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Al menos 22 autobuses se quedaron sin placas la mañana de este miércoles en varios operativos de la Policía de Tránsito.
La medida afectó vehículos que trasladaban manifestantes a la marcha convocada para este mismo día por la mañana en San José, lo que provocó críticas de líderes sindicales y dio origen a un recurso de habeas corpus presentado por una ciudadana ante la Sala Constitucional, con el alegato de que las autoridades restringen la libre circulación a los huelguistas.
El Consejo de Transporte Público; sin embargo, aseguró que las acciones no están dirigidas a entorpecer manifestaciones, sino que se realizan para “verificar que los autobuses están operando dentro de los parámetros legales y reglamentarios establecidos en las concesiones y permisos autorizados”.
Es decir, que las unidades se movilizan en los recorridos y los horarios para los cuales tienen permisos y no otros.
Con las revisiones, añadió el Consejo en un comunicado, se evitan irregularidades que podrían suponer riesgos para los usuarios en caso de accidentes o afectaciones de horario, paradas y traslados.
“Inverosímil, el Gobierno en su desesperación por sofocar el derecho a la manifestación del pueblo costarricense, está recurriendo a la represión, las amenazas y la intimidación”, informó en un comunicado Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca).
Tanto autoridades de Tránsito como del CTP rechazan la versión.
“Se aclara que el Consejo de Transporte Público no realiza operativos específicos respecto a la utilización de autobuses que trasladan manifestantes, lo que hace es verificar si el servicio que se está brindando se encuentra enmarcado dentro de los parámetros autorizados, toda vez que es nuestra obligación salvaguardar la seguridad vial de quienes se trasladan utilizando estos medios de transporte público”, dijo el CTP.
“Hoy nos abocamos en el cumplimiento de la Ley, como lo hacemos siempre, tomando en cuenta situaciones de puedan generar algún riesgo para los usuarios de nuestras vías. No procedemos con acciones, en contra de la ciudadanía, simplemente verificamos que los usuarios de las rutas circulen de acuerdo a la legislación vigente”, expresó por su parte la Dirección de Tránsito.
Operativos
Los operativos de retiro de placas se concentraron en Puntarenas, Guanacaste y el Caribe, donde hubo detenciones de autobuses y microbuses.
Del sector de Los Chiles, Alajuela, no pudieron salir 3 buses a la manifestación, lo mismo que otros tres de San Carlos. Los manifestantes aseguran que en Pavón de Los Chiles, la Policía amenazó con bajarle las placas a las unidades y los conductores prefirieron no viajar.
En el caso de San Carlos, algunos manifestantes se movilizaron a la terminal regular de autobuses para tomar un servicio convencional y llenaron tres buses corrientes para poder trasladarse. Otros lo hicieron en carros particulares.
“Esta mañana, al ser las 7 a. m., revisamos más de 70 unidades, de las cuales sancionamos a 22 por irrespeto a la Ley de Tránsito 9078, al no tener el permiso del Consejo de Transporte Público para el servicio que estaban brindando”, declaró el director de Tránsito, German Marín.
En esencia, se retira la placa cuando el transportista circula con pasajeros en una ruta para la cual carece de autorización.
Las sanciones en estos casos incluyen retiro de placas, una multa de ¢104.000. Empero, podría incluso elevarse a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) donde las sanciones y multas pueden ser mayores.
De acuerdo con Tránsito, los vehículos a los que se les retiraron las placas tienen prohibición de circular conforme la Ley 9078 que en su artículo 147 exige las placas para transitar. Quienes conduzcan vehículos sin placas, se exponen a que se les retire el automotor, el cual sería trasladado al depósito de Consejo de Seguridad Vial, según lo establecido en la misma ley.
Colaboró el corresponsal Édgar Chinchilla.
