No obstante, al final ninguna de las partidas incluidas para financiar los ajustes obtuvo el visto bueno de la CGR, debido a que incumplen normas legales.

Según detalló la Contraloría, las asignaciones fueron rechazadas, principalmente, por infringir la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en 2018 y conocida como reforma fiscal.

Dicha ley tiene una cláusula (conocida como regla fiscal) que impide realizar incrementos por costo de vida en los sueldos y demás incentivos salariales del sector público cuando la deuda del Gobierno Central supera el 60% del producto interno bruto (PIB).

Según datos del Ministerio de Hacienda, para el 2020 la deuda pública cerró en casi un 70% del PIB y se estima que este año llegue al 80%.

Algunos incrementos también fueron denegados porque representaban porcentajes superiores al crecimiento de la inflación en el 2020, el cual fue de un 0,89%.

“A 119 instituciones públicas se les improbó el exceso en el aumento salarial correspondiente a 2021″, señala un informe de la CGR sobre el proceso de aprobación presupuestaria del sector descentralizado.

Dentro de las dependencias a las que se les rechazó el aumento figuran el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Nacional de Seguros (INS).

También aparecen la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), Correos de Costa Rica, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) y el Consejo Nacional de la Producción (CNP).

En la lista hay 62 municipalidades (75% del total de ayuntamientos del país) que pretendieron hacer aumentos salariales este año como las de San José, Alajuela, Heredia, Escazú, Belén, Curridabat, San Carlos, Liberia, Limón, Puntarenas, Cañas, Goicoechea y Desamparados.

Además, se les rechazaron ajustes a varias superintendencias como la de Pensiones (Supén), la de Telecomunicaciones (Sutel) y la General de Valores (Sugeval), así como al Banco Central, al Banco de Costa Rica y al Banco Nacional.

Dos aumentos

La Contraloría General de la República le negó al Banco Central de Costa Rica (BCCR) dos incrementos presupuestados para el año 2021.

El ente emisor incluyó un aumento del 6% para los puestos gerenciales, bajo el argumento de que la remuneración para esos cargos fue congelada en el 2018 para generar ahorro.

La reforma fiscal suspendió durante dos años los ajustes en los salarios superiores a ¢4 millones, periodo que venció en diciembre del 2020.

Según indicó la Oficina de Prensa del Banco Central, el vencimiento de la medida fue la razón por la que se envió un presupuesto preliminar a la Contraloría que contemplaba dicho aumento, en caso de que después se contara con recursos para ejecutarlo.

No obstante, representantes del BCCR descartaron después la aplicación de ajustes salariales este año.

Pablo Villalobos, gerente general del Banco, aseveró que no hay ninguna propuesta dentro de la entidad que provoque un aumento en las remuneraciones.

“No existe ni de 6%, ni de 5%, ni de ningún porcentaje. Las decisiones sobre ajustes salariales en el Banco Central y en las superintendencias las toma la Junta Directiva del BCCR en los meses de enero de cada año, es decir este mes, y esa decisión no se ha tomado”, indicó Villalobos.

Sin embargo, el plan presupuestario del Central para el 2021 también incluyó una previsión para un aumento salarial del 1% para todo el personal.

Este punto también fue rechazado por el ente contralor debido a que “no se aportaron elementos adicionales que justifiquen un incremento de los salarios superior al comportamiento de la inflación durante el año 2020″.

Por su parte, el Banco de Costa Rica (BCR) también presupuestó dos ajustes, los cuales se realizarían en el primer y segundo semestre del 2021, pero no recibieron el aval de la Contraloría.

Para el BCR, la partida de remuneraciones representa el 20% de sus egresos.

La misma suerte corrió el Banhvi, el cual pretendía aplicar este año dos aumentos del 1% en los salarios para cargos fijos (uno en el primer semestre y otro en el segundo).

En tanto, instituciones como la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) presentaron una previsión anual para el ajuste de la subpartida Dietas de los directivos, la cual también fue rechazada a la luz de las restricciones fijadas por la reforma fiscal.

Además, a 107 instituciones se les improbó parte del contenido presupuestario correspondiente a un incremento de la subpartida de retribución por años servidos del periodo 2021-2022.

Para el ejercicio económico 2021, la Contraloría General tramitó 192 presupuestos iniciales de instituciones del sector descentralizado.

Asimismo, la CGR aprobó parcialmente el 87% de los presupuestos iniciales, con el objetivo de ajustarlos a los parámetros establecidos por ley.

“Como resultado del proceso de revisión, se aprueba un total de ¢14.992.339 millones. Este monto puede variar, ya que no considera en su cálculo las improbaciones que requieren la estimación de las instituciones y su posterior ajuste en el presupuesto”, señaló el órgano.

De hecho, existieron tres casos de entidades a las que se les improbaron parcialmente más recursos.

Al Banhvi, por ejemplo, se le improbaron ¢96.153 millones; al Banco Popular y de Desarrollo Comunal, ¢61.683 millones; y al Consejo Nacional de Producción (CNP), ¢21.624 millones.

“Entre las razones de improbación de recursos presupuestarios se pueden mencionar el exceso en el 1,5% destinado al pago del Fondo de Capitalización Laboral (FCL)”, asevera el informe.

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