El diputado socialcristiano por Puntarenas, Óscar Cascante Cascante, ayudó a dos sospechosos de integrar una banda narcotraficante a obtener la aprobación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para un condominio de vivienda social en Purral de Goicoechea, San José.

En octubre del 2020, el legislador del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) gestionó dos reuniones con el entonces presidente ejecutivo del INVU, Tomás Martínez Baldares, luego de que esa institución había rechazado el proyecto en cuatro ocasiones.

En los encuentros virtuales –por la plataforma Zoom– participaron Alejandro José Cartín Ramírez y su padre, Luis Guillermo Cartín Herrera.

Cartín Ramírez, de 31 años, fue detenido el 25 de mayo bajo el cargo de formar parte de una organización dedicada al tráfico de drogas y al lavado de dinero, la cual habría invertido al menos $20 millones (¢12.400 millones) en bienes de lujo en Escazú, Santa Bárbara, Alajuela y Limón.

Por su parte, Cartín Herrera, quien era investigado por ese mismo caso, falleció el 6 de mayo a los 66 años.

Ellos acudieron en su condición de representantes de la empresa Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S. A., la cual pretendía desarrollar el proyecto Condominios Verticales de Interés Social D’ Elena, en el distrito de Purral.

El diputado Cascante (53 años), quien participó en una de las reuniones, también convocó y logró la asistencia del alcalde de Goicoechea, Rafael Ángel Vargas, de Liberación Nacional, pues la negativa del INVU giraba en torno al permiso de uso de suelo que ese ayuntamiento le había dado al proyecto.

La urgencia de obtener el visto bueno del Instituto de Vivienda radicaba en que, sin él, la empresa no podía acceder al visado de los planos por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). La aprobación era un requisito indispensable para, posteriormente, conseguir el permiso de construcción en el ayuntamiento.

Las reuniones por videoconferencia se realizaron los días 1.° y 30 de octubre del 2020.

También, participaron Erick Calderón, director de Urbanismo y Vivienda del INVU, y Mario Iván Rojas Sánchez, director de Ingeniería y Operaciones de la Municipalidad de Goicoechea, confirmó la oficina de prensa del Instituto ante una consulta de La Nación.

Esa dependencia también informó de que las gestiones de Óscar Cascante no se limitaron a pedir los dos encuentros. También, después, hizo varias consultas sobre el avance del proyecto a lo interno del INVU.

“El diputado fue quien solicitó los espacios de reunión virtual a la Presidencia Ejecutiva. En las mismas, se trataron las aclaraciones técnicas con respecto al motivo de los rechazos en APC (Administrador de Proyectos de Construcción) y las observaciones institucionales.

“El 10 de noviembre del 2020, el diputado le informaba a la Dirección de Urbanismo y Vivienda, que los interesados ya habían remitido el proyecto por APC y el 17 de noviembre consultó, nuevamente, sobre el estado de la revisión; no se le brindó respuesta”, dice el documento enviado a este diario por la institución.

Tres meses y medio después de la primera reunión, el 16 de febrero del 2021, el INVU aprobó el proyecto, luego de que la empresa subsanara las observaciones hechas. De esa decisión se le informó el mismo día a Óscar Cascante, de acuerdo con la respuesta enviada por el Instituto.

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Dudas legales

El entonces presidente ejecutivo del INVU y actual jerarca de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Tomás Martínez, también confirmó los encuentros. Dijo que Cascante solo estuvo presente en el primero y que alegó que “su interés era dar solución y apoyo a proyectos para poblaciones vulnerables”.

Hizo énfasis en que este tipo de encuentros son usuales y que, en ese caso en específico, el problema radicaba en un “traslape de usos en la finca y sobre cómo aplicar el plan regulador y el reglamento de condominios”.

“El proyecto fue rechazado unas cuatro veces mientras estuve en el cargo de presidente ejecutivo del INVU, hasta finales de diciembre. Todos estos proyectos suelen requerir más de una revisión, pero ocurre que pueden trabarse en una interpretación específica, en este caso un traslape de usos, dos usos que se sobreponen con dos indicadores de construcción diferentes en el mismo terreno.

“Requerían entender qué prevalece, ¿plan regulador o reglamento de condominio, fraccionamiento o urbanización? Y eso es lo que se les explicaba”, afirmó Martínez.

Agregó que la segunda reunión fue “solicitada” por el alcalde Goicoechea, Rafael Ángel Vargas.

El alcalde, por su parte, dijo a este diario que fue Óscar Cascante quién lo invitó a la videoconferencia y que él desconocía que iban a estar personeros de una empresa privada.

