El Gobierno anunció este viernes la apertura de un procedimiento administrativo para determinar posibles incumplimientos legales y contractuales del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en el uso de espectro radioeléctrico que tiene en su poder. La orden busca recuperar esas frecuencias para el despliegue de redes 5G en Costa Rica, mediante un camino muy largo, que tomaría más años de espera.
De acuerdo con el anuncio, el presidente Carlos Alvarado, y la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paola Vega, designaron un órgano director del procedimiento para “establecer la verdad real de los hechos sobre posibles incumplimientos investigados respecto a la concesión del segmento de frecuencias de 3.425 Megahercios (MHz) a 3.625 MHz”.
Ese órgano deberá inspeccionar las presuntas faltas en el uso y explotación de dicho segmento de bandas de transmisión requerido para 5G y concesionado actualmente a la empresa Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa), una subsidiaria del ICE.
“Este procedimiento se deberá realizar con apego al debido proceso y a los derechos de defensa de la empresa”, indica el comunicado.
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Será el órgano director el que emitirá una recomendación al Poder Ejecutivo de cómo proceder.
Posteriormente, el Gobierno deberá resolver lo que en derecho corresponda mediante una resolución, la cual puede ser impugnada por Racsa y por el ICE en sede administrativa y que, en este caso, también correspondería al mismo Poder Ejecutivo resolver.
Vía judicial
Si las autoridades resuelven extinguir la concesión de ese segmento de bandas a Racsa, esa subsidiaria del ICE tendría la posibilidad de acudir a los tribunales contencioso administrativos para buscar la nulidad del acto.
De ser así retrasaría aún más la recuperación de las bandas, que solo podrían reasignarse para 5G una vez agotadas todas las instancias legales que correspondan.
“Después de realizar el análisis técnico y jurídico correspondiente se determinó que, entre las vías previstas en la ley, esta es la forma de dar atención a los presuntos incumplimientos, y además atender la situación de disponibilidad de espectro en la banda de 3.500 MHz para el despliegue de redes 5G en el país. Los detalles de lo actuado no pueden profundizarse en esta etapa por disposiciones legales expresas, y serán comunicados en el momento oportuno”, indicó Casa Presidencial.
La decisión confirma el fracaso del Gobierno para recuperar esas frecuencias mediante un acuerdo con el ICE. Tampoco lo hizo mediante una declaratoria de interés público, posibilidad que rechazó ante el temor de reclamos económicos del Instituto, lo que carece de fundamento según un dictamen de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), de noviembre pasado.
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Sutel señaló entonces que tal miedo es improcedente debido a que varias bandas de transmisión asignadas al Grupo ICE están sin uso o con una utilización ineficiente. Indicó haber documentado dicha situación en 16 informes técnico-jurídicos elaborados desde el 2012. Se trata de las frecuencias de 1400 Megahercios (MHz), 2600 MHz, 3500 MHz y 26 Gigahercios (GHz).
El artículo 22 de la Ley General de Telecomunicaciones indica que una declaratoria de interés público le bastaría legalmente a la administración de Carlos Alvarado Quesada para extinguir una concesión vigente de frecuencias en manos públicas o privadas. Esta acción agilizaría el proceso para recuperar las frecuencias que la empresa estatal se ha resistido a devolver.
Costa Rica va ‘tarde’
“Es lamentable que casi finalizando este gobierno se haya perdido el tiempo y, al final, salir con esta chambonada; esto demuestra lo que he venido diciendo desde mi salida, el presidente o nunca ha querido recuperar el espectro que se está usando de manera ineficiente o no tiene el liderazgo para hacerlo. Por esta decisión se está condenando al país a entrar tarde en la cuarta revolución industrial y eso es gravísimo, porque vamos a desmejorar las oportunidades y las condiciones de vida de todos los habitantes”, declaró Édwin Estrada, quien fue viceministro de Telecomunicaciones entre 2016 y 2020.
Estrada cree que el proceso anunciado este viernes durará años porque primero, debe resolverse en sede administrativa, donde el ICE podrá impugnar el resultado y, posteriormente, en vía judicial.
“El ICE, al ser una institución pública, lo veo acudiendo a todas las instancias judiciales para defender este recurso que, aunque quisiera nunca podría hacer un uso eficiente, recordemos que es la empresa en el mundo que más frecuencias tiene de este tipo. Es importante tener presente que durante mi gestión nunca hablamos de dejar al ICE sin frecuencias para que pudiera desarrollar la red de 5G, la idea era dejarle estrictamente lo necesario”, afirmó.