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Una amplia mayoría de los costarricenses desaprueba los métodos de presión utilizados por los sindicatos, durante las últimas dos semanas, para protestar contra la reforma fiscal impulsada por el Gobierno.
El 93% de la población condena, por ejemplo, la suspensión de servicios médicos provocada por el movimiento y el 82% critica los intentos por interrumpir el suministro de combustibles.
Por otra parte, el 78% de los ticos rechaza la suspensión de lecciones en escuelas y colegios estatales y un 72% se manifestó en contra de los bloqueos de carretera promovidos por los gremios.
Así lo revela una reciente encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), de la Universidad de Costa Rica (UCR), sobre la protesta contra el proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Dicho estudio también señala que la mitad de la población (52%) avala la huelga pero, al mismo tiempo, indica que un 93% considera que el recorte de gastos del Gobierno es el mejor camino para resolver el déficit fiscal del país.
El respaldo al movimiento es mayor entre las personas con nivel educativo bajo (primaria o menos), entre personas de entre 18 y 34 años de edad, y entre habitantes de Guanacaste, Puntarenas y Limón.
La investigación también indica que un 26% de los ticos desaprueba la protesta, mientras que un 21% no ha definido su posición al respecto.
Así mismo, se detalla que la única medida de presión que aprueban los entrevistados son las marchas, las cuales son aceptadas por el 76% de los entrevistados.
“Las marchas son las (medidas de presión), menos disruptivas. La gente va caminando por un lugar, obviamente bloquea el tránsito en ese momento pero el objetivo no es hacer daño al otro. Mientras que el bloqueo sí es impedir el paso, suspender servicios médicos o escolares, es hacer algo que de alguna manera se sabe que el Gobierno no puede tolerar y, entonces, esa es una medida de presión”, explicó Felipe Alpízar, director del CIEP.
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Por el contrario, el 73% de los consultados no aprueba el uso de la fuerza para dispersar los bloqueos en carretera y un 68% reprocha la intención del Gobierno de que el movimiento sea declarado ilegal.
La encuesta se realizó entre el 18 y 19 de setiembre pasados. Para ello, se entrevistó por teléfono celular a 723 personas mayores de edad, de todo el país. El estudio tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 3,6 puntos porcentuales.
¿Qué saben del déficit fiscal?
Además de medir la opinión popular sobre la huelga, el CIEP indagó el conocimiento de los costarricenses sobre el déficit fiscal del país y sobre las medidas que se deben adoptar para solucionarlo.
Sobre ese particular, el 81% de los consultados afirma saber sobre el déficit fiscal, pero solo un 51% entiende que se trata de un faltante de recursos para que el Estado pueda hacer frente a sus obligaciones.
Pese a ello, un 86% considera que la situación fiscal de Costa Rica es “muy grave”.
Al ser consultados sobre las medidas que se deben tomar para enfrentar el faltante de dinero del Estado, un 93% de la población considera que la solución debe pasar por la reducción de gastos del Gobierno.
Un 90% también se pronunció a favor de cobrarle más impuestos a la personas de mayores ingresos, mientras que un 81% consideró que se deben cobrar mejor los impuestos que ya existen, sin crear nuevos tributos.
Finalmente, solo un 45% se decantó por recortar los gastos del Estado y, al mismo tiempo, cobrar más impuestos
Los resultados del estudio se dieron a conocer este viernes, día en que la huelga completa dos semanas, mientras los gremios y el Gobierno intentan negociar en una mesa mediada por la Iglesia católica.
Piden suspender trámite y diálogo
El estudio dejó en evidencia que la población no respalda el principal objetivo de la huelga: detener el trámite de la reforma fiscal en la Asamblea Legislativa.
De hecho, la mayoría de los encuestados (un 65%) avala que se suspenda temporalmente el debate del proyecto para que el Gobierno y los gremios puedan sentarse a negociar.
Solo un 21% considera que la iniciativa se debe rechazar, mientras que el restante 14% aboga porque el proyecto se apruebe tal y como se encuentra en este momento.
Sobre lo que debe ocurrir en adelante, un 45% de las personas consultadas consideran que los sindicatos deben seguir en huelga, mientras que un 24% cree que el movimiento se debe deponer.
Otro 20% dice que el Poder Ejecutivo debe aceptar las exigencias de los huelguistas y el grupo más pequeño, de 12%, se inclina por que el gobierno se mantenga firme.
En opinión de Alpízar, director del CIEP, estos resultados deben entenderse como un llamado a los gremios y el Gobierno para que entablen un diálogo ágil, que genere soluciones.
“Yo creo que la gente le está mandando un mensaje muy claro tanto a los sindicatos como al Gobierno, de que se deben sentar a negociar. No solo sentarse a negociar eternamente, sino que se reconoce la seriedad de la crisis, se reconoce que hay malestar, que hay que escuchar a las partes, pero que ojalá haya un acuerdo para resolver la crisis”, dijo el investigador.
