El Ministerio Público investiga un contrato que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) firmó con la Organización Internacional de Trabajo (OIT), en julio del 2017, para desarrollar un plan de modernización por $780.500 (alrededor de ¢460 millones), en el que los consultores y colaboradores se escogerían bajo las reglas de confidencialidad de la OIT.

A raíz de una denuncia presentada por el sindicato del INA el 20 de febrero del 2018, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción explora si se cometió un presunto delito de peculado.

El contrato se adjudicó sin concurso previo y sin refrendo de la Contraloría General de la República. Cuando Maynor Rodríguez era el presidente ejecutivo, el Instituto alegó que tales requisitos no eran necesarios.

Además, el INA le pagó a la OIT la mitad del monto del contrato sin haber recibido un solo producto.

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En abril de 2018, los directivos acordaron terminar el contrato y solicitar a la Organización Internacional del Trabajo el reembolso del dinero girado.

En mayo del 2019, la Contraloría General confirmó que los contratos, aun con organismos internacionales, requieren del refrendo contralor siempre que, de por medio, haya medio fondos públicos.

“Requerirá refrendo contralor todo convenio específico o contrato propio de la contratación administrativa que se celebre con sujetos de derecho público internacional que impliquen actividad contractual con fondos públicos ya sea en forma parcial o total”, respondió la división de Contratación Administrativa a una consulta del actual presidente ejecutivo del INA, Andrés Valenciano.

Además de haberse firmado sin los filtros de la Contraloría, las contrataciones que hiciera la OIT las haría con sus propias reglas y estarían exentas de la fiscalización, tanto de la auditoría de la institución como del ente contralor.

Valenciano aseguró que desconoce de esta causa, y que solo había recibido una comunicación del Ministerio Público a inicios de la gestión, pero dio por cerrado el caso una vez que la OIT devolvió el adelanto que le había dado el INA.

La causa es la 18-000017-1218-PE y actualmente se encuentra en la etapa preparatoria de recolección y análisis de pruebas. Por el momento, no existen personas individualizadas como imputadas, informó la fiscalía a una consulta de este medio.

Con recursos propios

Con este convenio, la OIT daría apoyo técnico al INA para realizar el Plan Estratégico Institucional 2018-2023, una propuesta para mejorar la organización, la formación dual, la enseñanza del inglés y la digitalización, según se detalla en la propuesta.

Una vez finiquitado el contrato, con sus propios recursos, el Instituto Nacional de Aprendizaje logró asumir varios de esos productos, según confirmó Valenciano.

Entre ellos, están el plan institucional, la formación dual en un convenio con el Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Trabajo, así como el mejoramiento del módulo curricular.

Anteriormente, el INA había rescindido un contrato con la Universidad de Costa Rica (UCR) que incluía estos mismos productos, por una diferencia en la metodología. Este contrato estaba por debajo del monto contratado a la OIT; era por ¢70 millones.