En un mes y medio, la Universidad de Costa Rica (UCR), el Tecnológico de Costa Rica (TEC) y la Universidad Nacional (UNA) recibieron siete amenazas de posibles ataques armados. Los mensajes comenzaron a llegar en octubre, fueron enviados desde cuentas de correo electrónico y advertían sobre ataques con armas de fuego, cuchillas y explosivos.
Ante cada aviso, las autoridades universitarias activaron los protocolos de seguridad, reforzaron la vigilancia, evacuaron edificios y presentaron las denuncias correspondientes ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer los hechos.
El OIJ informó a La Nación que las amenazas están siendo analizadas por la Sección de Cibercrimen, mientras se verifican los datos recopilados por los investigadores de cada caso. Al tratarse de mensajes enviados por correo electrónico, el proceso de investigación adquiere un mayor grado de complejidad técnica.
¿Qué se sabe de las amenazas?
La UCR registró la primera advertencia el 16 de octubre, la segunda el 16 de noviembre y una tercera el 24 de noviembre.
En el TEC, la primera amenaza llegó el 14 de noviembre, la segunda fue recibida el 18 de noviembre, y la tercera se envió el 20 de noviembre.
Por su parte, la UNA recibió su primera amenaza el 24 de noviembre.
Según Thais Fonseca, directora de Criminología de la Universidad Libre de Costa Rica (Ulicori), estas advertencias se concentran en las universidades públicas porque son espacios con alta visibilidad mediática, gran afluencia estudiantil y un rol sociopolítico más marcado, factores que amplifican su impacto.
Además, estas universidades son percibidas como sitios más abiertos y con menor control de acceso, lo que las convierte en objetivos simbólicos más accesibles para quienes buscan atención, explicó la criminóloga.
En contraste, en las universidades privadas la combinación de controles más estrictos, menor exposición política y menor masa estudiantil reduce el incentivo de este tipo de conductas.
¿Qué manifiestan las amenazas?
Los mensajes advierten sobre ataques armados con armas de fuego, explosivos o cuchillos dentro de las instalaciones universitarias.
Fonseca explicó que el lenguaje utilizado es directo, alarmista y centrado en generar un impacto emocional inmediato, más que en transmitir un mensaje ideológico elaborado.
En el caso del TEC, el remitente llamó a “hacer una limpieza” mediante un ataque armado. El correo mencionaba una supuesta logística organizada y la existencia de “aliados armados” con la intención explícita de asesinar funcionarios, como parte de un alegado acto contra la “corrupción administrativa”.
En la segunda amenaza enviada a la UCR, también se advertía de un ataque armado, según confirmó la institución.
En el caso de la UNA, el remitente escribió: “Iré este lunes armado con mi escopeta para matar a tanta gente como sea posible en una sede de esta universidad y luego suicidarme. Pagarán todo el dolor que me causaron con sangre”. Además, adjuntó la foto del arma.
De acuerdo con Fonseca, estos mensajes buscan, sobre todo, provocar impacto emocional y social. Funcionan como un mecanismo de poder simbólico: generar miedo sin ejecutar violencia real.
No obstante, el OIJ indicó que no es posible discriminar las amenazas de antemano. Todas se atienden mediante los protocolos existentes y con los elementos de investigación disponibles.
Conforme avanza cada caso, la policía judicial incorpora nuevos indicios que permiten valorar las probabilidades de que una amenaza pueda concretarse o no.
Las amenazas han sido enviadas en horas del día, cuando hay gran afluencia de estudiantes y funcionarios en las universidades, lo cual, según la criminóloga, apunta a una intención de maximizar el efecto psicológico y mediático.
¿Quiénes podrían estar detrás?
La primera amenaza del 16 de octubre en la UCR provenía de un supuesto grupo de Internet denominado 764. La UNA recibió una amenaza firmada también por alguien que decía pertenecer a ese grupo. En el caso del TEC, la advertencia enviada fue denominada por el remitente como “OPERACIÓN SOBERANA CONSTITUCIÓN”.
Para Fonseca, el uso de nombres, símbolos o referencias a grupos extranjeros es imitativo (copycat). Hasta ahora no existe evidencia de células organizadas operando en Costa Rica.
La segunda amenaza enviada a la UCR, el 16 de noviembre, llegó desde la cuenta institucional de una estudiante que habría sido hackeada. También advertía de un ataque armado.
El formato digital, correos electrónicos anónimos, cuentas desechables y patrones copiados de amenazas difundidas en otros países, coincide con comportamientos observados en otras partes de América Latina.
Estas acciones pueden reflejar sensación de anonimato, rebeldía, aislamiento social o intentos de validar una identidad a través del miedo.
Fonseca afirmó que el perfil predominante corresponde a población joven, dado su alto nivel de exposición digital y su capacidad para manipular herramientas básicas de anonimato.
Además, señaló que no suelen ser personas con historial delictivo violento, sino individuos movidos por impulsos de atención, frustración, deseo de reconocimiento o necesidad de provocar disrupción. Su conducta calza más con acciones oportunistas e imitativas que con patrones ligados al crimen organizado o al terrorismo estructurado.
¿Cuál es su perfil?
Fonseca advierte que el perfil de quienes emiten amenazas o cometen ataques es un tema delicado, ya que no todos los casos responden al mismo patrón.
Aún así, existen características comunes que permiten entender el contexto del llamado “atacante activo”:
1. Aislamiento y frustración.
La criminóloga explicó que estas conductas suelen presentarse en población joven, especialmente adolescentes o adultos jóvenes que han estado aislados o con poca interacción social.
Este comportamiento se relaciona con la teoría de la tensión y la frustración sociológica, que plantea que las personas experimentan frustración cuando no logran cumplir las metas que la sociedad espera de ellas, como estudiar, tener un empleo estable o formar una familia.
2. Exposición constante a la violencia.
Fonseca señaló que el incremento de homicidios y delitos en el país ha generado un entorno donde la violencia se asimila como parte de la vida cotidiana.
Esta exposición puede hacer que algunas personas interioricen patrones violentos en respuesta a la frustración o al desarraigo social.
3. Búsqueda de poder y control.
Quienes cometen estas amenazas o actos suelen tener como objetivo generar caos colectivo. Buscan ejercer poder de manera oculta a través del miedo, y exponer la vulnerabilidad de las instituciones.
“Entre más caos se genere, más se alimenta el ego de quien cometió el hecho. Ese caos colectivo estimula y fomenta que el evento se repita en varias ocasiones”, comentó la experta.
¿Qué significa este comportamiento?
Desde la criminología, estas amenazas se clasifican como conductas desviadas: acciones que surgen tras observar casos similares en otros países y replicarlos localmente.
Sus motivaciones se relacionan más con llamar la atención, obtener validación social o experimentar sensaciones de poder mediante el miedo, que con una intención real de perpetrar un ataque.
Aún así, su impacto psicológico y social es significativo y no debe minimizarse, enfatizó Fonseca.