Alegó que él fue por cortesía porque, desde 2019, antes de que asumiera la Alcaldía, ese proyecto ya contaba con el permiso de uso de suelo.

No mencionó que él solicitara una reunión al jerarca del INVU y, por el contrario, insistió en que ellos no hicieron ninguna gestión en favor de esa empresa, pues según dijo, todo estaba resuelto desde antes que él llegara.

“A mí me invitan a una reunión con funcionarios públicos, con el INVU, no me citan a una reunión con empresarios privados. Se me citó a una reunión con funcionarios del INVU, sobre un tema que tiene que ver con un proyecto en Goicoechea, donde yo soy alcalde, para ratificar nuestra posición, pero él (Óscar Cascante) no me dice ‘te invito a una reunión con empresarios equis, privados’. No, si me lo hubiera dicho, posiblemente le digo que no.

“Nosotros (él y Mario Iván Rojas Sánchez) no recuerdo que hayamos hablado mucho, lo único que teníamos que hacer era ratificar nuestra posición. Desde el 2019 tenía ya los permisos”, expresó Vargas.

Añadió que el proyecto no ha obtenido el permiso de construcción, pues no ha pagado el canon correspondiente, que equivale al 1% del valor del proyecto.

La Nación también buscó hablar con el diputado socialcristiano, pero remitió con su abogado Alonso Salazar, quien dijo que le enviáramos las preguntas por correo electrónico. No obstante, al cierre de esta edición no se había obtenido una respuesta.

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Otras gestiones y múltiples reuniones

Esta no es la primera gestión que el diputado del PUSC hizo en favor de miembros de esta supuesta banda narco, vinculados con la empresa La Escarcha S. A.

El martes 18 de mayo del 2021, les consiguió una reunión con el gerente general del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), Dagoberto Hidalgo.

Ese día, en una videollamada, Alejandro Cartín Ramírez y Robert Soto Rivera –otro de los detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ)– le expusieron al gerente del Banhvi al menos tres proyectos de vivienda social en Liberia, Goicoechea y Esparza. Mencionaron que pretendían desarrollarlos con el Banco Popular, en su calidad de entidad financiera autorizada para tramitar bonos de vivienda.

Entre esos tres proyectos, precisó Dagoberto Hidalgo, se encontraba D’ Elena, el condominio vertical en Purral que estuvo frenado en el INVU.

Seis días después, el 24 de mayo, el congresista reunió en su despacho a Cartín Ramírez y Soto Rivera con dos personeros del Banco Popular, quienes desconocían de antemano, según dijeron, la asistencia de los ahora detenidos.

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Esa fue la décimo tercera visita que los sospechosos de integrar la banda narco hicieron a la oficina del diputado Cascante. El socialcristiano recibió visitas de Robert Soto, Alejandro Cartín y Luis Guillermo Cartín Herrera.

Además, en marzo pasado, intercedió, ante Casa Presidencial, en favor de un proyecto hotelero que pretendían desarrollar, en la costa de Limón, los integrantes de esta supuesta banda a través de la constructora La Escarcha.

Dos años antes, además, había llevado a Cartín Herrera a una reunión con la entonces ministra de Turismo, María Amalia Revelo.

A los sospechosos el OIJ les atribuye formar parte de una organización dedicada a comprar cocaína en Colombia para enviarla a Europa, mediante contenedores con productos agrícolas que salen de Limón por vía marítima.

La Policía Judicial tiene la tesis de que, para legitimar sus ganancias, el grupo adquirió mansiones, apartamentos y vehículos por, al menos, $20 millones (¢12.400 millones), al tiempo que incursionó en una constructora y en el cultivo de arroz.

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El martes 25 de mayo, durante los 40 allanamientos en los que quedaron detenidas 23 personas, incluidas Robert Soto Rivera y Alejandro Cartín Ramírez, las autoridades encontraron ¢1.500 millones en efectivo.

La primera cita del diputado Cascante con uno de los investigados se efectuó el 3 de mayo del 2018, con Robert Soto, apenas a dos días después de haber asumido la curul.

El miércoles 26 de mayo, cuando trascendió la cantidad de reuniones que había sostenido con los investigados, el socialcristiano argumentó que estas personas le pidieron ayuda para sacar adelante la construcción de dos proyectos de vivienda de interés social en su provincia, Puntarenas.

Mencionó que había un plan en Corredores y otro en Esparza, Puntarenas, por los cuales él hizo gestiones. Sin embargo, no citó las gestiones en favor del proyecto en Purral, que se encuentra en San José y que no tiene relación con la provincia portuaria que representa.

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