Un intento atropellado por crear un “centro virtual” llevó al INA a gastar en viajes, consultorías, capacitaciones y traslado de personal, sin cumplir con los requisitos mínimos de planificación. Todo se hizo con solo instrucciones de la presidencia ejecutiva.

El proyecto no mejoró las metas institucionales y, más bien, desencadenó una serie de movimientos internos cuestionados por a la Auditoría Interna.

Dos informes de Auditoría del 2018 concluyeron que las autoridades del INA forzaron la creación de un nuevo centro virtual, pese a que ya existía una unidad con las competencias para ello.

El “error institucional”, como lo llaman en los informes, se produjo durante la administración Solís Rivera bajo la presidencia ejecutiva de Mainor Rodríguez, quien ocupó ese puesto hasta finalizar ese gobierno para luego ser considerado por Carlos Alvarado para el puesto de cónsul en Panamá.

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Sin tomar en cuenta el recurso humano, la auditoría cuantificó en ¢120 millones la inversión fallida en este centro virtual, solo en consultorías y viajes.

“No existió un estudio técnico, económico y operacional que fundamentara y motivara, formalmente, el inicio del proyecto INA Virtual. Tan es así que la misma presidencia ejecutiva, sin ningún fundamento conocido, declaró el proyecto de interés institucional y, de igual forma, sin un acto motivado, solamente con una comunicación mediante oficio, solicitó su cierre y manifestó que su objetivo puede ser cumplido por una unidad de la Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación, que ya hacía lo que se pretendía obtener”.

El parrafo anterior proviene del informe de Audoría Interna, IN-AI-13-2018, el cual fue presentado al actual presidente ejecutivo, Andrés Valenciado.

La Nación pidió una reacción a Mainor Rodríguez. Sin embargo, no contestó las llamadas ni mensajes que se hicieron a su teléfono celular.

Gastos y asesorías

El expresidente ejecutivo incluso nombró a discreción a un líder del proyecto, sin que lograra justificar la idoneidad para asumir ese puesto, ya que no tenía experiencia en la administración de asuntos similares.

Tampoco había un presupuesto definido, y mucho menos un estudio de viabilidad financiera.

Pese a ello, se contrataron varias asesorías técnicas, la mayoría vía convenio con Radio Nederland.

Una de las mayores críticas de la auditoría es que el INA no adoptó totalmente las recomendaciones de los asesores porque estaban mal dirigidas. Según los informes, los asesores desconocían la organización de la institución y eso truncó la implementación de esas recomendaciones.

Con el argumento de INA Virtual, también viajaron dos funcionarios a México a un encuentro de educación virtual.

Entre el 2014 y el 2016, Rodríguez pidió el traslado de 19 funcionarios de varias unidades a la Unidad de Servicios Virtuales (Usevi), sin que hubiese de por medio un estudio de cargas de trabajo que justificara el movimiento de personal.

“A la Usevi se le permitió aumentar su planilla durante los años 2014, 2015 y 2016. También, se le aprobó capacitación a su personal. No obstante, esto no fue suficiente para evitar el incumplimiento de las metas de la unidad o aumentar la cantidad de metas propuestas”, señala la auditoría.

Además, en reiteradas ocasiones, la junta directiva pidió informes sobre el avance o mejoras en la unidad virtual, sin que recibiera cuentas claras por parte del presidente ejecutivo.

Auditoría: se denota falta de controles

A lo largo de dos informes, la Auditoría Interna del IVA reveló que, a su ingreso, el expresidente ejecutivo de la institución, Mainor Rodríguez, decidió potenciar los cursos virtuales que daba el INA, pero bajo el nombre de un proyecto nuevo que fue presentado a la prensa y a la institución como INA Virtual, el cual sería lanzado en mayo de 2015.

Sin embargo, en octubre del mismo año la Institución dio un giro, tras una advertencia de auditoría, y pasó a la idea de desarrollar un “plan a gran escala” y de fortalecimiento de la Unidad de Servicios Virtuales (Usevi), la cual operaba con el mismo fin dentro de la institución.

Luego, el entonces presidente ejecutivo continuó con la contratación de asesorías, traslado de personal y capacitación a funcionarios. Incluso, llegó a presentar una nueva estructura organizativa que fue rechaza porque precisamente no tenía respaldo.

Los fiscalizadores le reprocharon que el cambio de nombre no implicaba omitir los requisitos mínimos de control.

“Resultaría inconveniente, para la buena marcha de las actividades institucionales, que se acentúe en el sentido de cambiar el nombre (no el concepto) a las cosas cuando se considere a juicio personal del funcionario que no conviene por los controles que conlleva esa metodología y, eventualmente, pensar que con ese cambio se resolvió el problema”, indicó la auditoría.

“Lo que se evidencia es una forma de improvisación por parte de la administración, al no haberse planteado motivos ni en el inicio ni al cierre, lo que también denota falta de controles de dirección y eventualmente falta de transparencia”, se lee en uno de los informes.

Finalmente, la inversión que hizo Rodríguez no mejoró el cumplimiento de metas de la unidad que pretendía reforzar, tal como se evidenció en el informe.

El actual jerarca del INA comentó que, actualmente, la Unidad de Servicios Virtuales opera satisfactoriamente, aunque con oportunidad de mejoras, pero indicó que él no podría responder por lo ocurrido en años anteriores.