Una aparente tala ilegal en el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en la costa del Caribe sur (cantón de Talamanca), salpica al gobierno de Rodrigo Chaves. La situación llegó al grado de que la Fiscalía detuvo a cuatro funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y al empresario Allan Pacheco Dent, representante de una sociedad anónima que obtuvo presuntos permisos irregulares para derribar árboles en el refugio.
El caso subió de tono al conocerse que el presidente Rodrigo Chaves y el personal de Casa Presidencial efectuaron dos fiestas en una finca de la familia de Pacheco Dent en San José de la Montaña, en Barva de Heredia.
Ese recinto, el centro de eventos V Entertainment, también entrenó la Unidad Especial de Intervención (UEI), un cuerpo policial que responde a las órdenes del presidente de la República y tiene, entre sus funciones, la protección de este. Incluso, este inmueble se usó para una actividad de campaña electoral cuando Chaves era candidato presidencial.
Además, el empresario visitó en al menos siete ocasiones la Casa Presidencial, entre junio del 2022 y octubre del 2023, al tiempo que Chaves lo nombró en un cargo en el Ministerio de Cultura.
“No sé cuál es la acusación. El señor vive a la par de mi casa o vivió, pero literalmente la puerta que sigue. Si yo quisiera hacer algo raro, oscuro, nada más tiene que venir o hubiera tenido que venir”, alegó el mandatario, el miércoles 17 de julio, en conferencia de prensa.
Por estos hechos, la Fiscalía General confirmó, este viernes, que tiene una investigación abierta por el presunto delito de tráfico de influencias. La causa se abrió el 13 de junio, se tramita bajo el expediente N.° 24-000041-0033-PE y, de momento, no hay personas imputadas.
¿Cómo se inició el caso?
Este caso se remonta a mayo del 2024, cuando vecinos de Talamanca denunciaron la aparente extracción de tucas de madera del refugio de vida silvestre. En redes sociales, circularon decenas de fotos y videos alertando de la situación.
Días después, en una conferencia de prensa efectuada el 24 de ese mes, Chaves llamó al ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, y este dijo que estaban en orden los permisos de aprovechamiento forestal otorgados por el Sinac a la firma Playa Manzanillo S. A., vinculada a Pacheco Dent.
De seguido, Chaves agregó: “No vamos a destruir el tesoro de la costa de Limón, pero tampoco se lo vamos a dejar a la fauna. ¿Qué es el balance correcto? Hay gente extrema que dice: ‘Hay que ir a construir hoteles enormes de cinco estrellas’, no señor; ‘ah no, hay que dejárselo a los monitos, no señor’. Es el balance de la sostenibilidad”.
Sin embargo, investigaciones de La Nación, de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) revelaron hechos adicionales.
Allanamiento a la Municipalidad de Talamanca
El martes 21 de mayo, el Ministerio Público allanó la Municipalidad de Talamanca debido al supuesto otorgamiento ilegal de un permiso de aprovechamiento forestal para la extracción de madera. Ese día se detalló que se investigaban los presuntos delitos de cambio de uso de suelo, invasión a la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y otros.
Tres días después, el 24 de mayo, este diario reveló que el presunto permiso ilegal habría contemplado la donación de caminos a la Municipalidad de Talamanca y que, por esa razón, se allanó el ayuntamiento.
“Cuando se habla de entregar a la Municipalidad caminos públicos, eso significa que van a urbanizar”, declaró ese día Luis Diego Hernández Araya, fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental. En esa publicación, también se detalló que la propiedad está a nombre de la empresa Playa Manzanillo S. A., representada por el empresario Allan Pacheco Dent.
El fallo de la Sala IV
Esa finca se ubica dentro de 188 hectáreas de bosque que fueron cedidas a terceras personas mediante una ley aprobada en el 2014. Sin embargo, la Sala IV la declaró inconstitucional cinco años después, en julio del 2019.
La norma kla impulsaron los actuales alcaldes de Matina y Pococí, Wálter Céspedes y Manuel Hernández, cuando fueron diputados por el PUSC y el Movimiento Libertario.
En la sentencia, los magistrados ordenaron al Sinac y a la Procuraduría General de la República recuperar esos terrenos con cobertura boscosa, en un plazo de 12 meses, porque se trata zona protegida inalienable, es decir, que pertenece al Patrimonio Nacional del Estado y no se puede donar o vender a privados.
Pese a esa orden, cinco años después, esas tierras no se han incluido en los límites del refugio y, por el contrario, el Sinac sigue otorgando permisos de aprovechamiento forestal como el que recibió Playa Manzanillo S. A..
