Al consultarle a Diego Miranda, alcalde de San José, por el proceso de negociación de la nueva convención colectiva del ayuntamiento, pocas preguntas tienen una respuesta concreta.
No hay certeza de cuánto tiempo le tomará al alcalde y a su equipo de asesores estudiar el texto de la convención colectiva vigente, decidir qué otros artículos agregarán a la denuncia presentada ante el Ministerio de Trabajo desde febrero de 2022, y si pedirán la eliminación del artículo que permite el pago de dietas millonarias a dirigentes sindicales por asistir a sesiones de la Junta de Relaciones Laborales.
La convención colectiva de la Municipalidad de San José fue firmada, según el Ministerio de Trabajo, desde 2013 y establece una serie de beneficios adicionales al Código de Trabajo. Por ejemplo, el pago de dietas a líderes sindicales que asisten a las sesiones de la Junta de Relaciones Laborales, en la actualidad se cancelan ¢220.000 por cada sesión.
De acuerdo con cifras del ayuntamiento, cinco sindicalistas, integrantes de la Junta de Relaciones Laborales, recibieron ¢184,5 millones solo entre enero de 2022 y julio de 2024. En promedio, cada uno percibió ¢36,9 millones.
Pese a que Miranda califica, al igual que lo hacía el exalcalde, Johnny Araya, ese tipo de pagos como un “exceso”, al consultarle si denunciará la cláusula que permite ese tipo de transferencias, se limita a expresar que “es probable”.
El 3 de febrero de 2022, mientras Araya era alcalde de San José, se denunció la convención colectiva con la intención de reformarla y hacerla más austera. Sin embargo, el pago de dietas a los sindicalistas no se incluyó en la denuncia. Seis meses después de asumir el poder, Miranda tampoco lo ha denunciado.
Días atrás, en una entrevista, Miranda respondió a La Nación varias consultas sobre la convención colectiva, la cual tuvo un costo de ¢325 millones por días extras de vacaciones, licencias con goce de salario y pagos extraordinarios en 2023. Además, ese mismo año, se requirieron otros ¢625 millones por ayudas dadas a empleados municipales para compra de útiles, becas, servicios médicos y asistencia para servicios funerarios, entre otros.
– La convención colectiva que está vigente fue denunciada, por la anterior administración, en febrero de 2022, ¿En qué estado está la negociación de la nueva convención colectiva?
– Bueno, no está en ningún estado porque nosotros hemos estado revisando el articulado que se denunció y preparando un documento para mejorar, digamos, el articulado que se denunció por parte de la Dirección de Talento Humano y, además, hay otro paso importante que es que el Concejo Municipal defina quiénes son los representantes en la negociación.
– ¿Cuándo fue la última vez que se sentaron a negociar, ya sea en su administración o en la anterior?
– No se han sentado a negociar, hasta el momento no ha habido negociación.
– Eso quiere decir que fue denunciada en febrero de 2022, según el Ministerio de Trabajo, y desde entonces no ha habido una sola ronda de negociación...
– (Silencio) Responde con la cabeza que no.
– De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la convención colectiva tiene una cláusula de ultraactividad, eso quiere decir que mientras duren las negociaciones de un nuevo texto seguirá rigiendo anterior, pero usted dice que nunca se han sentado a negociar ¿Eso en qué estado deja la convención colectiva?
– La convención colectiva actual está vigente.
– ¿Qué sentido tiene que se haya denunciado si no se está negociando, usted ya tiene varios meses acá, por ejemplo?
– Sí, pero una administración requiere de preparación. Nosotros dijimos que íbamos a continuar con la denuncia de la convención colectiva y lo estamos haciendo de manera responsable.
– ¿Esa manera responsable a qué se refiere?
– A estudiar la convención colectiva, a poder preparar el trabajo que nosotros vamos a llevar a esa mesa de negociación.
– Digamos que se han tomado estos seis meses para estudiar la convención colectiva vigente, ¿Cuánto tiempo más les va a tomar estudiar la convención colectiva?
