El informe final de la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales del Congreso concluyó que el entonces candidato, y ahora presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, fue el autor intelectual de un esquema de financiamiento ilegal para su campaña, en el que además fue partícipe y tomador de decisiones.
El esquema es el fideicomiso Costa Rica Próspera, figura que captó recursos privados para pagar gastos de campaña electoral en el 2021, sin que el dinero entrara a las cuentas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) ni fuese reportado al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), como exige el Código Electoral.
Este lunes, luego de un año y cuatro meses de indagatorias, los diputados de esa comisión aprobaron el informe, en el cual se señala que la campaña de Chaves se habría beneficiado de al menos dos aparentes estructuras paralelas, así como de presuntas donaciones ocultas, contribuciones por interpósita mano, sedes no reportadas y mal uso de bonos de deuda política.
La investigación también señala que, en el caso de la campaña del Partido Liberación Nacional (PLN), el video conocido como “Salto al vacío” habría constituido una donación no reportada. Asimismo, el documento cuestiona los términos de un financiamiento del empresario Rafael Ángel Zamora, dueño de Pedregal, a la campaña de Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR).
El informe fue votado con cinco votos a favor de Dinorah Barquero y Francisco Nicolás del PLN; Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), y Jorge Dengo, del Liberal Progresista (PLP). La oficialista Ada Acuña, del PPSD, se salió de la sesión antes de la votación.
El papel de Chaves
El 5 de marzo del 2022, luego de la primera ronda electoral, La Nación reveló que la campaña del candidato Rodrigo Chaves recibió financiamiento sin que el dinero entrara al partido.
La ley electoral prohíbe el financiamiento paralelo. Eso significa que, aparte del tesorero de un partido o de las personas que designe el Comité Ejecutivo, ninguna persona o grupo tiene autorización para gestionar fondos en beneficio de un partido. De hecho, el Código Electoral prevé sanciones para quienes realicen aportes de esta manera y para los dirigentes que reciban aportes “valiéndose de una estructura paralela para evadir el control del partido político”.
El 5 de setiembre del 2022, con 34 votos, la Asamblea Legislativa conformó la comisión investigadora del financiamiento a partidos políticos. Ahora, en su informe final, explica que el fideicomiso Costa Rica Próspera fue administrado por la empresa fiduciaria ATA Trust Company, la cual era presidida por el actual canciller de la República, Arnoldo André Tinoco.
Agrega que el ahora canciller fue el encargado de administrar el fideicomiso, según declaró el abogado Alonso Vargas Araya, representante legal de ATA Trust.
A su vez, la investigación concluye que la administración respondía a la tutela y orientación de Rodrigo Chaves, quien “une a los diferentes partícipes del fideicomiso en todas las facetas e instancias”, como “tomador de decisiones” en diversas acciones.
El actual mandatario fue de los fundadores del fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual nunca fue avalado por el TSE como figura para captar donaciones electorales, continúa el documento.
Costa Rica Próspera recibió donaciones de personas jurídicas y de un extranjero, a pesar de que el artículo 128 del Código Electoral prohíbe este tipo de contribuciones.
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“El fideicomiso fue utilizado para recibir fondos y pagar gastos de campaña del Partido Progreso Social Democrático. Así fue confirmado por el señor Rodrigo Chaves Robles mediante nota enviada al Tribunal Supremo de Elecciones, donde confirmó que las cuentas del fideicomiso estaban recibiendo fondos para campaña.
“Además, se publicó una convocatoria a una cena de campaña en donde figuran los logos y colores del partido Progreso Social Democrático y la candidatura de Rodrigo Chaves Robles. En la misma, se indican las cuentas del Fideicomiso Costa Rica Próspera para recibir los fondos de dicha actividad”, reseña el informe.
Esta figura captó cerca de ¢100 millones de nueve personas y dos sociedades anónimas.
Los gastos electorales
De acuerdo con los elementos obtenidos en la investigación, el fideicomiso pagó gastos como el salario de las personas que trabajaron en un call center en donde “debían llamar y acercar el electorado al partido Progreso Social Democrático”.
Además, Costa Rica Próspera pagó la sede central de la campaña del PPSD en barrio La California, en San José, así como viáticos y servicios profesionales de candidatos como los actuales diputados Manuel Morales Díaz y Paola Nájera Abarca.
