Los diputados de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia un informe detallado de las eventuales quejas que puedan existir en el Poder Judicial contra el magistrado de Sala IV, Paul Rueda Leal.
Los legisladores acordaron hacer la petición el lunes antes de decidir si le recomiendan o no, al Plenario, la reelección del juez constitucional por ocho años más, a quien se le vence su actual periodo.
La moción de consulta se aprobó con los votos de los seis miembros de la comisión presentes al momento de la votación.
Los diputados piden un informe en detalle sobre amonestaciones, quejas, sanciones, investigaciones, procedimientos disciplinarios o bien de temas laborales, de violencia doméstica, de tema penal, de acoso laboral o sexual, o “de cualquier otra naturaleza”.
De igual forma, a petición del socialcristiano Pablo Abarca, se solicitó la bitácora de uso del vehículo o vehículos que durante los ocho años de su magistratura haya utilizado Rueda.
De hecho, durante la audiencia en que el foro sobre Nombramientos recibió al magistrado constitucional, este lunes, Abarca le consultó si había tenido, en algún momento, asignado para su uso discrecional más de un vehículo judicial.
Además, el socialcristiano le consultó si, en la carta de renuncia de una excolaboradora suya, se hacía “referencia a razones de acoso”.
A esa pregunta, Paul Rueda aseguró que no conocía el contenido de la carta de renuncia de la funcionaria a la que se refirió el diputado de la Unidad Social Cristiana.
¿Por qué reelegirse?
Ante las consultas que le hicieron los diputados a Rueda sobre su intención de reelegirse, el magistrado constitucional manifestó que le gustaría continuar con varios proyectos que ha venido desarrollando en los últimos años para la reestructuración del Poder Judicial.
En su intervención, Rueda destacó el voto sobre el plan fiscal como una de las resoluciones principales que tuvo a su cargo.
“Por primera vez en la historia del Derecho constitucional, trajimos el principio de equilibrio presupuestario a una posición de mayor presencia y preeminencia. Se consiguió una fórmula destacable, que consiguió elevar el Estado Social de Derecho, ratificarlo como principio fundamental del Estado, y la necesidad de financiarlo”, comentó el magistrado.
Aseguró que no financiar a corto o mediano plazo el Estado Social de Derecho generaría problemas en el plano de la estabilidad. El principio de equilibrio presupuestario no es un fin en sí mismo, sino la idea es financiar el Estado Social.
También destacó un voto sobre la huelga en los servicios de salud, que se votó cuatro a favor y tres en contra, donde se determinó que, cuando se trata del derecho a la salud de las personas, el derecho a huelga tiene que ceder.
Luego de recibir a Rueda en audiencia, la Comisión de Nombramientos decidió sesionar de forma extraordinaria, este miércoles, para dictaminar el expediente sobre la reelección o no del magistrado.
Si el plenario quisiera no reelegirlo en ese cargo, tendrían que votar 38 legisladores o más en contra de renovarle un nuevo plazo de ocho años.
Por mandato constitucional, los congresistas son los encargados de determinar si un magistrado de la Corte puede o no reelegirse en el cargo, para un nuevo periodo.
Cada uno de los 22 magistrados tiene un nombramiento por ocho años. Cuando este vence, puede informar al Congreso si tiene intención de seguir, para lo cual va a examen legislativo.
En caso de que se reelija, sería por un periodo igual, de ocho años. En caso de que no desee seguir, o que se jubile o de que los congresistas decidan no reelegirlo, tendría que nombrarse un nuevo magistrado, después de realizar un concurso público en la Asamblea.
