Médicos especialistas seleccionados por ese colegio profesional serían peritos del Poder Judicial en la resolución de casos complejos, incluidos los cientos de recursos de amparo que llegan contra la Caja a la Sala Constitucional.

En el último año, en al menos doce ocasiones fueron llamados directamente por la Sala para dar apoyo, informó el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, Andrés Castillo Saborío.

Esta colaboración los motivó a preparar una normativa interna que pretende, entre otras cosas, asegurar la total independencia del profesional seleccionado como perito a la hora de emitir su criterio.

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El presidente de ese Colegio aclaró que la intervención de los especialistas será solo en aquellos casos en los cuales los peritos de Medicatura Forense no tengan el suficiente conocimiento técnico para dar insumos a los magistrados constitucionales en el proceso de análisis de los recursos.

La normativa, que ya está lista, regulará todo lo concerniente a la selección de los médicos que darán su criterio, para garantizar que no existen conflictos de interés y asegurar la total confidencialidad de los datos.

Disminuir tensión

El Colegio de Médicos tiene un grupo llamado Consenso Nacional de Excelencia Tecnológica y Médica en Enfermedades Crónicas y Cáncer, para llevar el pulso de las innovaciones terapéuticas a nivel mundial en esas áreas.

Presidido por Castillo y coordinado por el oncólogo Gonzalo Vargas Chacón, ese grupo es el que ha dirigido las conversaciones con el Poder Judicial.

Gonzalo Vargas Chacón explicó que la intención es crear una “alianza para el beneficio del paciente”.

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“En estos asuntos no tiene que haber opinión de partes interesadas: ni de quienes están en el negocio (farmacéuticas) o de quienes quieren economizar plata (CCSS). Estamos conscientes de que el Colegio tiene que ser muy riguroso en la selección de los peritos”, manifestó Vargas.

Cada año, son más los asuntos atendidos por la Sala Constitucional vinculados con la atención en salud, la gran mayoría interpuestos por enfermos a quienes la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) rechaza el pedido de medicamentos que no están incluidos en su lista oficial (LOM).

En el 2017, ese órgano constitucional recibió 317 recursos, mientras que en el 2009 fueron 164. Más de la mitad son declarados con lugar y se obliga a la Caja a comprar productos que, por lo general, son de alto costo.

Esta tendencia es conocida como “judicialización de la salud”, y tanto las autoridades de la Caja como de la Sala IV han reconocido que genera presión hacia ambos lados.

Según datos de la CCSS, casi una cuarta parte del presupuesto para medicamentos se destina a comprar productos de alto costo para un número reducido de pacientes, muchos de los cuales los reclaman mediante gestiones ante la Sala Constitucional.

Gran parte de estos fármacos son para tratar enfermedades que padecen cerca de 4.000 personas, entre ellas cáncer, problemas inmunológicos y neurodegenerativos.

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De los $238,9 millones previstos para medicinas en 2017, más de $56 millones (un 23,44%) se invirtieron en productos cuyo costo supera los $6.345 anuales (¢3,8 millones) por paciente. Este es el monto considerado por la Caja como el umbral para calificar una medicina como de alto costo.

El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, dijo que independientemente del grupo que se elija como perito en estos casos, se debe garantizar la total independencia y descartar conflictos de interés.

“Para cualquier comité evaluador es muy importante garantizar quienes entran en la evaluación firmen un documento donde declaran sus conflictos de interés, sus posibles vínculos con la industria farmacológica. En esto hay que asegurar que lo que se está priorizando es el caso del paciente, su salud y la terapia que más le conviene”, advirtió Macaya.

La CCSS, dijo, está analizando la creación de un centro de evaluación de tecnología de todo tipo, incluyendo la tecnología farmacéutica.

Según dijo Macaya, esa declaratoria de interés es muy común en otros países, que exigen un alto nivel de transparencia al punto, aseguró, que antes de ofrecer alguna conferencia deben mostrar al público sus relaciones con la industria farmacéutica.

La Sala IV, por medio de su oficina de prensa, informó de que en los últimos años los magistrados han mantenido una línea jurisprudencial cuando se presentan recursos para solicitar medicamentos que la CCSS no da.

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Esa línea incluye solicitar informes a la CCSS, al director del hospital, al médico tratante y al jefe de servicio donde la persona recibe atención.

Con esa información en mano, se solicita el criterio técnico de Medicatura Forense, en donde se revisa al paciente y analizan los informes y pruebas aportados por la CCSS. Con estos insumos, se dicta un fallo.

La Sala ya ha acudido al peritazgo de médicos especialistas, solicitud que se hace a la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos.