El miércoles 14 de agosto, Verónica Fonseca Guerrero pagó un transporte privado a las 3 a. m. para que la trasladara de Jacó, en Garabito, donde vive, al Hospital Monseñor Sanabria, en el cantón central de Puntarenas. Llevaba varias horas en ayunas siguiendo las indicaciones para que la operaran ese día de una hernia cervical que le descubrieron en el 2019.
Era el segundo intento de operarse. El primero fue cancelado. Estaba programado para el 29 de julio pero la llamaron con anticipación para avisarle. Lleva cinco años esperando ese procedimiento.
Este 14 de agosto no corrió con la misma suerte. Luego de gastar ¢40.000 en el viaje hasta Puntarenas, al llegar a Admisión del hospital, cerca de las 4:50 a. m., donde debía anunciarse para su internamiento, le informaron que no aparecía registrada.
Con dolor crónico por la hernia, con hambre debido al ayuno y enojada porque no le avisaron de la cancelación, ese día Fonseca empezó una peregrinación de varias horas por oficinas hospitalarias tratando de que alguien le explicara por qué le cancelaron la cirugía y, sobre todo, las causas de que no le avisaran con tiempo.
Ante sus cuestionamientos, una secretaria se limitó a contestarle: “A mí no me reclame nada porque no sé nada. Yo no soy médico”.
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Verónica tenía suficientes razones para estar molesta. Además de llevar años soportando un dolor que no la deja dormir y le dificulta trabajar, la logística para salir desde Jacó a Puntarenas no es fácil para ella pues trabaja y, además, el menor de sus tres hijos aún está en el colegio.
Luego del trato recibido por la secretaria, otra funcionaria salió adonde Fonseca se encontraba, junto a otros pacientes, para explicarle que la operación se había suspendido porque el cirujano había tenido que atender una emergencia: un paciente con un tumor.
Luego de recurrir a la Contraloría de Servicios, a la jefatura de Cirugía y a la oficina local de la Unidad Técnica de Listas de Espera (UTLE), a Fonseca le asignaron una nueva fecha para cirugía el miércoles 21 de agosto.

Sin embargo, todo lo que vio y oyó esta vecina de Jacó, de 49 años, la motivó a denunciar públicamente la situación que ella vivió ese 14 de agosto.
Según contó a La Nación, su operación no fue la única que se canceló ese día sin previo aviso a los pacientes; muchos de los cuales, como ella, se tuvieron que trasladar largas distancias hasta el cantón central de Puntarenas, donde se encuentra el hospital.
“Les dije que estaban jugando con la salud y la vida de las personas. No están trabajando bien. Me enteré que en Cirugía no tienen una secretaria que labore horas extra para que se encargue de avisar a los pacientes cuando se dan estas cancelaciones”, reclamó Fonseca, quien supo que el hospital solo tiene dos neurocirujanos.

La mujer teme sufrir represalias en el hospital por denunciar lo que vivió. Sin embargo, decide hablar porque, entre otros casos, conoció el de una joven cuya madre murió sin conocer la causa de sus padecimientos, ya que el ultrasonido que le habían solicitado para realizar el diagnóstico lo programaron para 2028.
“La muchacha me animó a denunciar. También le dije que denunciara lo que le había pasado a su mamá pero me contestó: ‘ya para qué, si ya está muerta’”, contó Fonseca, quien ese día tuvo que incapacitarse nuevamente porque el dolor no le permite llevar una vida normal.
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Verónica Fonseca toma una acetaminofén y diez gotas de tramal cada ocho horas para tratar de calmar el intenso dolor con el que vive, y que además le provoca una inflamación permanente en el cuello. Estos medicamentos ya no son suficientes.
La hernia cervical, descubierta en el 2019, le ha empeorado sustancialmente su calidad la vida. Por eso, reclama la cirugía por la cual ha aguardado años. Espera que el hospital no se la cancele por tercera vez.