Esa firma, representada por Pacheco Dent, obtuvo la autorización a pesar de que un 20% de la finca en cuestión está dentro de la ZMT, según un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN). A raíz de esta situación, la Fiscalía sospecha que “hubo una serie de irregularidades para la emisión de permisos de aprovechamiento forestal”.
“Se cree que se buscaba cambiar el uso de suelo en las áreas de bosque y humedales, con el presunto fin de desarrollar una infraestructura urbanística”, dijo el Ministerio Público.
Fiscalía denuncia tráfico de tierras en Caribe Sur
El 5 de junio, el fiscal coordinador de la Fiscalía Ambiental, Luis Diego Hernández Araya, denunció el aparente tráfico de tierras en el litoral del Caribe Sur.
Explicó que ese delito consiste en el uso perverso y sistemático de mecanismos aparentemente legales para integrar tierras del Estado a diversos mercados, como el inmobiliario, y lucrar con los terrenos.
Para lograrlo, agregó, se recurre a testaferros, segregaciones, zonificaciones y permisos de tala con el fin de cambiar la categoría de Patrimonio Natural del Estado que tienen ciertas tierras, con el fin último de trasladarlas a un régimen de administración particular y de competencia municipal.
Sala IV tuvo que desmentir a la directora del Sinac
Pese al fallo de la Sala IV y a las investigaciones de la Fiscalía, la directora del Sinac, Maylin Mora Arias, negó que los magistrados constitucionales hubiesen ordenado delimitar el área del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo. Lo dijo el 26 de junio durante una comparecencia ante la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, la Sala Constitucional salió a desmentir a Mora Arias. En una nota de prensa enfatizó en que sí emitió esa orden en la sentencia 2019-12745, del 10 de julio del 2019.
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El incumplimiento del Inder
La Nación reveló, el 1.° de julio, que el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) lleva más de dos años sin cumplir la orden de recuperar al menos 64 hectáreas de tierras, según el fallo de la Sala IV.
Desde el 7 de marzo del 2022, la Procuraduría General de la República (PGR) había remitido una lista de 137 fincas que deben regresar al Patrimonio Natural del Estado y, sin embargo, esa institución no ha entablado ningún proceso de lesividad de los actos administrativos ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
La PGR enumeró esas propiedades con base en un estudio que le remitió el Sinac, en febrero del 2021. En ese análisis se incluyeron las fincas con algún porcentaje de cobertura boscosa, que estuvieran dentro de la Zona Marítimo Terrestre, o bien, que comprendían humedales. Es decir, tierras inalienables que pertenecen al Estado y que no se pueden venderse.
Paralelamente, el abogado del Estado solicitó 15 estudios de imágenes satelitales al Instituto Geográfico Nacional (IGN). Con esos insumos, remitió un oficio el 7 de marzo del 2022 al entonces presidente del Inder, Luis Diego Aguilar Monge, quien dejó el cargo dos meses después con el cambio de gobierno (oficio DAA-OFI-370-2022).
En ese documento de 30 páginas, la Procuraduría recordó al Inder su competencia y responsabilidad de ejercer las acciones legales en defensa del patrimonio público y recuperar las tierras protegidas. El abogado del Estado llegó a esa conclusión porque las fincas que fueron desafectadas eran del antiguo Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), que se transformó en Inder.
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Tierras en manos de extranjeros o empresas
Un día después, y tras un estudio registral, este diario dio a conocer que el 87% de las 137 fincas está en manos de personas jurídicas o extranjeras.
102 pertenecen a sociedades anónimas (S. A.) o de responsabilidad limitada (SRL), mientras que otras 17 a foráneos. Solo las restantes 18 pertenecen a nacionales.
Entre los extranjeros dueños de propiedades, hay españoles, estadounidenses, suizos, brasileños, franceses y argentinos.
La mitad de las fincas (75) cambió de dueños en los últimos cinco años, luego del fallo de la Sala Constitucional. Tres de los terrenos se dividieron en varias propiedades, mientras otros dos se unieron en uno solo.
Si bien en un principio se contemplaba que eran 180 hectáreas con cobertura boscosa que debían volver al refugio, lo cierto es que a muchos de esos terrenos se les cambió su uso de suelo y ahora, se presume que ahí hay, al menos, 64 hectáreas colmadas de árboles en esas 137 propiedades.
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Procurador pide cuentas al Inder
Tres días después de la publicación de este diario, el procurador general, Iván Vincenti, alertó a la Sala IV de que el Sinac, un órgano adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), lleva cinco años sin cumplir la orden de delimitar Gandoca-Manzanillo.
El jueves 4 de julio, mediante una nota titulada “gestión de incumplimiento”, Vincenti evidenció que la inacción del Sinac pone en peligro el patrimonio natural del Estado y genera “un estado de incertidumbre sobre el uso adecuado de esos terrenos”.
