El presupuesto de 14 entidades descentralizadas, entre las que se encuentra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) crecerá, en promedio, un 3% entre los años 2022 y 2024.

A esa conclusión llegó Contraloría General de la República (CGR) luego de analizar los presupuestos plurianuales presentados por estas instituciones.

“Este resultado se obtiene al analizar la información plurianual presentada para el periodo 2022-2024 por las principales 14 instituciones del sector descentralizado”, detalló un informe publicado por el ente contralor.

Esas entidades son catalogadas por la CRG como principales, porque absorben el 85% del presupuesto global del sector descentralizado, el cual está compuesto, entre otros, por las municipalidades, las empresas públicas estatales y las entidades financieras, las cuales tienen autonomía del Gobierno Central.

En esa lista de 14 instituciones sobresale la CCSS, cuyo plan de gastos para el 2021 asciende a los ¢4,8 billones (millones de millones).

Y si esa cifra aumenta, en promedio un 3%, para el 2024 su presupuesto crecerá en ¢145.400 millones.

También resalta Recope, cuyos gastos ascenderían de ¢1,2 billones, en 2021, a ¢1,6 billones, en 2024, según las estimaciones, conocidas y aprobadas, por la junta directiva de esa institución.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) también compone el grupo y en su caso, el crecimiento estimado sería de ¢5.900 millones en los próximos tres años, tomando en cuenta que para este año, su plan de gastos aprobado fue de ¢342.106 millones.

La Junta de Protección Social (JPS), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Banco Nacional, son otras de las instituciones analizadas por el órgano contralor.

Esas 14 entidades debieron presentar sus planes de gastos plurianuales, como un requisito indispensable para que la CGR les aprobara el presupuesto de este año.

Para realizar esas proyecciones, consideraron varios supuestos, como la coyuntura nacional actual, el crecimiento de la economía estimado por el Central y el comportamiento histórico de subpartidas de ingresos y gastos de cada institución.

“Producto de este proceso y en razón del incumplimiento de lo solicitado, la Contraloría General improbó el presupuesto inicial 2021 de cinco instituciones por un monto total de ¢19.407 millones”, indicó el ente contralor.

Entre las cinco entidades a las que se les rechazó el presupuesto, por incumplir ese requisito, se encuentran las municipalidades de Pérez Zeledón y Grecia, las cuales habían presentado planes de gastos por ¢12.131 millones y ¢6.349 millones, respectivamente.

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Gasto arriesga inversión pública

La Contraloría también detectó que estos presupuestos plurianuales prevén eventuales aumentos del 5% en el gasto corriente (salarios, transferencias, servicios e intereses), para el 2024, situación que, según el órgano contralor, pondría sobre la cuerda floja a la inversión pública.

“Otro aspecto importante radica en la variación del gasto corriente, que las instituciones proyectan aumente en un 0,6% durante el periodo 2021-2022. Para 2022 y 2023, estiman que el crecimiento supere el 5%”, alertó la CGR.

El análisis resaltó que de realizarse “una variación de esta magnitud (5%) en el gasto corriente, podría constituir un factor limitante del crecimiento correspondiente a gasto de capital, lo que podría afectar los niveles de inversión pública”.

En cuanto a la composición de los ingresos, las estimaciones sostienen que los ingresos corrientes aumentarían, pues podrían pasar de un 79,3% de los presupuestos iniciales de 2021 a un 81,5% en 2024.

Esto se deriva de que, en conjunto, las 14 instituciones seleccionadas, estiman un crecimiento de 12,3% al comparar los ingresos corrientes presupuestados en 2024 respecto a los de 2021.

Sin embargo, no se visualizó un aumento en el uso de los ingresos de capital o de los recursos por financiamiento.

Al respecto, la Contraloría recordó que la evolución estimada de dichos ingresos es contraria a la experimentada en 2020, cuando se observó un aumento en el uso de los recursos de financiamiento por la caída de los ingresos producida por las pandemia de la covid-19.

“Las estimaciones de gastos e ingresos de las instituciones seleccionadas presentan en su conjunto una perspectiva creciente moderada, donde se espera una recuperación en sus ingresos corrientes y en los gastos asociados a estos”, agregó el informe.

El órgano contralor también recordó que debe considerarse que las proyecciones están sujetas a ajustes provocados por el “inestable contexto actual, que hace más vulnerables las previsiones y prioridades del presupuesto”.

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