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Municipalidad de San José mantiene varada renegociación de millonaria convención colectiva

Diego Miranda, alcalde de San José, desconoce cuánto les tomará estudiar la convención colectiva vigente y cuándo activarán el diálogo con los sindicatos para firmar un nuevo acuerdo.

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Al consultarle a Diego Miranda, alcalde de San José, por el proceso de negociación de la nueva convención colectiva del ayuntamiento, pocas preguntas tienen una respuesta concreta.

No hay certeza de cuánto tiempo le tomará al alcalde y a su equipo de asesores estudiar el texto de la convención colectiva vigente, decidir qué otros artículos agregarán a la denuncia presentada ante el Ministerio de Trabajo desde febrero de 2022, y si pedirán la eliminación del artículo que permite el pago de dietas millonarias a dirigentes sindicales por asistir a sesiones de la Junta de Relaciones Laborales.

La convención colectiva de la Municipalidad de San José fue firmada, según el Ministerio de Trabajo, desde 2013 y establece una serie de beneficios adicionales al Código de Trabajo. Por ejemplo, el pago de dietas a líderes sindicales que asisten a las sesiones de la Junta de Relaciones Laborales, en la actualidad se cancelan ¢220.000 por cada sesión.

De acuerdo con cifras del ayuntamiento, cinco sindicalistas, integrantes de la Junta de Relaciones Laborales, recibieron ¢184,5 millones solo entre enero de 2022 y julio de 2024. En promedio, cada uno percibió ¢36,9 millones.

23/10/2024  Municipalidad de San José. Diego Miranda, alcalde de San José. Foto: Rafael Pacheco Granados
Diego Miranda, alcalde de San José, asumió la alcaldía de San José en mayo anterior. (Rafael Pacheco Granados)

Pese a que Miranda califica, al igual que lo hacía el exalcalde, Johnny Araya, ese tipo de pagos como un “exceso”, al consultarle si denunciará la cláusula que permite ese tipo de transferencias, se limita a expresar que “es probable”.

El 3 de febrero de 2022, mientras Araya era alcalde de San José, se denunció la convención colectiva con la intención de reformarla y hacerla más austera. Sin embargo, el pago de dietas a los sindicalistas no se incluyó en la denuncia. Seis meses después de asumir el poder, Miranda tampoco lo ha denunciado.

Días atrás, en una entrevista, Miranda respondió a La Nación varias consultas sobre la convención colectiva, la cual tuvo un costo de ¢325 millones por días extras de vacaciones, licencias con goce de salario y pagos extraordinarios en 2023. Además, ese mismo año, se requirieron otros ¢625 millones por ayudas dadas a empleados municipales para compra de útiles, becas, servicios médicos y asistencia para servicios funerarios, entre otros.

– Bueno, no está en ningún estado porque nosotros hemos estado revisando el articulado que se denunció y preparando un documento para mejorar, digamos, el articulado que se denunció por parte de la Dirección de Talento Humano y, además, hay otro paso importante que es que el Concejo Municipal defina quiénes son los representantes en la negociación.

– No se han sentado a negociar, hasta el momento no ha habido negociación.

(Silencio) Responde con la cabeza que no.

– La convención colectiva actual está vigente.

– Sí, pero una administración requiere de preparación. Nosotros dijimos que íbamos a continuar con la denuncia de la convención colectiva y lo estamos haciendo de manera responsable.

– A estudiar la convención colectiva, a poder preparar el trabajo que nosotros vamos a llevar a esa mesa de negociación.

– Lo que necesitemos.

– Lo que la administración defina que es necesario para estudiar el articulado.

– No lo sé. No estamos improvisando, esta administración no improvisa, estamos estudiando, pero no se puede medir, muchas veces, cuánto va a durar un debate sobre si un artículo (de la convención colectiva) se queda o no o si es delicado o no denunciar un artículo.

– Ya le dije, depende del estudio.

– Sí.

– Sí, lo hemos estado considerando, es una posición que yo he tenido en el tiempo, me parece que es un exceso de la convención colectiva, así como otras cosas (...) Es probable que ese articulado también esté denunciado.

– No es ambigua, cuando usted está estudiando, analiza todas las variables. Usted sabe mi posición pública sobre eso.

– No, lo valoramos con el sindicato que estaba dispuesto a ayudarnos, pero al final no lo presentamos.

– ¿Cuándo se firmó la convención colectiva?

– Ahí está la respuesta a su pregunta, don Johnny Araya pasó 33 años en esta Municipalidad, yo llevo cinco meses. Y los medios de comunicación y periodistas, como usted, hacen preguntas sobre un trabajo que tiene que ser planificado.

– Estamos haciendo el estudio.

– Da en el clavo de un tema que es muy importante para nosotros, es que hemos encontrado resistencia dentro de la misma administración, para las posiciones políticas que nosotros queremos sostener y, particularmente, en la Dirección de Asuntos Jurídicos hemos encontrado mucha resistencia a posiciones políticas y líneas de acción que queremos promover.

“Entonces, mucho del trabajo de estudio que hemos hecho de la convención colectiva tiene un trabajo de confianza, de empleados de confianza, de analizar lo que dice y no dice la convención colectiva (...) Los funcionarios de Asuntos Jurídicos pueden ser juez y parte en algo que los beneficia a ellos. Evidentemente, tenemos que guardar distancias respecto de personas o funcionarios que puedan ser implicados o beneficiados de cambios en la convención colectiva.

– Un ejemplo de resistencia que hemos tenido: Hace unos días le pedí un criterio a la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre el tema de parquímetros, que usted ha cubierto y sabe que ha habido hasta sanciones de corrupción y la primera respuesta que me da el subdirector de Asuntos Jurídicos es que no puede responder, porque estaría dando un criterio adelantado. Entonces, ¿Cómo me asesoro con una Dirección que se supone, tiene que darme asesoría y se niega a dármela? Ese es el tipo de resistencia que hemos enfrentado.

Diego Bosque

Diego Bosque

Ejerce periodismo desde 2010. Se especializa en investigar compras públicas y uso de recursos estatales. En 2020 recibió mención de honor del Premio Nacional de Periodismo por revelar compras irregulares de CCSS durante la pandemia, en 2021 recibió el Premio Nacional de Periodismo por destapar el robo de la droga fentanilo de hospitales públicos.

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