Contraloría señala omisiones e incoherencias en solicitud del INS para declarar confidencial contrato con UNOPS

El pasado 31 de octubre, por segunda vez, la Contraloría señaló omisiones en la petición del INS y exigió que justifique por qué deben declararse secretos cada uno de los documentos asociados a la contratación de la polémica agencia de las Naciones Unidas.

Según el oficio 18.255, firmado por Gerardo Villalobos, fiscalizador de la División de Contratación Administrativa, el Instituto “omite desarrollar la motivación de confidencialidad para cada uno de los documentos presentados”.

Para definir si acepta o no la confidencialidad, la CGR requiere que la aseguradora estatal le presente un análisis del contenido de cada nota y especificar las razones por las que se deben conservar en reserva.

Además, de forma inexplicable, la Subgerencia de Transformación Digital y Gobernanza del INS solicitó que se declaren confidenciales documentos que, en la actualidad, están publicados en el sitio web de la entidad. Por ejemplo, incorporaron el reporte de sostenibilidad 2021, disponible en línea desde el año pasado.

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“El INS cataloga como confidencial la totalidad de la información remitida con la presente gestión de refrendo; no obstante, resulta evidente la existencia de documentos que por mera constatación no cuentan con dicha condición”, declaró Villalobos en su escrito.

La Nación intentó ubicar, este sábado, a José Arévalo Ascencio, subgerente de Transformación Digital y Gobernanza del INS, para consultarle sobre este tema, pero no contestó las llamadas ni los mensajes enviados a su teléfono celular.

En una declaración enviada, el 11 de noviembre, por la oficina de prensa, el INS manifestó que el contrato con UNOPS califica como “secreto industrial, comercial o económico”, tipificado en el artículo 12 en su ley de creación.

También considera que, según el artículo 145 de la Ley General de Administración Pública, el proceso para la obtención del refrendo es un “acto preparatorio” y eso los faculta para no comunicar nada al respecto.

¿Qué sigue?

Copiado!

Ante los requerimientos del ente contralor, José Pablo Brenes Campos, director del Programa de Proyectos del INS, respondió, el 3 de noviembre anterior, con un documento de diez páginas en el que da una breve explicación del por qué se debe limitar el acceso a los documentos que forman parte del contrato con UNOPS.

En esa nota, Brenes corrige y acepta excluir de la declaratoria de confidencialidad cinco documentos, como el reporte de sostenibilidad 2021, pero insiste en que se oculten otros seis, entre ellos el memorando de acuerdo con UNOPS, que contiene los detalles de costos, cronogramas de trabajo, responsabilidades de cada una de las partes, esquemas de sanciones en caso de incumplimientos y otros detalles clave para el proyecto.

Sobre el memorando, Brenes expresa que debe mantenerse en secreto, pues “se incluye información que se considera que para la competencia puede ser de mucho valor”, pero no detalla a qué se refiere y por qué sería de valor para los competidores del INS.

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El funcionario añadió que el contenido del memorando posee datos considerados “como secreto comercial de alta confidencialidad” que responden a temas estratégicos, pero no específica qué tipos de datos o por qué son asuntos clave en la táctica comercial del INS.

Ahora, la CGR deberá valorar los argumentos del INS y resolver si declara confidencial el contrato, para ello tiene plazo hasta el 22 de diciembre.

Los oficios entre el INS y la Contraloría fueron solicitados, desde el 11 de noviembre, a la oficina de prensa del ente contralor. El 14 de noviembre respondieron, a través de un correo electrónico, lo siguiente: “No se puede brindar la información solicitada mientras el caso esté en análisis”.

Sin embargo, ese mismo día se reiteró la solicitud y, el 25 de noviembre, la Contraloría rectificó y envió los documentos requeridos.

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Problemas en el pasado

UNOPS llegó al país en 2014 con la promesa de ser un ejecutor de obras públicas que promovería la transparencia, agilizaría los proyectos y generaría ahorros para el Estado, pero en la práctica eso no ha ocurrido. Por ejemplo, en mayo de 2018, la Sala Constitucional le condenó por ocultar expedientes de contratación del paso a desnivel en las Garantías Sociales y la ampliación del puente del Saprissa (ruta 32).

De acuerdo con cifras oficiales, los costos de UNOPS por la ejecución de los nuevos pasos a desnivel en Circunvalación crecieron 86% en cinco años.