El Banco Nacional (BN) previó para el 2021 un aumento salarial del 3% para sus funcionarios por el pago de anualidades.
Dicho incremento fue incluido en el presupuesto anual que la entidad remitió a la Contraloría General de la República (CGR) para su aprobación.
“El Banco concederá a todos los funcionarios un aumento de sueldos equivalente a un 3% del salario básico de la categoría correspondiente por cada año de servicio”, indica el plan de gastos.
La propuesta del BN para reconocer la antigüedad de su personal también plantea un pago adicional para los trabajadores que acumulen más de diez años dentro de la institución.
Conforme al planteamiento, se pagaría adicionalmente “un 3% por cada decenio de servicio, hasta un máximo de tres, que se reconocerá al cumplir el décimo, vigésimo y trigésimo año”.
Es decir, a un trabajador con 12 años de laborar en la entidad le reconocerían un 3% de anualidad por el año trabajado, más otro aumento del 3% sobre su salario por tener un decenio en el Banco.
Las medidas presupuestadas por el BN se aplicarían para toda la planilla de la entidad, compuesta por 5.464 servidores este año.
Los gastos, sin embargo, fueron rechazados por la Contraloría el pasado mes de diciembre.
El ente contralor señaló que el contenido presupuestario previsto para reconocer un monto extra por anualidad incumple con “lo establecido en el artículo único de la Ley N° 9908″.
Dicha normativa congeló el pago de anualidades a los servidores públicos durante los periodos 2020-2021 y 2021-2022.
La ley fue aprobada en octubre del 2020 por el Congreso, con el objetivo de generarle un ahorro al Estado para aliviar las finanzas públicas tras el impacto de la pandemia de covid-19.
Por otra parte, en su presupuesto para el 2021, el BN también previó una partida de ¢643 millones para comprar alimentos y bebidas a los funcionarios.
Sin embargo, el dinero que se pretendía gastar fue negado por la CGR por falta de argumentos que justificaran el elevado gasto.
A criterio del órgano contralor, el presupuesto “no aporta fundamento de legalidad que expresamente permita este tipo de gastos; asimismo, no se justificó como indispensable para la prestación del servicio público que brinda la institución”.
Se intentó conocer la versión del Banco Nacional, sin embargo, no se obtuvo su respuesta al cierre de esta edición.
Para este 2021, la Contraloría negó a 107 instituciones parte del contenido presupuestario correspondiente a un incremento de la subpartida de retribución por años servidos.
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BN buscó más aumentos
El incremento por anualidades no fue el único ajuste salarial que presentó el BN. Dentro del presupuesto del 2021 se previeron dos alzas salariales más.
Se trata de dos ajustes de un 1%, cada uno, que aplicaría para todos los funcionarios en cargos fijos en el primer y segundo semestres del presente año.
De acuerdo con el presupuesto del Banco Nacional, “el aumento salarial quedó ligado a la inflación del semestre inmediato anterior”.
Este ajuste también fue rechazado por la Contraloría, debido a que sobrepasa la inflación estimada por para el último semestre del 2020, la cual fue de un 0,89%.
“No se aportaron elementos adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al comportamiento de la inflación durante el año 2020″, aseveró la CGR.
De acuerdo con un informe de diciembre, la Contraloría rechazó aumentos salariales presupuestados por 119 instituciones descentralizadas para este año.
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Los incrementos no prosperaron, principalmente, porque los porcentajes planteados superaban la inflación del 2020, como ocurrió en el caso del BN.
Adicionalmente, la Contraloría también frenó un incremento que la entidad financiera presupuestó en los aportes para el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
Al respecto, el ente contralor indicó que la Banco presentó un “exceso” sobre el 1,5% del contenido que se destina al FCL.
Otro de los criterios aplicados por la Contraloría para rechazar las alzas salariales planteadas por las descentralizadas fue el incumplimiento de la regla fiscal.
La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en 2018 y conocida como reforma fiscal, pone limite a las alzas salariales en momentos difíciles para las finanzas estatales.
Dicha ley tiene una cláusula que impide realizar incrementos por costo de vida en los sueldos y demás incentivos salariales del sector público cuando la deuda del Gobierno Central supera el 60% del producto interno bruto (PIB).
Según el Ministerio de Hacienda, para el 2020 la deuda pública cerró en casi un 70% del PIB y se estima que este año llegue al 80%.