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Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobaron, este miércoles por la noche, una moción que recorta el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) en ¢10.000 millones.
La iniciativa recibió el apoyo de siete legisladores, de los 10 que estaban presentes en el foro parlamentario, a la hora de la votación.
El recorte se hizo en el proyecto de Ley de Presupuesto de la República para el Ejercicio Económico 2019 que se tramita en la Comisión de Hacendarios.
A favor de la iniciativa estuvieron Silvia Hernández y Gustavo Viales, de Liberación Nacional (PLN); Xiomara Rodríguez, Harllan Hoepelman y Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional; Rodolfo Peña, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), y Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).
Welmer Ramos y Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC), además del liberacionista David Gourzong, votaron en contra de la propuesta.
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Al defender su moción de recorte, el diputado Jonathan Prendas, de Restauración, explicó que la idea es trasladar esos ¢10.000 millones a las partidas para la amortización de la deuda pública y, con ellos, “ser más equitativos con el Presupuesto y la crisis fiscal”.
El restauracionista alegó que, según datos de la Contraloría General de la República, la Universidad Nacional ha tenido superávits “sumamente amplios” entre el 2012 y el 2018 hasta alcanzar los ¢168.746 millones.
“Eso demuestra que el dinero que se traslada al FEES no está siendo ejecutado, por lo que este recorte no significaría mayor problema para las finanzas de las universidades y sí podría servir de ajuste y mejora para el pago de la deuda, para el que el Ministerio de Hacienda está tan urgido de encontrar una fuente de financiamiento”, dijo Prendas en la Comisión.
La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Silvia Hernández, aseguró que respetan la autonomía universitaria, pero que en todas las instituciones, incluyendo universidades, se debe entender la situación macroeconómica de enorme estrechez que se “ha venido reflejando en la discusión del Presupuesto y del plan fiscal".
“Es un año muy complejo, difícil, y eso debe reflejarse en el ejercicio del Presupuesto del 2019. La idea es que los recortes que se hagan no quiten solvencia estatal, pero que no se den ahorros o acumulaciones de algunos recursos que no sea necesario trasladar por ahora y que se puedan presupuestar en el 2020, si la situación económica lo permite”, dijo la presidenta del foro hacendario.
El liberacionista Gustavo Viales afirmó, por vía telefónica, que se apoyó la propuesta de Restauración, a pesar de que había una socialcristiana y una liberacionista, porque la del PRN tenía mayor apoyo en Hacendarios.
La de la Unidad no rebajaba la deuda, explicó. La liberacionista planteaba una reducción de ese fondo universitario en ¢5.000 millones.
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Viales apuntó que se están haciendo recortes en todos los títulos presupuestarios que sobrepasen la inflación y aprobaron, de hecho, una norma de ejecución para tener un rendimiento de ¢130.000 millones.
“No era consecuente tocar todos los títulos presupuestarios y no el FEES, que tiene un histórico de superávits que no ha podido ejecutar”, dijo.
La mañana de este jueves, la diputada oficialista Laura Guido difundió un comunicado de prensa donde explica las razones por las que el PAC no apoyó el recorte de los ¢10.000 millones a las universidades.
“No hemos apoyado esta moción porque somos defensores de la educación pública universitaria, como un instrumento de movilidad social y de fortalecimiento de nuestra democracia en todo el país, propiciando educación que impacte en las familias, las comunidades, la generación de empleo y la competitividad de Costa Rica como un factor se reactivación económica”, manifestaron al unísono Guido y su compañero de fracción, Welmer Ramos.
No obstante, los diputados de gobierno alegaron que sí apoyan el mejoramiento de la calidad del gasto priorizando inversión regional, becas o cursos, pero “la ruta no puede ser debilitar el presupuesto de la educación superior”.
La decisión de los legisladores se da pocas horas antes de que la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público reciba en audiencia al rector de la Universidad Nacional, Alberto Salom, para que explique cómo es que, en momentos de crisis fiscal, esa casa de enseñanza destina $14 millones de sus ahorros para pagar la construcción de una casa estudiantil y una plaza de la diversidad.
Para el 2019, el acuerdo entre el Gobierno y las cuatro universidades públicas es que se les destinara ¢511.154 millones, que se otorgan sin criterio técnico y, principalmente, luego de una negociación entre los rectores y las autoridades del Ministerio de Educación Pública.
El presupuesto del FEES para el 2018 era de ¢496.279 millones. En principio, el Gobierno le reconoció a las universidades un incremento correspondiente al 3% de la inflación proyectada por el Banco Central para julio del próximo año, a pesar de que a muchos ministerios y otras instituciones no se les incrementa sus gastos para el otro año.
Aparte de que no existe criterio técnico para esa asignación, tampoco hay una fiscalización de parte del Gobierno para evaluar el uso del FEES. Según los datos recabados, el 80% del Fondo se utiliza para pagar remuneraciones en las universidades.
El aumento que para el próximo año se daría en el Fondo proviene, según les dijo el ministro de Educación Pública, Edgar Mora, a los diputados, del sobrante de ¢105.000 millones en la partida salarial del MEP del 2018.
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“De ese remanente se tomarán los ¢15.000 millones (14% de aumento) para financiar el incremento en el Fondo destinado en 2019 para las universidades públicas”, dijo Mora el 9 de agosto, ante una comisión parlamentaria.
Esas explicaciones de Mora generaron críticas, pero no solo de los diputados, sino también de la Defensoría de los Habitantes, entidad que pidió explicaciones por ese “sobrante”, cuando hay muchas necesidades en infraestructura de escuelas y colegios.
“Es importante para esta Defensoría conocer las partidas a las que se hace referencia y el uso que se les ha dado a los superávits correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va del 2018”, había dicho el defensor interino, Juan Manuel Cordero, sobre ese asunto.
