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Los diputados Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Danny Vargas, de Liberación Nacional (PLN), solicitaron a la Contraloría General de la República (CGR), desde finales de setiembre pasado, investigar el contrato de escáneres del Gobierno con Radiográfica Costarricense (Racsa).
En un oficio remitido al ente contralor el 28 de setiembre, pedían verificar si las actividades contractuales de Racsa y del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart) son contrarias a las normas y principios que rigen la contratación administrativa y la hacienda pública, para beneficio de esas empresas e instituciones públicas.
Específicamente en lo relacionado con el sistema de escáneres, los congresistas puntualizaron que la Contraloría hizo señalamientos al Ministerio de Hacienda en cuanto al deber de respetar el marco jurídico establecido en todo el proceso de contratación del Sistema de Inspección No Intrusiva (SINI).
La advertencia se realizó, en aquel momento, a raíz de un decreto del 29 de noviembre del 2022 en que el Poder Ejecutivo declaró de interés público el SINI y estableció que Racsa debe proveer la solución y equipamiento de esa tecnología de escaneo de contenedores.
Aunque el negocio de los escáneres se mantuvo sin definirse por varios meses, el jueves 14 de diciembre se publicó un concurso público, a instancias del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), dependencia del MAG, hecho a la medida de Racsa, con el fin de adjudicar un contrato para escáneres antidroga en puertos marítimos y fronteras.
Ese concurso solo permite participar a entidades públicas y el proveedor del servicio debe demostrar que tiene “al menos un contrato vigente para el servicio de escaneo en algún punto de entrada y salida del territorio nacional”, condición que solo cumple Racsa.
A la fecha de la petición de los diputados a la Contraloría, el decreto presidencial que beneficiaba a Racsa no había sido cambiado, y Radiográfica había firmado con la concesionaria APM Terminals un contrato de servicios para la operación de los equipos de escaneo en la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Allí, Racsa provee los servicios en conjunto con un socio estratégico, que es un consorcio compuesto por Corp Low Risk Costa Rica S. A., Distrivet S. A. y Productos y Procesos Industriales Propinsa Costa Rica S. A.
El lunes, La Nación dio a conocer que Braulio Venegas, expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), enlazó a Racsa con su socio estratégico para ese negocio de escaneo antidroga.
Venegas tuvo que renunciar al Incop, en noviembre, luego de que este medio reveló que había gestionado una cita para un sospechoso del Caso Corona, investigación judicial sobre tráfico internacional de cocaína líquida, y que en las escuchas telefónicas de ese caso se mencionaba a un Braulio que haría gestiones a favor de los sospechosos de narcotráfico.
En la denuncia de los diputados, enfatizaron que la Contraloría había señalado que ese mandato del decreto presidencial no podía entenderse como un acto de adjudicación ni como una etapa de un procedimiento de contratación pública a favor de Racsa.
El cuestionamiento de los diputados era que se quisiera designar a dedo a Racsa para proveer la solución tecnológica y el equipamiento para los escáneres, sin mediar ningún procedimiento de contratación administrativa.
“Con mucha preocupación, vemos que las advertencias de la CGR son ignoradas por el Ministerio de Hacienda y por Racsa, que continúan avanzando en el desarrollo del SINI por parte de Racsa, pese a la ilegalidad de su adjudicación, incurriendo en un claro desacato de lo ordenado por la CGR”, plantearon en aquel momento.
Consultada respecto a esta denuncia, Castro aseguró que se enviaba a la Contraloría por la sospecha de que, desde el Gobierno, se quería aplicar con Racsa un modus operandi similar al del Sinart, para realizar una serie de contrataciones directas, según objetivos de la administración, de forma supuestamente irregular.
Etapa preliminar en Contraloría
Aunque la Contraloría, a través de la oficina de prensa, no hizo referencia a la denuncia de Castro, confirmó que se han recibido varias denuncias sobre diversas contrataciones a Radiográfica Costarricense.
Además, la entidad puntualizó que hay dos denuncias en etapa de admisibilidad relacionada con las contrataciones a Radiográfica, según información proporcionada por la Unidad de Denuncia Ciudadana del ente contralor.
En días recientes, el diputado Francisco Nicolás hizo una serie de denuncias sobre contrataciones directas de Racsa, específicamente sobre tobilleras electrónicas para monitoreo de privados de libertad, tecnología 5G, así como servicios de software y mantenimiento informático, supuestamente de forma irregular.
