El acuerdo entre el gobierno y las universidades para aumentar en ¢15.000 millones el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pone en duda el compromiso de la administración Alvarado con el control del gasto y el saneamiento de las finanzas públicas. Las justificaciones del documento firmado el viernes son absurdas y evocan los malos pasos de la primera administración del Partido Acción Ciudadana.
La Universidad de Costa Rica (UCR) acaba de tomarle el pelo al país. Redujo el porcentaje de las anualidades, pero se lo aplicó al salario total, no a la base, con resultado de un significativo aumento del beneficio. Para financiar esa generosidad, el gobierno concede al FEES un aumento que elevará el fondo a ¢511.154 millones, un 1,35 % del producto interno bruto (PIB), sin contar los ¢34.868 millones presupuestados para la Universidad Técnica Nacional. El 57,79 % del Fondo irá a la Universidad de Costa Rica, lo cual explica su falta de preocupación por el gasto.
Con toda la largueza de sus erogaciones –buena parte de ellas para mantener privilegios de sus empleados, no para mejorar la educación– las universidades tienen un superávit del 25 %. Dicen estarlo reservando para invertir en infraestructura y por eso exigieron el aumento concedido por la administración Alvarado.
Édgar Mora, ministro de Educación, tiene veta de prestidigitador financiero. Encontró la manera de aumentar el FEES sin ampliar el presupuesto de su Ministerio, que también tiene un 7 % de superávit. Además, una “reingeniería” de su despacho permitirá aprovechar subejecuciones, inversiones no prioritarias y malas inversiones. Todo ese dinero irá a las universidades. El ministro concluye, orgulloso, que el planteamiento no riñe con la política de contención y reducción del gasto. El argumento es un engañabobos y, si la administración va a abandonar sus promesas de austeridad, no debería añadirle al incumplimiento una ofensa a la inteligencia ajena.
Si el dinero sobra, en el MEP o en el FEES, la misión de los funcionarios no es encontrar adonde gastarlo, sobre todo si las instituciones financiadas con esos recursos se distinguen por dispendiosas. Alguien debería notificarles la existencia de un déficit fiscal y mostrarles adonde podría aprovecharse mejor el dinero.
Pero si los recursos sobran y se malgastan, en el MEP o en el FEES, quizá sea hora de reconsiderar la inversión del 8 % del PIB en educación. Y si el país decide mantener ese esfuerzo, es hora de preguntar si el dinero está mejor invertido en escuelas y colegios con evidentes necesidades insatisfechas o en universidades donde los agentes de tránsito ganan dos o tres veces más, para citar un solo ejemplo de abuso salarial. Sin embargo, el gobierno más bien excluyó a las universidades de la reforma legal que flexibilizaría los destinos específicos.
El ministro no necesita el superávit y encontró oportunidades de ahorro, pero 661 centros educativos funcionan con órdenes sanitarias pendientes. El número se incrementó en un 50 % en el último año. El 13 % de los 5.000 centros educativos públicos es objeto de advertencias sanitarias, el 90 % de ellas por deterioro de infraestructura, mal estado e insuficiencia de servicios sanitarios y mala disposición de aguas negras. Los niños sufren hacinamiento, malos olores, plagas, inseguridad, inundaciones y exposición a otras inclemencias ambientales. No obstante, el ministro de Educación está urgido de financiar las crecientes anualidades de la Universidad de Costa Rica.
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La repercusión política de la negociación con el FEES está por verse. Buena parte del éxito del plan fiscal del gobierno depende de la confianza en sus promesas de austeridad futuras. Esa confianza sufrió un fuerte deterioro. Las explicaciones del ministro de Educación atizan el justificado enojo.
Los escolares no salen a las calles en masa, como podrían hacerlo estudiantes instrumentalizados por los verdaderos beneficiarios del gasto excesivo en las universidades. Esa no es razón para cometer con ellos tamaña injusticia. Las declaraciones del ministro Mora retomarán vigencia cada vez que se informe de las deficiencias y penurias padecidas en escuelas y colegios. Si en el MEP el dinero sobra, tenemos derecho a exigir el fin de sus problemas a muy corto plazo.