– Lo que necesitemos.
– ¿Ese tiempo que necesiten son un año, dos años o toda su administración?
– Lo que la administración defina que es necesario para estudiar el articulado.
– ¿Dentro de su planificación o cronograma de trabajo, esa etapa de planificación, cuánto tiempo requiere?
– No lo sé. No estamos improvisando, esta administración no improvisa, estamos estudiando, pero no se puede medir, muchas veces, cuánto va a durar un debate sobre si un artículo (de la convención colectiva) se queda o no o si es delicado o no denunciar un artículo.
– ¿Cuándo cree usted que se va a reactivar la negociación?
– Ya le dije, depende del estudio.
– ¿Usted sabe si pueden denunciar más artículos de los que fueron denunciados en febrero del 2022?
– Sí.
– ¿Planea denunciar el artículo de la convención colectiva que permite el pago de dietas millonarias a los representantes de los sindicatos en la Junta de Relaciones Laborales?
– Sí, lo hemos estado considerando, es una posición que yo he tenido en el tiempo, me parece que es un exceso de la convención colectiva, así como otras cosas (...) Es probable que ese articulado también esté denunciado.
– Es una respuesta un poco ambigua ¿Es probable o lo van a denunciar?
– No es ambigua, cuando usted está estudiando, analiza todas las variables. Usted sabe mi posición pública sobre eso.
– Usted años atrás dijo que iba a presentar una acción de inconstitucionalidad contra ese artículo ¿Al final de cuentas presentó la acción o no?
– No, lo valoramos con el sindicato que estaba dispuesto a ayudarnos, pero al final no lo presentamos.
– El exalcalde, Johnny Araya, también tenía el discurso de que esas dietas eran un abuso o un privilegio, varias veces dijo que las denunciaría, pero eso nunca sucedió. Ahora, usted también las califica de exceso y dice que están considerando denunciarlas, pero lleva meses acá y no lo ha hecho ¿Qué diferencia hay entre el exalcalde y usted?
– ¿Cuándo se firmó la convención colectiva?
– En 2013, según el Ministerio de Trabajo...
– Ahí está la respuesta a su pregunta, don Johnny Araya pasó 33 años en esta Municipalidad, yo llevo cinco meses. Y los medios de comunicación y periodistas, como usted, hacen preguntas sobre un trabajo que tiene que ser planificado.
– ¿Cuáles otros artículos de la convención colectiva piensan denunciar?
– Estamos haciendo el estudio.
– ¿Tienen algún expediente que respalde ese estudio, han remitido algún tipo de consulta a la Dirección Jurídica para verificar que se puedan agregar artículos a la denuncia o han preguntado a la Procuraduría?
– Da en el clavo de un tema que es muy importante para nosotros, es que hemos encontrado resistencia dentro de la misma administración, para las posiciones políticas que nosotros queremos sostener y, particularmente, en la Dirección de Asuntos Jurídicos hemos encontrado mucha resistencia a posiciones políticas y líneas de acción que queremos promover.
“Entonces, mucho del trabajo de estudio que hemos hecho de la convención colectiva tiene un trabajo de confianza, de empleados de confianza, de analizar lo que dice y no dice la convención colectiva (...) Los funcionarios de Asuntos Jurídicos pueden ser juez y parte en algo que los beneficia a ellos. Evidentemente, tenemos que guardar distancias respecto de personas o funcionarios que puedan ser implicados o beneficiados de cambios en la convención colectiva.
–¿Podría describir esas resistencias?
– Un ejemplo de resistencia que hemos tenido: Hace unos días le pedí un criterio a la Dirección de Asuntos Jurídicos sobre el tema de parquímetros, que usted ha cubierto y sabe que ha habido hasta sanciones de corrupción y la primera respuesta que me da el subdirector de Asuntos Jurídicos es que no puede responder, porque estaría dando un criterio adelantado. Entonces, ¿Cómo me asesoro con una Dirección que se supone, tiene que darme asesoría y se niega a dármela? Ese es el tipo de resistencia que hemos enfrentado.
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