EscucharLa contralora general, Marta Acosta, explicó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, que la vía pretendida por el gobierno para comprar escáneres antidroga a Radiográfica Costarricense (Racsa) habría permitido contratar a un tercero sin un concurso público.
Por esa razón, la Contraloría General de la República (CGR) ordenó al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) detener de inmediato el proceso en diciembre pasado.
Chaves alegó que esa decisión se fundamentó en una interpretación de la ley y dijo que la CGR debió hacer una fiscalización posterior. “Si hubiese corrupción en escáneres de Racsa, metan a la cárcel a quien tengan que meter, pero se enfocaron en la letrita, eso es lo que yo entiendo”, afirmó.
El SFE pretendía contratar a Radiográfica mediante una excepción de la Ley General de Contratación Pública. Se trata del numeral que permite contrataciones entre entidades públicas sin concurso, siempre que se haga un estudio de mercado.
No obstante, la Contraloría explicó que, para usar esa figura, es obligatorio que la institución contratada provea al menos el 70% del objeto y que esa disposición se introdujo, precisamente, para cerrar la posibilidad de empresas privadas sean contratadas a dedo mediante un intermediario estatal.
En este caso, Racsa no provee escáneres, pero había hecho una alianza estratégica con el consorcio Corp Low Risk Costa Rica S. A., el cual se puso en contacto con la empresa estatal gracias a una gestión de Braulio Venegas Dijeres, expresidente de Incop que renunció al cargo por su relación con un sospechoso de lavado de dinero del Caso Corona.
La alianza estratégica no es compatible con la contratación excepcional entre instituciones, señalaron Marta Acosta y su asesora, Jeanine Herrera, durante la reunión que realizaron este jueves con el mandatario y algunos de sus jerarcas.
Agregaron que no se hizo el estudio de mercado, sino que se realizó un sondeo que determina un precio promedio, con base en la selección de Racsa y otros proveedores.
Herrera le dijo a Chaves: “La excepción regula que el ente público tiene que ser idóneo, porque eso es lo que justifica que las dos entidades puedan contratar de manera directa sin competencia. Esa idoneidad no se puede garantizar a partir de una alianza estratégica. La propia ley dice que no puede utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros”.
Un criterio similar manifestó Acosta, quien le reiteró al presidente que la contratación no procedía, porque Racsa iba a subcontratar una empresa privada mediante una alianza estratégica, y la ley cierra la posibilidad de que compañías privadas sean contratadas sin concurso mediante esa figura.
Al respecto, Chaves argumentó que Racsa sí es una institución idónea, pese a que no tiene la tecnología necesaria para colocar los escáneres. Mauricio Barrantes, gerente de Radiográfica, dijo que la firma estatal proveería más del 70% del objeto contractual.
Además, el mandatario argumentó que no hay una contratación directa entre el SFE y la empresa privada, sino que el SFE contrata a Radiográfica y esta, a su vez, se alía con la empresa privada.
El presidente Chaves respondió que el órgano contralor debió dejar al gobierno contratar a Racsa, e insistió en que la CGR incurrió en una interpretación de la ley para detener la contratación.
“No era un proceso de contratación; era un proceso de alianza estratégica. Yo me pregunto por qué Costa Rica sigue obstaculizándose por cosas de forma y de interpretación, cuando esto urge. Lo que importa es el resultado, no la forma ni el proceso”, argumentó el mandatario.
El mandatario le pidió a Marta Acosta decirle mediante cuál mecanismo de contratación podrían colocar los escáneres antidroga. Sin embargo, la jerarca le aclaró que esa decisión le compete solamente al Poder Ejecutivo.
El pasado 8 de enero, Casa Presidencial presentó un recurso de revocatoria sobre la contratación de los escáneres antidroga, luego de que la Contraloría ordenara frenar el proceso debido a que el Ejecutivo incurrió en “yerros graves” en el proceso.
No obstante, el martes 30 de enero, el gobierno decidió retirar el recurso, con el objetivo de poder hablar de ese tema en la reunión que ambos jerarcas realizaron este jueves. Ahora, la única vía legal con la que cuenta Casa Presidencial es llevar el caso al Tribunal Contencioso Administrativo.
