Juan Diego Córdoba. 18 septiembre
17/5/19 Así lucía el día de hoy el puerto de Moín administrado por Japdeva. Foto Jorge Castillo
17/5/19 Así lucía el día de hoy el puerto de Moín administrado por Japdeva. Foto Jorge Castillo

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios dieron aval a un presupuesto extraordinario de ¢17.897 millones que permitiría la liquidación de hasta el 80% del personal de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

Los recursos permitirían ejecutar el proyecto de ley con el que intentan reordenar la entidad portuaria, luego de que se quedara sin el 79% de la carga, la cual fue asumida por la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

El proyecto fue aprobado el 28 de agosto y está en revisión por parte de la Sala Constitucional, ante pedido de los diputados de Restauración Nacional y Frente Amplio.

Ahora, el plan de presupuesto extraordinario deberá votarse en plenario legislativo.

De ese presupuesto, ¢16.237 millones se destinarían al pago de liquidaciones de los empleados no necesarios que no se acojan al traslado horizontal a otras instituciones públicas. Esos trabajadores recibirían sus prestaciones y bonificaciones por hasta ocho salarios como beneficio.

Los otros ¢1.660 millones corresponden al pago de prejubilaciones para los funcionarios mayores de 55 años.

Se trata de 277 trabajadores que recibirían un subsidio del 63% del salario promedio, calculado con los mejores 12 salarios de los últimos cinco años, hasta que cumplan las cuotas necesarias para pensionarse por el régimen definitivo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El proyecto de ley y el dictamen del presupuesto se dieron pese a las advertencias del director nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora, quien señaló a los diputados que este régimen de prejubilaciones sería el más caro que financia el Estado hasta el momento.

“Este es el régimen prejubilatorio más caro que tendríamos. En promedio los regímenes de Incop (Instituto de Puertos del Pacífico) e Incofer (Instituto Costarricense de Ferrocarriles) cuestan ¢400.000 mensuales, este el promedio sería de ¢1,2 millones”, señaló Mora.

Aunque el presupuesto extraordinario contempla la subpartida de prejubilaciones, ese monto de ¢1.660 millones solo cubre el primer año, pues al cabo de 10 años –tiempo en que los 277 empleados tardarían en pensionarse– el Estado desembolsaría ¢17.000 millones.

El régimen de prejubilaciones de Japdeva es con cargo al presupuesto nacional, es decir, el Ministerio de Hacienda deberá contemplarlo dentro de los gastos del Gobierno todos los años.

En julio, los diputados aprobaron una parte del presupuesto extraordinario solicitado por el Poder Ejecutivo para la entidad portuaria. En ese momento se aprobaron ¢5.753 millones para que Japdeva pudiera pagar los salarios de los tres meses siguientes.

"Hay que partir del hecho de que en un primer momento el Gobierno establecía tres rubros: reestructuración (liquidaciones y bonos), prejubilaciones y cumplimiento de remuneraciones. La Comisión siendo consecuente con el principio de legalidad únicamente había aprobado el rubro de los ¢5.753 millones y habían quedado dos pendientes que quedaban supeditados al proyecto de ley para reestructurar Japdeva.

“Una vez que pasó el primer debate, lógicamente estos rubros que manda el Gobierno a través de la sexta modificación del Presupuesto Nacional son los que buscan darle respuesta al proyecto aprobado por la mayoría de los diputados”, afirmó Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios.

El plan elaborado por el Gobierno para rescatar Japdeva, le costará al Estado casi ¢40.000 millones, si se contempla los tres rubros: recursos para el pago de tres meses de planilla, liquidaciones con bonificaciones especiales y prejubilaciones.

El proyecto de ley permite a otras instituciones públicas a trasladar sus superávit a la Junta para que ejecute el plan de rescate.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Steven Núñez, afirmó que todos los trabajadores no necesarios de la entidad portuaria podrían trasladarse a otras instituciones públicas y así evitar su despido.