En ese mismo documento, informó a los magistrados de que pidió cuentas al Inder por el incumplimiento de la orden.
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Desaparición de humedales
Posteriormente, el 14 de julio, La Nación reveló que el Sinac “desapareció” en mayo anterior casi 92 hectáreas (ha) de humedales en un informe sobre la delimitación de estas áreas protegidas en la ZMT del litoral de Talamanca.
El área suprimida incluye la zona en disputa que la Sala IV ordenó delimitar, donde personas particulares adquirieron terrenos inalienables.
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Cinco detenciones y fiestas en finca
El 16 de julio, el Ministerio Público detuvo a cuatro funcionarios del Sinac y al empresario Pacheco Dent.
Al día siguiente, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, denunció que funcionarios de Casa Presidencial realizaron una fiesta en una finca de la familia de Pacheco Dent, ubicada Barva de Heredia, en diciembre del 2022.
De seguido, La Nación también reveló que, mediante el actual ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, el presidente Chaves convocó a una fiesta bailable a los jerarcas del gobierno en la misma finca, el centro de eventos V Entertainment, en octubre del 2022.
El 23 de setiembre del 2022, según consta en chats obtenidos por este diario, Rodríguez Vives, escribió a las 8:58 a. m. al equipo de gobierno:
“Aviso parroquial para el próximo sábado 15 de octubre. El presidente quisiera que organicemos un convivio, algo social. Serían jerarcas y sus parejas solamente. Estamos terminando la negociación con la finca donde lo haríamos. Es una fiesta bailable, hay polígono para los que quieran ir a disparar.
“No fotos, no videos. Vamos a tener una cajita para los celulares. Lleven lo que se van a tomar con sus ligas, gracias”, agregó Rodríguez.
Visitas a Casa Presidencial
Pero el asunto no termina ahí. Pacheco Dent era un asiduo visitante de Casa Presidencial, con al menos siete visitas, según bitácoras de Zapote, entre junio del 2022 y octubre del 2023.
Pasada la contienda electoral y, apenas un mes después de asumir el actual gobierno, el empresario registró su primera visita. La Nación detectó que ingresó el 8 de junio del 2022 para reunirse con el jefe de seguridad de Presidencia y de la Unidad Especial de Intervención (UEI), Jeffry Cerdas. En las bitácoras de ingresos y salidas del puesto cinco, consta que llegó a las 11:30 a. m. y que estuvo ahí una hora.
Adicionalmente, se detectaron otros seis encuentros. En tres ocasiones, se volvió a reunir con Cerdas, en dos acudió al despacho de Rodrigo Chaves y, en una sétima visita, no se especificó a dónde iba.
Puesto en órgano público
Sumado a eso, en mayo del 2023, Chaves lo nombró directivo en la Comisión Fílmica del Ministerio de Cultura, que procura alianzas entre el sector público y privado a favor de realizaciones y producciones cinematográficas y audiovisuales.
Su nombramiento se divulgó en el diario oficial La Gaceta del 31 de mayo de ese año y lleva la firma de Chaves. Ahí se estableció que la designación regía desde el 1.° de mayo del 2023 y hasta el 30 de abril del 2025. Sustituyó a Sergio Miranda Torres.
Entrenamientos del Cuerpo policial de Presidencia
Este diario también reveló que la Unidad Especial de Intervención (UEI), cuerpo policial adscrito a la Presidencia de la República, entrenaba en una finca de la familia de Pacheco Dent.
La UEI responde a las órdenes del presidente de la República y tiene, entre sus funciones, la protección del gobernante. Su director desde junio del 2022 es Jeffry Cerdas Lobo, a quien Pacheco Dent había visitado en Casa Presidencial.
La Nación tuvo acceso a fotografías en las que se observa a los funcionarios de la UEI entrenando en la finca V Entertainment.
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Acto proselitista de Chaves
El 26 de marzo del 2022, Pacheco Dent facilitó las instalaciones de V Entertainment para el cierre de campaña, en Heredia, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), previo a la segunda ronda del 2 de abril de ese año. Así lo confirmó la organizadora de la actividad, Virginia López Rojas.
Ella contó que el empresario cobró un “monto simbólico” por el uso de la finca.
“Todos los eventos que se hacen ahí se coordinan con él (Pacheco Dent). Fue un pago simbólico, de eso sí me acuerdo. Ellos querían ayudar, como ya habíamos trabajado en otras cosas, pedimos la ayuda. Usted sabe que en esto usted paga, pero también le ayudan los proveedores, los empresarios. Por ejemplo, si yo voy a poner una tarima y es algo de beneficencia, le pido ayuda al proveedor para bajar costos”, dijo López.