Luego de que la Sala Constitucional confirmara la posibilidad de Japdeva de proceder con los despidos de la mayoría de trabajadores sin necesidad de estudios técnicos, el Sindicato de la empresa portuaria hizo un recordatorio.
Sintrajap alega que la convención colectiva renegociada en 2016, le abre un espacio a esa organización para participar en la toma de decisiones sobre los despidos y los cambios que se van a implementar en la entidad portuaria.
La respuesta que dio la Sala IV a la consulta de un grupo de diputados sobre el proyecto de ley de reestructuración de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), señala que la mayoría de empleados pertenecen al “régimen de derecho común”, por lo que solo se tiene que asegurar que su separación sea con responsabilidad patronal y apegada a la ley y a la convención colectiva.
Es a este último señalamiento que se aferran los sindicalistas para adelantar que exigirán a la Junta Directiva de Japdeva estudios técnicos que demuestren la necesidad de hacer cualquier despido, aunque la Sala aclaró que ese requisito debe ser solo para funcionarios de clase gerencial, que están bajo régimen de servicio público.
“Tienen que demostrarnos con estudios técnicos cuál sería la nueva estructura, cómo operaría, porque Japdeva tiene que continuar brindando servicios portuarios. Ahí nosotros exigiríamos que se haga el estudio técnico que demuestre por qué una persona sí, por qué esta no, o qué departamento debe continuar y cuáles no... entraríamos en esta discusión evidentemente”, afirmó Leroy Pérez, secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
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Para reclamar ese diálogo interno, el sindicalista se ampara en el transitorio II de la convención colectiva.
En este, Japdeva se compromete a permitir la participación de Sintrajap “con el propósito de vigilar que su puesta en marcha sea realizada con apego a la justicia, la legalidad, la imparcialidad y la equidad, respetando los derechos de los trabajadores”.
La empresa portuaria requiere desprenderse del 80% de su planilla para buscar su equilibrio financiero y buscar un nuevo rumbo de negocios, luego de quedarse sin la mayor parte de la carga por la entrada en funcionamiento del megapuerto de la empresa APM Terminals.
“No podemos permitir que nos despidan absolutamente a nadie sin haber mostrado la razón y que no tienen de otra, o sea, que no hay alternativas. Nosotros creemos que hay muchas alternativas para evitar que esto pase antes de tener que recurrir a esto (despidos) como última instancia”, añadió Pérez.
Los estudios
Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de la Junta, aseguró que sí hay estudios técnicos en elaboración, aunque no hay fecha para presentarlos.
“Estamos claros de que este proceso debe hacerse apegado al sustento técnico. La reestructuración no es un tema nuevo en la organización, se registran al menos cinco análisis previos realizados en los que se señalaba la necesidad de atender procesos, duplicidades y el peso de la planilla en el modelo financiero”, expresó.
En marzo, dijo, se presentó una propuesta, pero la reestructuración se estimó con una disminución del 23% de la carga, cuando la realidad es que el muelle público dejó de recibir un 80%.
“Los señores del sindicato tienen el estudio en mención desde hace tres meses y el Consejo Director les ha pedido en distintas ocasiones sus impresiones al respecto, planteado con claridad que es la base de la que se parte”, señaló la jerarca.
La iniciativa de ley establece un mes de tiempo para que los trabajadores opten por alguna de las tres vías para finiquitar su contrato: traslado horizontal a otra institución pública, aceptar el despido con bonos de hasta ocho salarios, o acogerse a la prejubilación en el caso de mayores de 55 años.
A votación
Según anunció el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides, este lunes sesionarán de forma especial en la mañana para discutir en segundo debate el plan.
Los sindicalistas afirmaron no tener herramientas para evitar que se apruebe la iniciativa..
“Nosotros no creemos que vamos a poder impedir que la Asamblea lo vote, es una potestad que tiene y con eso no nos vamos a meter. Sí esperamos que cuando discutan, se tome en consideración lo que estableció la Sala en su voto y que se contemplen las indicaciones que están dando para que no caigan en una inconstitucionalidad”, afirmó Leroy Pérez.
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