La renovación sin límite de concesiones de autobús genera monopolios en la prestación de ese servicio público y limita el ingreso de nuevos proveedores, situación que aleja a los usuarios de mejores condiciones de calidad y precio.
A esas conclusiones llega un estudio divulgado este jueves por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), órgano adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a pedido de la Defensoría de los Habitantes.
Mediante una concesión, el Gobierno otorga en exclusiva la prestación de este servicio a una empresa en una o más rutas, según la legislación vigente. El otorgamiento viene luego de una licitación pública por un plazo de siete años la cual puede ser renovada.
Sin embargo, la Comisión detectó que la Ley Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, Ley N°3503, presenta un vacío “muy importante” cuando toca hacer una renovación, ya que no fija un límite al número de renovaciones de una misma concesión.
A menos que los concesionarios renuncien o abandonen la concesión, estos pueden perpetuarse indica la investigación. En la actualidad, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) está renovando más de 200 concesiones de líneas de autobús que vencerían en el año 2028.
El estudio evidenció que tanto en el año 2007, como en el 2014, se renovaron decenas de esas concesiones, las cuales otra vez se pretenden renovar sin mediar una nueva licitación pública. Si esto ocurre, advirtió la entidad, diversos concesionarios acumularán en dicha condición de exclusividad al menos 28 años.
“El concesionario (original o sus sucesores) podrá perdurar de manera indefinida, sin ser sometido a ningún nuevo proceso de concurso público, en donde nuevos y potenciales oferentes podrían ser o representar una mejor opción para el interés público”, denuncia el análisis.
“Esa condición de perpetuidad y carácter exclusivo” de los transportistas, asegura Coprocom, “no se comparte en lo absoluto y se estima lesiva respecto al principio constitucional en el ordinal 46 de la Carta Magna”.
Precisamente, este mes vencen los contratos vigentes, por lo que en octubre el Consejo de Transporte Público (CTP) deberá dar a conocer si se renuevan o no.
Falta de competencia
Ese principio constitucional, detalla el estudio, consiste en una prohibición expresa a la existencia de monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, entre otros.
La Comisión comparte en el documento las tesis y justificantes expuestas por el Consejo de Transporte Público y el propio MOPT de la importancia de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de transporte público para los usuarios y la seguridad jurídica para los operadores. Sin embargo, declara que la prohibición constitucional del numeral 46, debe ser acatada y en nombre del interés público en la prestación del servicio.
El estudio propone tanto al MOPT como al CTP promover una más amplia y completa participación de oferentes para mejorar la calidad del servicio. Sin embargo, la Comisión propone un cambio adicional a nivel legislativo.
Como a su criterio hay un vacío legal, para la Comisión debe introducirse desde el Congreso una reforma que fije un límite, dice el documento, “preciso y razonable a tales renovaciones sucesivas y la necesidad del correspondiente procedimiento de licitación pública al que hace referencia la ley y la constitución”.
Con la sugerencia se busca atizar la competencia y libre concurrencia de nuevos proveedores. Además, la entidad añade que la falta de competencia en el otorgamiento de quién presta servicio público se agrava por fusiones (el estudio nos las precisa) que se han realizado entre empresas concesionarias, algunas, presuntamente, al margen del ente regulador.
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La Coprocom está a la espera de información proveniente del MOPT para pronunciarse al respecto.
No obstante, sí alerta que la actual renovación de concesiones plantea una oportunidad para que el MOPT, el CTP y la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) verifiquen si con la realización de tales concentraciones empresariales se sobrepasa el límite de concesiones que puede tener un concesionario de acuerdo con la ley.
En ese sentido, la Comisión recomendó a estas autoridades implementar acciones para fijar límite a las renovaciones sucesivas de concesiones y encaminar procesos de licitación pública en los que potenciales entrantes puedan participar.
La Nación consultó al CTP sus acciones ante los hallazgos del estudio, pero no hubo ningún pronunciamiento hasta avanzada la tarde de este jueves.