¿Existe algún criterio técnico que explique la forma en que el Gobierno reparte más de medio billón de colones entre las universidades públicas?
¿Por qué la Universidad de Costa Rica (UCR) recibe más que las otras casas de enseñanza superior juntas? ¿Por qué la UNED es la que recibe menos?
Aunque parezca extraño, no existe un criterio técnico que sirva de insumo para definir el monto que necesitan las universidades ni cómo distribuirlo.
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Tampoco existe fiscalización del Gobierno para evaluar los resultados del uso del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que para el 2019 llegará a los ¢511.154 millones. El 80% de ese fondo se gasta en salarios.
“Nunca ha habido un criterio técnico para el FEES, ni para su distribución. El FEES no existe; a pesar de su nombre, no es un fondo que cada año se sienten los rectores a decidir cómo se distribuye. El FEES no ha sido más que la suma de los presupuestos de los cuatro universidades públicas”, explicó Marcelo Prieto, rector de la Universidad Técnica Nacional (UTN) y director del Consejo Nacional de Rectores (Conare).
Con esta posición coinciden los rectores de la Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional (UNA) y del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).
El Fondo, teóricamente, se creó por ley de 1976, no obstante, según los rectores, nunca llegó a formarse ese conglomerado de recursos dispuestos para la educación superior.
De acuerdo con el funcionario, el FEES no existe porque el Estado no ha cumplido lo dispuesto en esa ley, según la cual “el Fondo Especial destinado al financiamiento de la Educación Superior estará formado por el producto del impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles; el 25% por ciento de los ingresos del impuesto sobre la renta y el producto del impuesto sobre sociedades con acciones al portador”.
“El Estado debería haberle dado un porcentaje del impuesto sobre la renta para crear un fondo para que las universidades financiaran su presupuesto y todos los proyectos adicionales o para que pudieran priorizar inversiones. El Estado nunca ha dado ese adicional”, se quejó.
Lo que sí llegó a cumplirse fue la reforma al artículo 85 de la Constitución Política, aprobada mediante la ley 6580 en 1981, en la que se estableció que “para el quinquenio 1981-1985” la distribución del Fondo sería del 59% para la UCR, 11,5% para el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 23,5% para la Universidad Nacional (UNA) y el 6% para la Universidad Estatal a Distancia.
De hecho, no solo se cumplió sino que perduró, pues 37 años después, esos porcentajes se mantienen con cambios mínimos. Prieto indicó que, en ese entonces, la distribución se basó en el presupuesto que cada universidad tenía y así se quedó.
La situación se mantuvo pese a que las necesidades y prioridades en educación superior han cambiado.
Henning Jensen, rector de la UCR, explicó que el porcentaje que recibe la universidad que dirige se justifica “por la cantidad de profesionales graduados (43.000 en la última década); su matrícula de 42.0000 alumnos, las 250 opciones de titulación”, entre otros.
“La UCR realiza el 24% de todas las publicaciones científicas de Centroamérica y el 80% del país. El alto desempeño y la constante productividad, reconocidas mundialmente, justifican el presupuesto de la UCR”, añadió Jensen.
Este medio publicó días atrás que de las cuatro universidades públicas de mayor antigüedad, la Universidad de Costa Rica (UCR) es la que menos ha aumentado su matrícula en la última década, a pesar de que se lleva la mayor cantidad del presupuesto para la educación superior.
Del 2007 al 2017, el incremento de la matrícula en la UCR ha sido del 21% (de 33.928 estudiantes a 41.118) pero su presupuesto total ha crecido en un 116%.
Si no hay un criterio técnico para el FEES, ¿Con base qué argumentos piden los rectores más dinero y con base en qué el Estado les da esos fondos?
Marcelo Prieto explicó que a la mesa de negociación con el Gobierno, llevan el monto que estiman necesario para cumplir con las metas y objetivos del Plan Nacional de la Educación Superior Universitaria Estatal (Planes), el cual es desarrollado por el Conare, y que rige por cinco años.
Este plan enfatiza el planteamiento de las estrategias que deben desarrollar las universidades en conjunto, durante un quinquenio en seis ejes: docencia, investigación, extensión y acción social, vida estudiantil, gestión y desarrollo regional, calidad y ambiente
El Gobierno, por su parte, se basa en lo que estipulan los artículos 78, 84 y 85 de la Constitución Política, el cual establece el 8% del PIB para educación, según informó el MEP, que forma parte de la negociación y de cuya cartera salen los recursos para transferirlos a las universidades.
“(Sobre la distribución a cada universidad) Esa distribución se debe al tamaño de cada universidad en el momento que se suscribió el primer FEES”, explicó el Ministerio de Educación Pública (MEP) por medio de su oficina de prensa.
