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En su informe de labores 2016-2017, la Defensoría de los Habitantes dejó algo muy claro: "la infraestructura educativa presenta un serio problema del modelo de gestión administrativa, presupuestaria y de deterioro".
Para la institución, la problemática "histórica" radica en la existencia de edificaciones antiguas o de mala construcción, las cuales presentan deterioro tanto por falta de mantenimiento, como por los desastres naturales e incumplimiento de condiciones de accesibilidad plena de conformidad con la Ley 7600.
"Es una realidad que algunos estudiantes aún reciben lecciones en ranchos, salones comunales, iglesias y hasta en viviendas prestadas o alquiladas como también en aulas o edificaciones con serias limitaciones y riesgos.
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"Esta situación expone a los estudiantes a contaminación ambiental, visual y sónica, sin dejar de lado la distracción por falta de divisiones y el calor por ausencia de cielorrasos o problemas de ventilación e iluminación, aunado a lo anterior, a un constate peligro debido a las malas instalaciones eléctricas, mala captación de aguas servidas o falta de agua potable, así como la carencia de espacios de convivencia adecuados”, explicó la Defensoría en un comunicado.
Según explicó, recibieron varias denuncias particularmente relacionadas con escuelas y colegios afectados por el terremoto de Sámara, del 2012, en los cuales la Defensoría de los Habitantes emitió recomendaciones a la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP.
Este jueves, La Nación publicó que 65 centros afectados por ese sismo aún no habían sido reparados; 13 están en construcción, en 25 aún no se ha iniciado su levantamiento, 11 están todavía en etapa de diseño, 9 en fase de contratación de servicios profesionales y los 7 restantes aún en primeras gestiones.
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Así las cosas, la Defensoría le solicitó al MEP que adopte acciones "urgentes" para atender las necesidades de dichos centros educativos
Citó el ejemplo de la Escuela Pochote, que es una de las que esperan una solución de reconstrucción luego del terremoto.
"El plazo transcurrido –y el que resta por esperar (por una solución)– resulta excesivo e irrazonable, violentando el derecho a la educación de los estudiantes que reciben formación en dicha escuela. Debe tenerse en cuenta, tal como se ha venido indicando, que el Derecho a la Educación no puede estar sujeto a restricciones, limitaciones o condicionamientos de índole presupuestario ni administrativo", indica la Defensoría.
El Ministerio coincide con la Defensoría en que el país enfrenta un rezago histórico, de décadas, en infraestructura educativa que le tomará al país varios años solventar.
Marco Fallas, viceministro administrativo, explicó que en los últimos cuatro años la institución ha hecho "la inversión más alta de la historia" en infraestructura educativa ¢269.507 millones.
El funcionario manifestó que los desastres naturales han aumentado el rezago.
Indicó que en entre febrero del 2014 y diciembre del 2017 se finalizaron 80 de los 145 centros educativos de los afectados por el Terremoto de Sámara, en Nicoya.
"Se trabaja en un nuevo modelo de gestión, el cual reivindica el papel fiscalizador de las juntas y asegura darles un acompañamiento especializado en el tema de desarrollo de infraestructura (en la definición de requerimientos, el acompañamiento en los procesos de licitación, construcción, y supervisión de las obras), en estricto apego a lo que establece la Ley de Contratación Administrativa", dijo Fallas.
Fallas añadió que "pusieron a caminar el fideicomiso educativo", aprobado en 2013. Sin embargo, A la fecha, de los 103 proyectos, solo dos se han terminado y uno se encuentra en la etapa de construcción.
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Mal manejo
En su informe de labores, el ente defensor criticó la existencia de trámites administrativos complejos entre instituciones que generan retrasos para la consecución de los permisos de construcción, remodelación y obra nueva, como ocurre en los casos de Setena, Ministerio de Salud, entre otros.
Además, la institución indica que situaciones básicas como la información de los proyectos y el manejo accesible y transparente de los datos de éstos, aún no es una realidad en el MEP.
"Si bien se reconoce que la actual Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del MEP está trabajando en una base de datos de todos los proyectos de infraestructura y se han hecho esfuerzos importantes, se enfrentan con problemas de recaudación y confiabilidad de la información, así como la dispersión de los datos", explica el informe de labores.
Asociado a esta situación, el ente critica el manejo de fondos públicos asignados, administrados y ejecutados y subjecutados por las Juntas de Educación y Administrativas.
La entidad alega que su mecanismo de gestión suele ser "lento y complejo" y que implica, además, mucha responsabilidad en relación con un trabajo netamente voluntario por parte de sus miembros, los cuales, en muchas ocasiones, no tienen un adecuado acompañamiento por parte del Ministerio.