La estructura también financió material audiovisual para la campaña de Chaves. Por ejemplo, canceló $83.724 a la empresa publicitaria Madison Revolution, pero, a la vez, el empresario y banquero, Jack Loeb Casanova, pagó otros $49.861 a esta firma por trabajos electorales “a favor del PPSD y utilizados, entre otras cosas, para pautar en los canales 6 y 7″.
El informe agrega que dichos montos pueden ser verificados en la demanda que Madison planteó contra Rodrigo Chaves, la diputada Pilar Cisneros y el PPSD por trabajos no pagados (expediente N.° 22-000027-1623-CI).
El audio de Brunner
El documento también hace énfasis en un audio del actual primer vicepresidente de la República, Stephan Brunner Neibig, quien fue el tesorero del PPSD en la campaña.
En la grabación, de marzo del 2022, Brunner le dijo a Chaves que sabía que la campaña se había beneficiado de un fideicomiso en el que personas jurídicas “metieron plata” y que, por tanto, había dinero y activos “contaminados”.
El documento concluye que Chaves y Brunner “tenían conocimiento de la ilegalidad del fideicomiso Costa Rica Próspera en el uso para la campaña electoral 2022″.
El documento expone que Chaves fue electo candidato presidencial del PPSD desde el 4 de julio del 2021 y ratificado el 19 de setiembre del mismo año. “Se confirmó que el señor Rodrigo Chaves Robles era candidato presidencial y, por lo tanto, el uso del fideicomiso ilegal para financiamiento de su campaña configuró delitos electorales”, cita el documento.
La segunda estructura paralela
La segunda estructura paralela señalada en el informe habría operado mediante las cuentas bancarias en el Banco Nacional de Sofía Agüero Salazar, quien fuera asistente de Rodrigo Chaves durante la campaña electoral.
Según el documento, Agüero recibió $195.816 provenientes de Jack Loeb Casanova que “fueron utilizados con fines electorales para apoyar las candidaturas del señor Julio Ubaldo Agüero Sanabria (padre de Agüero Salazar), para ocupar el cargo de diputado, y del señor Rodrigo Chaves Robles como candidato a la Presidencia de la República”.
El informe recomienda al Ministerio Público levantar el secreto bancario a Chaves, al canciller Arnoldo André, Sofía Agüero y Jack Loeb, entre otras figuras, además de indagar si los donantes del fideicomiso “han recibido alguna ventaja indebida o indirecta del actual gobierno”, como nombramientos o cualquier disposición que configure el delito de tráfico de influencias.
En un informe de 150 páginas enviado a la Fiscalía, el 8 de junio del 2022, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también había concluido que “existen indicios suficientes para presumir” que se utilizó un “esquema oscuro de financiamiento” en la campaña del hoy presidente de la República y del partido oficialista.
Las revelaciones de Choreco
El informe de la comisión investigadora también hace referencia a dos hechos relacionados con el exdirector de comunicaciones de la campaña y exasesor de imagen presidencial, el publicista Federico Cruz Saravanja, conocido como Choreco.
La primera es la revelación que el propio Choreco hizo en la comisión, de que en campaña recibió una donación de big data de parte del consultor político argentino José Norte, a pesar de que la ley prohíbe aportes de extranjeros.
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La segunda es que el equipo de comunicación dirigido por Federico Cruz operó en una casa en San Pedro de Montes de Oca, cuya donación o alquiler no fue reportada al TSE.
Los diputados también consideran una sede no reportada unas oficinas que el exdirector de campaña de Chaves, el empresario Calixto Chaves Zamora, tuvo en el hotel Aurola.
Donación por interpósita mano
El documento también califica de donación por interpósita mano la venta de bonos que el PPSD hizo al ciudadano costarricense De Sheng Lin Hu.
Según los diputados, De Sheng Lin Hu hizo dos depósitos al PPSD por un total de ¢120 millones, pero el dinero en realidad venía de sus padres, Zufan Lin y Weiwen Hu, quienes son extranjeros.
Por último, el documento cuestiona que Progreso haya usado bonos para pagar gastos ordinarios como alimentación y publicidad, sin reportarlo así al TSE, lo que considera una desnaturalización de la figura de los certificados de cesión.
La investigación cita el uso de bonos para pagar 25.000 almuerzos al señor Fengliang Zheng Zheng, al igual que los servicios del comunicador Alejandro Brokke Álvarez, “contra sus voluntades”.