Luego de meses de negociaciones y tropiezos, el Instituto Nacional de Seguros (INS) comunicó que no insistirá en contratar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para la adquisición e implementación de nuevos sistemas informáticos.
“La decisión se toma tras la ausencia de respuesta por parte de la oficina de Naciones Unidas de los compromisos que debían suscribirse para dar cumplimiento a lo requerido por el órgano contralor”, informó el INS en un boletín de prensa, este 14 de febrero.
En octubre, La Nación dio a conocer que la aseguradora estatal preparaba en secreto, un contrato por $44,6 millones para que UNOPS se encargara de subcontratar el diseño, compra e implementación de las plataformas tecnológicas requeridas. Como parte del proceso, la Junta Directiva declaró confidenciales las actas de las sesiones en las que se discutió y aprobó el proyecto.
Igualmente, el INS intentó que la Contraloría General de la República (CGR) avalara esa condición de confidencialidad y que no se revelaran los detalles del acuerdo. Sin embargo, el 23 de diciembre de 2022, el órgano contralor rechazó la petición por considerar que atentaba contra la transparencia.
INS, fachada El INS, entidad con más de 2.000 trabajadores, intenta modernizar sus plataformas tecnológicas desde 2015. Sin embargo, no lo ha logrado. (Rafael Pacheco Granados)
La División de Contratación Administrativa de esa entidad, reprochó al INS no haber incluido en el contrato una cláusula que garantizara el acceso a toda la información necesaria para que los organismos de control estatales realizaran su trabajo.
“Es criterio de este despacho que toda contratación que involucre la inversión de fondos públicos debe garantizar y reconocer las potestades de fiscalización”, declaró Roberto Rodríguez Araica, gerente de la División de Contratación Administrativa en el oficio DCA-3250, dirigido a José Arévalo Ascencio, subgerente de Transformación Digital del INS.
Este diario obtuvo una copia del contrato que ambas entidades pretendían formalizar. De acuerdo con el documento, UNOPS se encargaría de hacer el diagnóstico de necesidades, desarrollar las licitaciones para el diseño y compra de las plataformas tecnológicas y de implementarlas en un plazo de 56 meses (4,6 años). De los $44,6 millones (¢25.800 millones al tipo de cambio del 14 de febrero), $4,5 millones (¢2.600 millones) iban para pagar los servicios de la agencia de la ONU, lo que equivale a un 10% del presupuesto total.
De esos $4,5 millones que pedía UNOPS para ejecutar las tareas, $2,4 millones eran para cancelar salarios de su personal, $1,1 millones para “gastos indirectos de operaciones” y $800.000 se incluían para “gastos de soporte nacional e internacional”.
Además, exigían $245.000 para “costos de operación UNOPS” relacionados con viajes, viáticos, gastos de misiones internacionales, talleres, comunicación y materiales, entre otros y $140.000 para comunicación del proyecto.
Desde que se dio a conocer la intención del INS de firmar con UNOPS, Arévalo no ha aceptado entrevistas sobre este tema.
¿Qué pasará?
Copiado!
Según un comunicado de prensa, el INS optará por un mecanismos de contratación pública con garantías de transparencia y gestionado a través del Sistema Integrados de Compras Públicas (SICOP).
Ese proceso iniciará este miércoles con una audiencia pública que se realizará en el Museo de Jade a las 9 a. m. en la que podrán participar las empresas interesadas.
El plan para modernizar las plataformas tecnológicas del INS no es nada nuevo. Desde 2015 registran varios intentos para actualizar sus sistemas, integrar procesos y dar trazabilidad a procedimientos, pero no han concretado el objetivo.
El último intento fallido ocurrió en diciembre de 2021, cuando el INS tuvo que suspender la adjudicación del proyecto a la empresa UST Equipo Consorcio por aparentes irregularidades en la firma de una declaración jurada de su abogado, Christian Garnier Fernández, quien es esposo de la exlegisladora del Partido Liberación Nacional, Karine Niño y, según publicó el Diario Extra, en 2021, omitieron comunicar esa relación a la hora de concursar por la contratación, lo que aparentemente violentaba el régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa.
