En cambio, el secretario general del Sindicato del Ministerio Público (Simipu), Luis Bonilla, considera que Rueda “no es la persona idónea” para continuar en el cargo.

“No hay buen ambiente laboral (de las personas que trabajan a su cargo) y responde a intereses de grupos económicos de poder que son los que están detrás de la debacle financiera que tiene el país en este momento”, asegura el sindicalista.

Los gremios le reprochan, por ejemplo, que el magistrado haya votado, en abril del 2018, a favor de la reforma legislativa tendiente a cerrar un déficit de ¢5,3 billones que se proyectaba para el régimen de pensiones del Poder Judicial.

En esa ocasión y con una votación de 4 a 3, los magistrados no hallaron inconstitucionalidades en medidas como aumentar la edad de jubilación, ajustar el cálculo del monto de pensión, subir el porcentaje que deben cotizar los funcionarios, ponerle tope máximo a las jubilaciones y cobrar una contribución solidaria a las pensiones de lujo.

Según la iniciativa aprobada por los diputados, ahora las pensiones de los trabajadores judiciales se calculan con base en el 83% del promedio de los últimos 240 salarios, en vez del 100% de los últimos 24 salarios.

Además, se aumentó de 60 a 65 años el límite de edad de la jubilación ordinaria y de 30 a 35 años el periodo de servicio para jubilarse, entre otros aspectos.

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Los sindicatos también cuestionan que Rueda haya fallado a favor de la reforma fiscal, la cual atenúa el crecimiento del gasto en pluses salariales de los trabajadores del sector publico, controla el gasto público y planea aumentar la recaudación en ¢422.400 anuales para reducir el déficit fiscal.

Kenneth Alvarez, directivo de Anejud, explicó que esos fallos de Rueda en la Sala puede ser una de las razones por las cuales se oponen a su reelección, pero añadió que también por una serie de señalamientos hacia el magistrado, aunque no los argumentó.

“No es tanto (por sus votos), podría ser uno, pero no tanto eso, sino que hay una serie de situaciones ahí que se han tenido conocimiento y ya se están exponiendo a luz publica”, señaló Álvarez en una primera consulta de La Nación.

Señaló la gestión del diputado socialcristiano Pablo Abarca, quien pidió a la Corte Suprema de Justicia la bitácora de uso del vehículo o vehículos que durante los ocho años de su magistratura haya utilizado Rueda.

La Corte, por su parte, certificó que no hay anomalías con el uso de vehículos.

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El pedido de Abarca es parte de solicitud de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa a la Corte de un informe detallado de las eventuales quejas que puedan existir en el Poder Judicial contra el Rueda.

Luego, en una segunda llamada, Álvarez aseguró que el respaldo a proyectos que afectan a los sindicatos no debería ser motivo para oponerse a su continuidad.

También remitió a revisar propaganda digital publicada en el Facebook del sindicato, en el que hacen campaña en contra de la reelección de Rueda.

En una de ellas, publicada el 8 de junio, el sindicato invita a pronunciarse en redes sociales en contra de la continuidad del magistrado y publican los correos electrónicos de los ocho jefes de fracción legislativo para que (sus agremiados) expongan ese rechazo.

Según la imagen, Anejud no quiere a Rueda en el Poder Judicial al considerar que por culpa de él los trabajadores judiciales viven su “más amarga experiencia de su historia laboral”.

Al magistrado le achacan salarios reducidos, personal interinos sin futuro, pensiones reducidas, incentivos laborales restringidos y derechos laborales conculcados del Poder Judicial.

“Nos afectó las jubilaciones”

Por su parte, Álvaro Rodríguez, secretario General de ANIC, sí fue claro en asegurar que “los sindicatos” y “la mayoría del colectivo judicial” está en contra de la continuidad de Rueda por esos votos a favor de reducir el gasto en la institución y por la reforma tributaria.

“Nos afectó en las jubilaciones y nos afectó en el plan fiscal ahora, siguiendo la misma línea de pensamiento que el mismo presidente interino esgrimió, de pensar en ayudarle al Ejecutivo. Eso no procede”, considera Rodríguez.

“Los resultados lo dicen todo. En el tema de las jubilaciones, al no detenerse a sopesar lo que el colectivo del Poder Judicial indicaba, sin siquiera ponerle atención a ese tipo de cosas, nos parece que nos perjudicó”, añadió.

Alegó que, que desde el año 2014 ,los sindicatos judiciales se opusieron a los altos salarios y elevadas jubilaciones de la parte “gerencial”, como le llama a los jerarcas de la institución.

Al consultarle si es ético que rechacen la reelección de Rueda por sus fallos, las cuales afectan los intereses de los sindicatos, o si le cobran su respaldo a favor de reducir las pensiones, Rodríguez respondió:

“¿Ha sido un jurista equilibrador como Sala Constitucional que es? Yo no he visto nada. Lo único que he visto son unas quejas que ahora sacó un medio ahí que hizo las tortas que se ha jalado..., vea el circo que se ha..., yo quisiera ver las cosas positivas que don Paul haya hecho, no solo las negativas. No puedo dejar de pensar en la participación que tuvo, sobre todo, sobre todo, en las pensiones y, ahí, encuentro yo, una miopía jurídica.

“Yo no le encuentro cómo cobrar (por sus fallos), yo no diría como cobrar. Usted me pregunta a mí que qué pienso por una persona que hizo algo indebido, algo que no debió hacer o que pudo ser mejor, le puedo decir que pudo ser mejor su respuesta”.

Rodríguez adelantó que los sindicatos articularán más acciones para oponerse a la reelección del magistrado y, luego, se volvió a quejar.

“Vea el retroceso que tiene el Poder Judicial en cuanto a poder colocar profesionales en su puesto, la gente está renunciando. Un 90% de los patólogos renunció, psiquiatras y psicólogos renuncian. Entonces, la gente de servicios tiene que trasladarse hasta San Joaquín (de Flores, Heredia) porque no hay posibilidad de que es aplaza sea ocupada por el desestímulo laboral.

“Ojo, no hablemos de alcahuetería, pero son pluses y situaciones que habría que revisarlas para que uno de los poderes de la República, para mí el más importante, no se debilite, porque para mí lo están debilitando todo”.

La posición de Anejud y ANIC contrasta con la de otros sindicatos del poder Judicial en otras situaciones que involucraron fallos judiciales.

Por ejemplo, en octubre del 2013, la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) y la Defensa Pública convocaron a jueces, defensores y familiares de privados de libertad a protestar en la Plaza de la Justicia del Poder Judicial, para defender la independencia judicial.

La convocatoria obedeció a que la Corte Plena conocería en esa ocasión, la solicitud del magistrado Carlos Chinchilla para que se declarara la nulidad de un fallo del juez de Ejecución, Roy Murillo, quien ordenó reubicar 370 reos de la cárcel de San Sebastián.

“Sindijud muestra su solidaridad y da un voto de confianza al señor juez Roy Murillo, quien en el ejercicio de su cargo, dictó una resolución que creyó conveniente”, pidió en ese momento Norma Vargas, presidente interino del Sindijud.