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El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José declaró legal la huelga de empleados en el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Se trata de la primera protesta que habría cumplido requisitos para el movimiento contra la reforma fiscal y noveno proceso resuelto, según criterio de los juzgados.
La resolución de la jueza Ángela Keiko Minero Akiya (expediente 18-001850-0166-LA - 2) explica que en el caso del IAFA el movimiento de protesta ha sido “proporcional y razonado” por parte de los empleados del IAFA ya que no fue “desmedido y prolongado, ni se demostró una afectación al servicio brindado”.
Además, la jueza explica que la entidad no brinda un servicio esencial como ocurre con otras entidades con declaratorias de ilegalidad.
“Un servicio esencial puede ser aquel cuya interrupción podría poner en peligro la vida, por lo cual tomando en cuenta la naturaleza jurídica del IAFA si bien atiende casos de pacientes farmacodependientes y desarrolla programas para prevenir, tratar y rehabilitar de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas se estima que este instituto no cumple con un servicio público esencial”, razona la juzgadora.
Para determinar la afectación de un servicio público esencial en una huelga se requiere su paralización.
En este caso, “ningún servicio de atención directa a los pacientes que trata el IAFA se vio afectado, ni se comprometió la vida”.
Las autoridades, sin embargo, no comparten la decisión.
Este viernes por la mañana, la Procuraduría General de la República informó que apelará la declaratoria de legalidad de huelga del IAFA
“El Gobierno de la República no comparte los criterios externados en dicha sentencia”, indica un comunicado de Casa Presidencial.
La apelación se realizará en el plazo de tres días que establece la ley y el Gobierno adelantó que la argumentación de dicho recurso será pública una vez presentado por la Procuraduría en su papel de abogado del Estado.
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Desde el 10 de setiembre, cuando inició el cese de labores promovido por la Unidad Sindical y Social contra el proyecto de reforma fiscal que se tramita en el Congreso, 32 instituciones solicitaron la declaratoria de ilegalidad.
La sentencia anterior se dio el jueves en el caso del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
El Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José consideró ilegal la huelga debido a que los sindicalistas no realizaron una asamblea general, como era debido, sino que únicamente presentaron un acta notarial en la cual indicaban que se sumarían a las manifestaciones en contra de la reforma fiscal.
Otra declaratoria se conoció el miércoles cuando también el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José, calificó ilegal el movimiento en la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
También el miércoles, dos juezas del Primer Circuito Judicial de San José, emitieron las sentencias 2001-2018 y 2018-1557, sobre los movimientos en el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y en la Junta de Protección Social (JPS), respectivamente.
La primera declaratoria se dio el sábado, sobre la huelga en el Consejo Nacional de Producción (CNP), seguida de los casos en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Municipalidad de Santa Ana y en el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah).
