En su mensaje, afirma que la negociación entre la Refinadora Costarricense de Petróleo y los representantes laborales no ha terminado, pero el acuerdo al que se llegue debe estar apegado a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), aprobada en diciembre de 2018.

“Lo que se acuerde debe hacerse público cuanto antes. Como ha sido nuestra polítcia, debe demostrarse que fue negociada a la baja”, añadió.

Sus manifestaciones contrastan parcialmente con lo dicho unas horas antes a La Nación, Alejandro Muñoz Villalobos, presidente ejecutivo de la empresa pública.

Muñoz aseguró que el nuevo acuerdo respeta la regla fiscal establecida por ley 9635, sin embargo, adelantó que no se darán a conocer detalles hasta que sea revisada y sometida a ajustes con la Comisión de Políticas para la Negociación de Convenciones Colectivas en el Sector Público, que integran los ministerios de Presidencia, Hacienda y Trabajo.

“Se firma, pero luego se envía al Ministerio de Trabajo para su estudio, verificación y que se cumpla la ley de reforma fiscal, los aspectos legales y para cualquier adecuación o modificación que nos manden”, explicó Muñoz.

Muñoz enfatizó que, al margen de la firma entre las partes, “no quiere decir que sea la convención final porque faltan esas posibles modificaciones”.

El presidente de Recope insistió en que la Administración buscó mitigar el gasto.

“No podría entrar en detalles de lo negociado, pero en el proyecto de convención se ha respetado integralmente la ley de reforma fiscal, fallos constitucionales en contra de artículos cuestionados de la convención y nosotros mismos hemos negociado a la baja. Puedo decir que más bien estoy satisfecho con los logros”, expresó.

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Desde el comienzo de la negociación, el año pasado, el proceso ha sido manejado con secreto, según Muñoz, por las “sensibilidades” que despierta.

“Por la relevancia de la negociación de esta convención, que usted sabe bien, están los ojos de todo el mundo sobre esto, decidimos por mutuo acuerdo, no revelar nada hasta culminar el proceso. Esta negociación despierta muchas sensibilidades y no queremos que se complique si se comienza a especular sobre resultados”, dijo en octubre pasado.

Excesos pasados

La noticia de la firma llega en momentos en que se da a conocer que el presupuesto de 14 entidades descentralizadas, entre ellas Recope, crecerá, en promedio, un 3% entre los años 2022 y 2024.

En el caso de la Refinadora, por ejemplo, sus gastos subirían de ¢1,2 billones en 2021 a ¢1,6 billones en el 2024, conforme estimaciones conocidas y aprobadas por la Junta Directiva de esa institución.

El costo de la convención de la Refinadora es cercano a los ¢20.000 millones.

El 3 de febrero del 2020, la Sala Constitucional eliminó un plus que recibían unos 1.300 trabajadores de Recope no profesionales y que le costó a los usuarios de hidrocarburos unos ¢2.222 millones en los últimos años.

Ese plus implicaba un aumento anual de entre 3% y 5% sobre el salario base.

El pacto laboral de Recope venció en junio del 2019, tres semanas después de que la Sala Constitucional también anulara once sobresueldos de esa convención colectiva porque se apartaban de principios de razonabilidad y proporcionalidad.

Entre aquellos excesos declarados inconstitucionales el 23 de mayo del 2019, resaltan el tope de auxilio de cesantía, superior al límite máximo de 12 años; subsidios en alimentación y permisos de dos días con goce salarial por el matrimonio de un hijo; entre otros.

Aquella convención fijaba la cesantía en 20 años, pero anteriormente, la misma convención establecía hasta 24 años.

Desde el 22 de mayo del 2019, un día antes de que trascendiera fallo de la Sala Constitucional, Recope informó de que había denunciado la convención colectiva ante Sitrapequia, como primer paso para renegociar disposiciones en el acuerdo obrero-patronal, y cuando ya la empresa había sido notificada de la resolución del tribunal constitucional.

La denuncia de la convención se remitió a revisión en el Ministerio de Trabajo y allí se mantuvo hasta diciembre del 2019; explicó Muñoz, este lunes.

“Luego se revisaron las observaciones que se nos hicieron e iniciamos la negociación en febrero de 2020, exceptuando el mes de abril y parte de mayo, por las disposiciones de las autoridades de salud con respecto a la pandemia”, añadió.

Las conversaciones con Sitrapequia se retomaron a finales de mayo y continuaron hasta enero.

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Tiempo extra

Aparte de los beneficios en la convención colectiva, Recope paga a su personal horas extra –diurnas y nocturnas–, que anualmente equivalen al menos al 30% de su desembolso por salarios para cargos fijos (sueldos base por jornadas ordinarias).

Esa conducta se mantiene constante desde hace 10 años, al punto de que, por año, nunca ha dejado de pagar menos de ¢3.000 millones en tiempo extraordinario a sus 1.700 trabajadores.

Esto ocurre pese a que el mismo Código de Trabajo dicta que la jornada extraordinaria de trabajo no puede ser permanente, pues las horas extra se consideran excepcionales debido a una necesidad de la empresa.

Sin embargo, lo excepcional se convirtió en regla en Recope, pues el gasto en horas adicionales es el mismo desde el 2010, revelan los informes de ejecución presupuestaria entregados por Recope a la Contraloría General de la República (CGR).

Según un análisis realizado por La Nación en las cifras del 2010 al 2019, hubo años en que las erogaciones por ese sobresueldo, pese a lo excepcional, llegaron a superar el 30%.