Juan Diego Córdoba González. 27 marzo
Mayoría de trabajadores afectados por medidas para mitigar impacto económico de las empresas son de los sectores comercio y servicios, principalmente turismo. Fotografía: Alonso Tenorio
Mayoría de trabajadores afectados por medidas para mitigar impacto económico de las empresas son de los sectores comercio y servicios, principalmente turismo. Fotografía: Alonso Tenorio

Al término de la segunda semana de la emergencia nacional por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) avaló la suspensión temporal de 140 empleos, pertenecientes a 14 empresas de comercio y servicios.

Dichos trabajadores dejarán de recibir salario hasta que la empresa se reactive, lo que a su vez dependerá de cuándo se supere la emergencia por la pandemia de covid-19, nuevo virus respiratorio que haste este viernes había contagiado a 263 personas en el país.

Esas son las primeras aprobaciones de suspensión de contratos laborales que firmó la Dirección de Inspección del Trabajo, a raíz de las afectaciones económicas que enfrentan patronos y empresarios, producto de las medidas sanitarias para combatir la enfermedad en Costa Rica.

En esa misma oficina hacen fila peticiones de otros 595 empresas para suspender temporalmente los contratos y salarios de 8.911 trabajadores, principalmente de San José, Alajuela y Guanacaste.

Además, el Ministerio de Trabajo rechazó la gestión de dos empresas con 67 trabajadores en total, porque no cumplían los requisitos.

Entre las condiciones señaladas en el reglamento se encuentran estar al día con el pago de las cargas sociales, así como demostrar que enfrenta situaciones adversas que le impiden continuar con su operación.

Uno de los sectores más golpeados por esta medida es el turismo, pues se impidió el ingreso de extranjeros durante 26 días, desde el pasado 18 de marzo.

También se pidió a los nacionales no salir de sus casas, por lo que la mayoría de hoteles ya están cerrados. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) declaró estado de calamidad en ese sector.

Más de 200.000 trabajadores de la industria turística se exponen a despidos, suspensiones de contratos u otras condiciones. También se reporta el cierre de unos 8.000 restaurantes en el país.

Empero, en las estadísticas compartidas por Trabajo no se mira ese sector, pues esos negocios están calificados entre comercio y servicios, según sea el caso.

Reducción de jornadas

Producto de la caída de ingresos, a raíz de la alerta sanitaria, otros 257 patronos solicitaron aprobación para reducir la jornada y los salarios de sus 4.839 trabajadores hasta en un 75%.

La nueva ley que habilita esa opción en caso de emergencia nacional, permite recortar hasta en un 50% la jornada de los trabajadores cuando los ingresos del negocio se vean reducidos en más de un 20%.

También permite la disminución de las horas de trabajo hasta por un 75%, en el caso de que la caída en los ingresos del negocio alcance un 60% o más.

Ninguna de esas solicitudes ha sido aprobada.

Este viernes, el presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció que presentará un plan de financiamiento al Congreso para otorgar subsidios hasta de ¢200.000 mensuales por tres meses, a unas 375.000 familias afectadas económicamente por la emergencia.

La prioridad, según detalló el mandatario, es beneficiar a las familias en pobreza desatendidas, y a aquellas que tengan dificultad para hacerle frente a la alerta sanitaria debido a las uspensiones de contratos o reducción de jornadas laborales.

“Vivimos un tiempo extraordinario, y frente a ello, necesitamos tomar medidas extraordinarias para proteger a la población. Así como la estamos protegiendo desde un punto de vista de salud, también debemos protegerla desde un punto de vista de sus ingresos, ser solidarios con estos costarricenses que ven afectada su situación económica”, señaló el mandatario.

Esos subsidios se financiarían con un presupuesto extraordinario por ¢225.000 millones, el cual se nutriría de un reacomodo de partidas por ¢100.000 millones en el Presupuesto de la República, así como un impuesto flotante a los combustibles para mantener el precio actual al consumidor, pese a que el precio internacional continúa cayendo.

Por otra parte también se trabaja en un impuesto progresivo temporal a los salarios superiores al ¢1,1 millón mensual, el cual todavía continúa en análisis por parte del equipo económico del Gobierno.