Críticas
La Academia de Centroamérica criticó en su estudio ¿Qué produce y cuánto cuesta la educación universitaria estatal en Costa Rica? que de 1986 y hasta la fecha, la distribución del FEES se ha fundamentado básicamente en acuerdos entre el Ministerio de Hacienda y las universidades.
“Se concluye que la distribución del FEES por universidad se ha basado más en acuerdos y negociaciones entre las partes involucradas que en criterios técnicos objetivos. Dichos acuerdos al final se traducen en porcentajes de distribución que reflejan el patrón histórico observado.
"Los intentos que en su oportunidad se dieron para introducir elementos de eficiencia, calidad, incentivos para la generación de ingresos propios, evaluación e impacto de los programas, costos por estudiante y por carrera, no llegaron a consolidarse”, explicó la Academia en su estudio.
El presupuesto del FEES pasó de ¢46.426 millones, en 2001, a¢511.154 millones, en 2019. O sea, el Fondo se multiplicó por diez (creció 1001%).
Según la Academia, el Conare consideró la posibilidad de distribuir los recursos del FEES con base en la planificación universitaria, un estudio de costos por estudiante por carrera a partir de 1975 y una fórmula de distribución.
El estudio fue encargado a la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) del Conare la cual planteó una metodología de asignación que premiara la eficiencia y la asignación de recursos adicionales bajo debida justificación.
“En la presentación de la propuesta al Conare se presentaron objeciones a la disponibilidad y confiabilidad de los datos, por cuanto estaban basados en proyecciones y no en datos reales . Al final, la propuesta fue descartada y se optó por seguir con una distribución negociada”, indicaron los estudiosos.
Según explicaron, las autoridades tomaron el acuerdo de delegar la distribución del FEES al Conare y no a la Comisión de Enlace, integrada por los rectores y el Gobierno, con la condición de que las universidades se comprometieron a mantener por medio de OPES un estudio de costos por carrera, de egresados y de operación de las unidades académicas que permita la evaluación de los recursos.
Además, se dispuso que los programas docentes, de investigación y de extensión y acción social se financiarían considerando la población estudiantil, el costo total de su atención, su valor científico, económico y social y su impacto nacional o regional. “Sin embargo, estos principios no se implementaron en la práctica”, añadió el estudio de la Academia.
Fiscalización
La Defensoría de los Habitantes solicitó al MEP explicaciones sobre cuál es la fiscalización que ellos hacen del FEES, cuál ha sido la ejecución presupuestaria de esos recursos en los últimos años, y a qué tipo de gasto o inversión, en forma específica, se dirigen.
Esta solicitud se planteó luego de que el ministro de Educación, Édgar Mora, anunciara que iban a tomar “sobrantes” del MEP para ajustar los ¢15.000 millones de incremento que tuvo el FEES para el 2019.
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Debido a que el MEP no había contestado a la Defensoría, se le hizo la consulta al Ministerio sobre qué fiscalización del FEES realizan.
“Por el principio de autonomía las universidades se autorregulan internamente, pero al tratarse de presupuestos financiados con fondos públicos es la CGR (Contraloría General de la República) quien ejerce el control sobre la ejecución”, indicó el Ministerio.
El MEP añadió que el Gobierno no puede modificar de ninguna forma los porcentajes en los que está distribuido el Fondo.
“La modificación correspondería a un acuerdo interuniversidades. El MEP no puede imponer cambios en la distribución del FEES debido al principio de autonomía universitaria”, informó.
Los rectores coincidieron en que nunca ninguno ha solicitado una modificación de los porcentajes de distribución del Fondo.
Alberto Salom, rector de la UNA, estima que cambiarlos “podría significar el fin del convenio”. Explicó que cada institución planificó su crecimiento e inversiones de acuerdo a una estimación del porcentaje del FEES.
“Desmontar todo ese andamiaje ahora para aquellas instituciones que les toca un recorte en el porcentaje del FEES, seguramente, ocasionaría más daño que beneficio. En cambio, postulo que en un futuro, el camino más próspero y seguro puede ser el de la fusión de varias instituciones de educación superior”, indicó Salom.
Por su parte, Julio Calvo, rector del ITCR, afirmó que la negociación del FEES con el Gobierno, actualmente, consiste solo en fijar el crecimiento que va a tener la bolsa ya sea a nivel quinquenal, o anual, que es como se ha venido realizando dada la situación económica.
“El TEC nunca ha solicitado una revisión (de los porcentajes del FEES) porque no existe una norma de distribución de esa bolsa”, manifestó Calvo.