Los argumentos de los diputados para oponerse a la reelección del magistrado Paul Rueda no parecieran ser transparentes, por ahora.
Estos son tres puntos de interés nacional para esta semana:
1. EL CASO DE PAUL RUEDA. Un grupo de diputados parece estar dispuesto a no reelegir al magistrado de la Sala IV, Paul Rueda, sin dar explicaciones sólidas sobre las razones y, más bien, entrando en el campo de las contradicciones.
Aquí, la pregunta de fondo es: ¿están facultados los políticos para prescindir de un magistrado por sus sentencias?
Un sector de la política cree que sí y ha demostrado su creencia. En el 2012, liderados por Liberación Nacional (PLN), 38 legisladores votaron en contra de la reelección del magistrado Fernando Cruz, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia.
"Es una llamada de atención" a la Corte, dijo en aquel entonces el diputado liberacionista Fabio Molina.
"La Sala Constitucional se había excedido en sus competencias y había que restaurar el equilibrio entre poderes (...). Hoy, lo que hicimos fue reivindicar a la Asamblea Legislativa como primer poder de la República, haciendo un poco real el refrán popular de decirle a la Sala ‘zapatero a tus zapateros’", fueron las palabras de Molina.
Luego, la votación fue declarada extemporánea y Cruz permaneció en el cargo.
Ahora, con el tema de la reelección de Rueda sobre la mesa, el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca se sincera ante la opinión pública y reconoce que está estudiando las resoluciones del magistrado constitucional para decidir si se opone a su continuidad o no.
Entre los votos que estudia, mencionó, por ejemplo, el que restringió la pesca de arrastre por considerarla ambientalmente perjudicial.
Además, plantea un argumento que podríamos llamar electoral-localista: “Yo creo en unas cosas y les ofrecí a los cartagineses eso. Mi criterio va a estar basado en las sentencias y si eso coincide con mi oferta electoral y la demanda electoral de las personas que votaron por mí. Si don Paul no coincide conmigo en un criterio, yo no tengo que cambiar mi criterio solo porque al dios del Olimpo no lo puedo tocar”.
Resulta extraño tener que adaptar las resoluciones de un tribunal constitucional a la oferta que se le hizo a una parte del electorado en una provincia específica, pero al menos este es el más franco de los diputados en este caso. Veamos los siguientes:
-El legislador de Restauración Nacional, Carlos Avendaño, quien ha sido diputado tres veces, dice que no cree en la reelección.
-El liberacionista Luis Fernando Chacón alega que el Poder Judicial amerita un cambio generacional en las más altas autoridades. No obstante, hace nueve meses, votó a favor de reelegir a la magistrada de la Sala II Julia Varela, de 65 años, para un tercer periodo de ocho años, mientras que Rueda aspira a un segundo.
-Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional, dice que cuando la Comisión de Nombramientos votó el caso de Paul Rueda, ella asistió en sustitución de Floria Segreda y simplemente siguió la línea de su compañera de fracción a la hora de escribir “NO” en el papel de recomendación.
Xiomara Rodríguez también niega que su voto tenga que ver con la famosa frase que dijo en agosto del 2018, “porque, señores magistrados, acá son reelegidos ustedes”, cuando estaba recién salido el voto que avaló el matrimonio igualitario.
En la Comisión de Nombramientos de la Asamblea, en votación secreta, cinco diputados se pronunciaron en contra y dos a favor de la reelección de Rueda. Ahora, el asunto va para el plenario legislativo.
Del otro lado de la moneda, la jueza penal Rosaura Chinchilla Calderón, coordinadora de la Maestría en Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), afirmó que ningún juez o jueza puede ser destituido por el contenido de sus resoluciones de acuerdo con la normativa legal y la jurisprudencia interamericana.
En su criterio, decidir sobre esa base sería una grave violación a la independencia judicial.
La jueza Chinchilla incluso manifestó que, como un “derecho humano que es”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha venido desarrollando jurisprudencia sobre la independencia judicial.
“La independencia judicial es un derecho que tienen todas las personas a contar con jueces o juezas que resuelvan sus conflictos conforme a derecho y sin que cedan ante presiones”, declaró.
2. INFORMALIDAD Y DESEMPLEO. En el país hay un millón de trabajadores informales, es decir, personas que no cotizan para la CCSS.
La informalidad incluso se adentra en el campo de quienes ofrecen servicios profesionales. De acuerdo con cálculos del INEC, al primer trimestre del 2019, solo uno de cada diez trabajadores independientes que ofrecen servicios profesionales cotiza para la CCSS.
En esa condición se encuentran profesionales como médicos, enfermeros, ingenieros, profesores, publicistas, oficinistas y asistentes. Unos 65.500 trabajadores independientes calificados no cotizan; solo lo hacen 5.500.
En busca de una solución al problema, el diputado del PUSC, Pedro Muñoz, propuso igualar la cuota que deben pagar los trabajadores independientes a la CCSS con el monto que deben aportar los asalariados en sus cargas sociales.
Hoy, los independientes deben desembolsar entre un 10,5% y un 18,5% de sus ingresos, según lo determine la Caja, mientras que los asalariados pagan el 10,3%.
Esta propuesta para reducir la informalidad y el desempleo, que también incluye una amnistía para los independientes morosos con la CCSS, amerita tomarse en serio.
¿Alguien de verdad cree que los miles de independientes que no cotizan para la CCSS no reciben los servicios de salud de la institución? La gran mayoría ya los recibe, posiblemente por medio de familiares, y sin que la CCSS perciba nada por ello.
Sería mejor facilitarles el aseguramiento y aumentar los ingresos del sistema para cubrir costos que posiblemente no variarán. En lo que sí habría que tener más cuidado es en asegurar los ingresos de los nuevos asegurados para el apartado de pensiones, pues allí sí aumentaría el gasto.
3. LO QUE OCURRIÓ EN EL INA. Dos artículos de La Naciónrevelan hechos cuestionables que ocurrieron en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) durante el gobierno de Luis Guillermo Solís.
Por un lado, el Ministerio Público investiga un contrato que el INA firmó con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en julio del 2017, para desarrollar un plan de modernización por $780.500 (alrededor de ¢460 millones), en el que los consultores y colaboradores se escogerían bajo las reglas de confidencialidad de la OIT.
El contrato se adjudicó sin concurso previo y sin refrendo de la Contraloría General de la República. Cuando Maynor Rodríguez era el presidente ejecutivo, el Instituto alegó que tales requisitos no eran necesarios.
Además, el INA le pagó a la OIT la mitad del monto del contrato sin haber recibido un solo producto.
Asimismo, dos informes de Auditoría señalaron que el INA realizó un intento atropellado por crear un “centro virtual”, el cual llevó a la institución a gastar en viajes, consultorías, capacitaciones y traslado de personal, sin cumplir con los requisitos mínimos de planificación.