovilidad en el ejercicio de sus cargos, de tal forma que puedan ejercer sus funciones sin presiones externas.
Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS —manifiestan los magistrados en el resumen— sí pueden ser separados de sus puestos, pero hasta la declaración de alguna responsabilidad legal en su contra o si incurren en algunos de los supuestos previstos en la ley, a saber, ausencia del país durante más de tres meses sin autorización de la Junta, o con ella por más de un año; faltar a seis sesiones ordinarias consecutivas sin causa justificada, a juicio de la Junta; infringir o consentir infracciones a la ley del Seguro Social; por incapacidad física o moral, no haber podido desempeñar sus funciones durante un año; o por renuncia al cargo o incapacidad legalmente otorgada.
El presidente, Rodrigo Chaves, contrario a las normas del derecho, muestra una actitud de querer acelerar los procedimientos, lo cual tiene un impacto negativo en la justicia y los derechos fundamentales.
Se denomina efectismo, y es otra característica del populista querer tratar de causar un efecto para impresionar fuertemente el ánimo de los costarricenses a fin de llevarlos al extremo de volverse contra la institucionalidad sobre la cual descansan sus propias libertades. Hoy vienen por el vecino, mañana podría ser usted.
El debido proceso, tan denostado por el mandatario, lejos de ser un capricho “constituye un verdadero ideal de justicia, es parte del derecho constitucional natural, al cual se encuentra ligada toda sociedad”. Conlleva “el derecho de defensa, el derecho de ser oído, el derecho a que se abra un expediente administrativo en el cual (la persona) pueda ofrecer las pruebas de cargo o descargo, derecho a la notificación con el plazo necesario para impugnar los actos que se den contrarios a sus derechos” (resolución de la Sala Constitucional 2387-C-91 del 13 de noviembre de 1991).
Incoherencia del populista
Si el mandatario Chaves fuera coherente, su concepto de lucha a favor del cambio para mejorar la sociedad se reflejaría en sus actuaciones por entero, pero lamentablemente no es así, y los hechos lo demuestran.
La Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) también aprobó un aumento salarial retroactivo para sus funcionarios sin realizar el estudio técnico de mercado exigido en el artículo 44 de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hasta la fecha, las actas y lo actuado en el INS se mantienen ocultos, contra el principio de rendición de cuentas y transparencia prometido por Chaves durante la campaña.
Willy Carvajal Carvajal y Alejandro Elizondo Castillo, quienes son representantes del gobierno en la Junta Directiva —nombrados en esta administración—, se condujeron rectamente al cuestionar el incremento salarial, al criticar el contrato de $44,6 millones otorgado a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) para la actualización de los sistemas informáticos y al votar en contra de la declaratoria de confidencialidad de la información relativa al alza y el contrato con la Unops, agencia, por lo demás, reacia a pagar las cuotas obrero-patronales, aunque las incluye en los costos de construcción de obras viales.
En lugar de dar una medalla a Carvajal y Elizondo por ser jerarcas honestos, y despedir a la presidenta ejecutiva, como hizo con Álvaro Ramos de la CCSS, Chaves acuerpa la persecución contra Carvajal y Elizondo. Ambos son objeto de investigaciones administrativas con el propósito de sancionarlos o destituirlos.
Pero el INS fue más allá en su obsesión de perseguir: ordenó a expertos en informática de la empresa GBM Costa Rica la revisión de las computadoras asignadas a los miembros de la Junta Directiva para determinar si alguno de ellos filtró el acta de la sesión en la cual se discutió y aprobó el aumento salarial retroactivo.
¿Cuál es la diferencia? Es más fácil engañar a la gente cuando se trata de la CCSS que del INS, pues la primera es muy “taquillera”, por su condición de imprescindible, y el segundo, si desapareciera o se vendiera, nada pasaría, la vida seguiría igual.
Al explorar el fenómeno, Paul Taggart en el libro Populism and the Pathology of Representative Democracy destaca que los populistas suelen tener más claro a qué se oponen, pero no a favor de qué están.
gmora@nacion.com
La autora es editora de Opinión de La Nación.
