En votación secreta, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa recomendó no reelegir al magistrado de la Sala IV Paul Rueda por otro periodo de ocho años.
En solo diez minutos de sesión, el tema fue puesto a votación sin razonar los votos. Cinco diputados se pronunciaron en contra de Rueda y dos a favor.
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Enrique Sánchez, de Acción Ciudadana (PAC), y Jorge Fonseca, del Liberación Nacional (PLN), reconocieron que votaron a favor de recomendar al plenario la reelección de Rueda.
En consecuencia, votaron en contra Rodolfo Peña, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Luis Fernando Chacón, del PLN; Carlos Avendaño y Xiomara Rodríguez, de Restauración Nacional (PRN); así como Dragos Dolanescu, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
La decisión se tomó luego de que, a solicitud de la misma Comisión, la Corte Suprema de Justicia les certificó a los diputados que Rueda carece de sanciones o procesos disciplinarios.
A su vez, dos sindicatos judiciales se opusieron públicamente a la reelección del magistrado de la Sala Constitucional, Paul Rueda Leal, por sus votos en favor de la reforma fiscal y de la reforma a las pensiones del Poder Judicial.
Carlos Avendaño, uno de los cinco votos en contra de la reelección de Rueda, justificó su decisión en que “el Poder Judicial ha entrado en una necesidad de cambio y se van dando las oportunidades para esos cambios”.
Adujo que su posición contra la continuidad de Rueda no tiene vínculo con los votos que el magistrado emitió cuando la Sala IV conoció el proyecto de plan fiscal o el aval para el matrimonio igualitario en Costa Rica.
El jefe de Restauración adujo que la tesis de ese partido es que no se reelija a los magistrados de la Corte más de una vez; sin embargo, cuando se le recordó que Rueda nunca ha sido reelecto, sino que solamente está cumpliendo un periodo, adujo que los periodos deben ser más cortos, y no de ocho años.
“Nosotros tenemos una valoración de que las reelecciones indefinidas deben revisarse. Es un periodo importante para ejercer una función como magistrado. La reelección implica que llegue hasta los 16 años. Creemos que tiene que haber un cambio en el Poder Judicial”, acotó Avendaño.
Enrique Sánchez argumentó que votó a favor de la reelección porque, en realidad, no vio motivaciones o cuestionamientos de tipo moral, ético o jurisdiccional para no hacerlo. Indicó que el informe de la Corte Suprema sobre la trayectoria de Rueda no evidencia manchas que puedan incidir en la decisión de los legisladores.
“La exposición que hizo ante la comisión hace un recorrido interesante por lo que él considera que son sus aportes más importantes al Poder Judicial, tanto en sus votos en materia de Estado Social de Derecho, así como su participación en las mesas de trabajo para contrarrestar los cuestionamientos al Poder Judicial”, dijo Sánchez, quien también cuestionó que la sesión solo durara 10 minutos.
Agregó que sería preocupante que los legisladores quieran castigar a la Sala IV por las decisiones sobre plan fiscal, matrimonio igualitario y pesca de arrastre.
“Es un antecedente que nosotros no nos podemos permitir. Ni siquiera que estemos de acuerdo o no con un determinado voto. Eso sería una intromisión en otro poder de la República. No podemos permitir que esto sea una especie de advertencia a los magistrados, para que actúen con motivaciones políticas”, comentó.
El otro voto a favor de Rueda provino de Jorge Fonseca, quien argumentó que, como abogado, considera que las decisiones deben tomarse a la luz de criterios legales y no con motivaciones de otro tipo.
“Yo revisé el informe que él nos dio, tros informes a los que tuve acceso, el circulante, el trabajo del despacho. Vi el informe que se le pidió a la Corte. Todos esos documentos están bien, no tiene denuncia. Las cuatro causas que se le investigaron fueron desestimadas”, explicó Fonseca.
Agregó que Rueda les expuso una propuesta que hizo para mejorar la administración de justicia, que fue aceptada en su totalidad.
Sobre la aparente intención de los diputados de cobrarle a Rueda votos, dijo que "a veces uno tiene que tomar criterios fundamentados en la legalidad y, con base en eso, emitir criterio".
“Eso no le va a gustar a unos y a otros sí. Lo importante es tomar una decisión bien fundamentada en la legalidad, como debe ser. En el caso de un juzgador del máximo tribunal de este país, es de esperar que esa resolución tenga amigos y enemigos”, dijo.
El liberacionista Luis Fernando Chacón, uno de los que votó en contra de la reacción, defendió que la votación fuese secreta. En el momento en que ocurrió, dijo: "Solicitamos respetuosamente a las compañeras y compañeros de la prensa que se sirvan por favor no grabar a los señores diputados, que le brinden el espacio correspondiente, que se retiren del perímetro correspondiente a cada uno de los diputados, para que puedan emitir su voto de forma secreta”.
El socialcristiano Peña, quien debe redactar el informe de recomendación, no contestó llamadas de este medio.
Reclamo de gremios
Dos gremios le reprochan al magistrado haber votado, en abril del 2018, a favor de la reforma legislativa tendiente a cerrar el déficit de ¢5,3 billones que se proyectaba para el régimen de pensiones del Poder Judicial debido a los amplios beneficios que daba.
“Nos afectó en las jubilaciones y nos afectó en el plan fiscal ahora, siguiendo la misma línea de pensamiento que el mismo presidente interino esgrimió, de pensar en ayudarle al Ejecutivo. Eso no procede”, considera Álvaro Rodríguez, secretario General de la Asociación de Investigadores en Criminalística (ANIC).
El otro sindicato en contra de Rueda es Asociación Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), el cual reconoció que los votos en pos de la restricción de gasto podían motivar la oposición.
Expediente limpio
Los congresistas de Nombramientos le habían solicitado a la Corte un informe en detalle sobre amonestaciones, quejas, sanciones, investigaciones, procedimientos disciplinarios o bien de temas laborales, así como de violencia doméstica, de tema penal, de acoso laboral o sexual, o “de cualquier otra naturaleza”.
La Corte respondió que no hay ningún tipo de mancha en el expediente del alto juez. No cuenta con amonestaciones escritas, quejas, sanciones ni investigaciones, así como tampoco constan procedimientos disciplinarios por acoso laboral, sexual ni por violencia doméstica.
De igual forma se pronunció la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, la cual informó de que no hay sanciones disciplinarias en el expediente del magistrado.
Aunque hubo varias causas en la Fiscalía General de la República en que aparecía Paul Rueda, cuatro de ellas están desestimados y una más está en proceso de desestimación, según lo hizo constar David Brown Sharpe, administrador del Ministerio Público.
En cuanto al uso de los vehículos discrecionales a que tiene derecho Rueda como magistrado, la directora ejecutiva de la Corte, Ana Eugenia Romero, remitió un informe del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, donde tampoco consta irregularidad en el uso de los automóviles asignados, en uno u otro momento, al juez constitucional.
Dentro del legajo enviado por la Corte a los diputados, también incluyeron los permisos de incapacidad que han tenido los funcionarios asignados al despacho de Rueda durante los ocho años que se ha desempeñado como magistrado de la Sala IV.
Ahora, el futuro de Rueda debe ser sometido al plenario legislativo, en donde se requiere de 38 votos para no reelegirlo.