Daniela Cerdas E.. 20 julio, 2018
El ministro de Educación, Édgar Mora, firmó el presupuesto de FEES 2019 el pasado viernes 13 de julio en compañía de los rectores. Foto Rafael Murillo.
El ministro de Educación, Édgar Mora, firmó el presupuesto de FEES 2019 el pasado viernes 13 de julio en compañía de los rectores. Foto Rafael Murillo.

La Defensoría de los Habitantes solicitó explicaciones al MEP de por qué, a pesar de las necesidades de infraestructura en escuelas y colegios, van a transferir dinero de su presupuesto para financiar los ¢15.000 millones de incremento del FEES para el próximo año.

Para el 2019, el FEES acordado por el Gobierno y los rectores de las cinco universidades públicas será de ¢511.154 millones, según un acuerdo que se firmó el viernes pasado entre las partes.

A las universidades se les reconoció el 3% de inflación proyectada por el Banco Central para julio de 2019. En el 2018 el presupuesto del FEES fue de ¢496.279 millones.

La Nación informó el viernes pasado que como el FEES sale del presupuesto del MEP y este no crecerá el próximo año, la Institución tomará “sobrantes” de algunas de sus partidas, inversiones no prioritarias o malas inversiones para completar los ¢15.000 millones.

“Se refiere que los recursos dispuestos para el FEES responden a sobrantes de partidas que fueron presupuestadas con mucha holgura, de la partida de remuneraciones o superávits, (del MEP) por lo que es importante para esta Defensoría conocer las partidas a las que se hacen referencia e indicar los montos y el uso que se le ha dado a los superávits correspondientes a los años 2014, 2015, 2016, 2017 y lo que va del 2018”, dijo el defensor de los Habitantes interino, Juan Manuel Cordero.

La Defensoría también preguntó cómo se definió, cuál fue el procedimiento y quién adoptó la decisión de transferir ese dinero del presupuesto del MEP al FEES. Además, pidió una explicación sobre cómo se armoniza el incremento del FEES con las políticas de la actual administración en materia de contención del gasto público.

A su vez, debe informar cuál ha sido la ejecución presupuestaria de FEES en los últimos años y a qué tipo de gasto o inversión, en forma específica, se dirigen esos recursos. También, la Defensoría pidió al MEP referirse sobre cuál es la fiscalización que ellos hacen de ese dinero que transfiere.

La Academia de Centroamérca, en el estudio dado a conocer el año pasado llamado ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica?, informó de que el 80% del FEES se usa para el pago de salarios.

“La Defensoría ha venido dando seguimiento a las diferentes necesidades de los centros educativos a nivel nacional, siendo que existe un déficit significativo en cuanto a infraestructura educativa tanto por mantenimiento, remodelaciones y obras nuevas. Además del problema de gestión administrativa, se ha llamado la atención sobre el alegato de las autoridades de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo por la falta de recursos presupuestarios para atender dichas necesidades en forma oportuna", explicó Cordero.

Para la entidad “es importante conocer” si el MEP consideró reforzar las respectivas partidas presupuestarias con los “sobrantes” mencionados.

La institución solicitó al MEP explicar cómo se definen las prioridades para la disposición de los sobrantes y los superávits , y si la transferencia al FEES reduce la disponibilidad de recursos para estos fines.

El miércoles, el jefe de bancada de Liberación Nacional (PLN), Carlos Ricardo Benavides, pidió que se convoque a los ministros de Educación Pública (MEP), Édgar Mora, y de Hacienda, Rocío Aguilar, para que expliquen si el aumento en ¢15.000 millones para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), perjudicará o no la inversión de fondos estatales en programas e infraestructura necesarios para la educación primaria y secundaria.

Explicaciones del ministro del MEP

El ministro de Educación, Édgar Mora, dijo a La Nación el viernes anterior que los ¢15.000 millones para las universidades se tomarán sin perjudicar ningún programa del MEP.

“No por el incremento del FEES, el presupuesto crece. Este año el Ministerio hizo ajustes en su presupuesto identificando subejecuciones, inversiones no prioritarias o malas inversiones que serán invertidas en las universidades. En el MEP se ha presupuestado con mucha holgura; ya tenemos definidos esos sobrantes en los presupuestos para el próximo año. Cabe indicar que el presupuesto para las universidades se tomará sin ningún perjuicio de ningún programa del MEP, es presupuesto subejecutado”, explicó Mora.

La partida de remuneraciones será una de donde se tomarán “sobrantes” o superávits.

Explicó que la medida no riñe entre la política de contención y reducción del gasto del Gobierno; y tampoco afecta ningún programa ni a ningún funcionario o grupo de funcionarios.

Mora añadió que el monto del FEES aprobado para el 2019 representa el 1,35% del producto interno bruto (PIB), un porcentaje menor al del 2018, que fue del 1,37%; y también es el porcentaje más bajo del PIB que se ha otorgado a las universidades desde el 2014.

"Además, reconstruye el concepto de que el sistema educativo es solo uno desde la primera infancia hasta la universidad”, indicó Mora.

De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República (CGR), el año pasado el MEP dejó sin utilizar ¢184.000 millones, monto que representa el 7 % del plan de gastos autorizados para ese periodo.

Durante la pasada administración del MEP, se transfirieron a las juntas de educación ¢258.000 millones para el desarrollo de infraestructura y para atender las necesidades.

A inicios de año, el actual jefe de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE), del MEP, Wálter Muñoz, y el entonces viceministro Marco Fallas, dijeron a este medio que esta cifra representaba “la inversión más alta de la historia”

Sin embargo, lo que se hizo en realidad fue una transferencia de dinero de una cuenta a otra que no necesariamente se ha resumido en obras ejecutadas. Prueba de ello, es que a hoy las juntas de educación tiene sin gastar ¢156.279 millones.

En su informe de labores 2016-2017, la Defensoría de los Habitantes denunció que la infraestructura educativa "presenta un serio problema del modelo de gestión administrativa, presupuestaria y de deterioro”.