La Corte Suprema de Justicia informó este miércoles, a los diputados de la Comisión de Nombramientos del Congreso, que el magistrado constitucional Paul Rueda no tiene sanciones, quejas ni procedimientos administrativos en su contra.
El informe llegó al foro legislativo que revisa la eventual reelección de Rueda, luego de que los legisladores aprobaron una moción el lunes, para verificar si había algún tipo de mancha en el expediente del alto juez.
Específicamente, los congresistas solicitaron a la Corte un informe en detalle sobre amonestaciones, quejas, sanciones, investigaciones, procedimientos disciplinarios o bien de temas laborales, de violencia doméstica, de tema penal, de acoso laboral o sexual, o “de cualquier otra naturaleza”.
En el oficio 5864-19, enviado al Congreso este miércoles, la Secretaría General de la Corte Suprema remitió una serie de certificaciones de varias instancias del Poder Judicial, donde se ratifica que el expediente de Rueda está limpio.
Específicamente, la secretaría del Tribunal de la Inspección Judicial certificó que Rueda no cuenta con amonestaciones escritas, quejas, sanciones ni investigaciones, así como tampoco constan procedimientos disciplinarios por acoso laboral, sexual ni por violencia doméstica.
De igual forma se pronunció la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial, la cual informó de que no hay sanciones disciplinarias en el expediente del magistrado.
Aunque hubo varias causas en la Fiscalía General de la República en que aparecía Paul Rueda, cuatro de ellas están desestimados y una más está en proceso de desestimación, según lo hizo constar David Brown Sharpe, administrador del Ministerio Público.
En cuanto al uso de los vehículos discrecionales a que tiene derecho Rueda como magistrado, la directora ejecutiva de la Corte, Ana Eugenia Romero, remitió un informe del Departamento de Servicios Generales del Poder Judicial, donde tampoco consta irregularidad en el uso de los automóviles asignados, en uno u otro momento, al juez constitucional.
Dentro del legajo enviado por la Corte a los diputados, también incluyeron los permisos de incapacidad que han tenido los funcionarios asignados al despacho de Rueda durante los ocho años que se ha desempeñado como magistrado de la Sala IV.
La renuncia de una funcionaria
En la petición que hicieron los diputados, se le solicitó a la Corte que remitiera la carta de renuncia de una funcionaria, de apellidos Salas Abarca, quien se desempeñaba en la Unidad de Seguimiento de Sentencias de la Sala IV, bajo sospecha de que existía alguna queja contra Paul Rueda.
En la carta de la funcionaria, básicamente, refiere que en enero de este año, mientras Rueda ejercía la presidencia interina de la Sala Constitucional, llamó por teléfono a Salas para pedirle cuentas sobre una respuesta que se le giró a un abogado, quien había pedido informes de la sentencia sobre matrimonio igualitario.
Salas renuncia, según relata, porque bajo la presidencia del exmagistrado Ernesto Jinesta Lobo se le habían asignado una serie de funciones que excedían las labores para las que fue originalmente nombrada en la Sala Constitucional y porque el episodio en que Rueda le pidió cuentas a ella y a otro funcionario la “desmoronaron”.
Específicamente, ante una consulta del abogado Yashín Castrillo, un funcionario de apellido Barboza respondió que el voto sobre matrimonio igualitario ya estaba redactado y estaba en la etapa de recoger las firmas de los magistrados.
Esa respuesta se emitió en diciembre del 2018, a petición de Castrillo. En una carta que aportó Paul Rueda a la Comisión de Nombramientos, explicó que no era cierto que el voto estuviera redactado a la fecha, sino que estaba en proceso de redacción.
Como Rueda se desempeñaba como presidente interino al momento del incidente, hizo averiguaciones y, según su relato, Barboza señaló a Salas como la persona que había girado la instrucción de responderle a Castrillo, mientras que Salas alegaba que la gestión había sido de Barboza.
El magistrado realizó, el 14 de enero, dos llamadas a Salas y tres a Barboza, la última de ellas en presencia de otros miembros de la Sala Constitucional. El embrollo generó artículos de prensa, a partir de los alegatos de Castrillo, quien aseguró ante varios medios que la Sala retrasaba adrede la redacción y publicación de ese fallo.
Al final, Rueda solicitó un informe escrito sobre el asunto y la funcionaria presentó su renuncia el 21 de enero, ante Fernando Castillo. En la nota de renuncia, ella pidió que se la devolviera a sus funciones de seguimiento de sentencias, en la modalidad de teletrabajo, con el objetivo de buscar “paz y serenidad”.