Sofía Chinchilla Cerdas. 22 marzo
Con la firma del decreto de declaratoria de emergencia, el gobierno cumple con una de las dos condiciones que se requieren para activar la cláusula de escape de la regla fiscal. Foto: Casa Presidencial para LN.
Con la firma del decreto de declaratoria de emergencia, el gobierno cumple con una de las dos condiciones que se requieren para activar la cláusula de escape de la regla fiscal. Foto: Casa Presidencial para LN.

El gobierno valora la posibilidad de activar un mecanismo de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas para atender la emergencia causada por el covid-19, sin las restricciones presupuestarias que le impone la regla fiscal.

Se trata de una cláusula de escape diseñada, específicamente, para suspender la aplicación de la regla fiscal cuando el país se encuentre en estado de emergencia o de recesión económica.

La regla fiscal pone un límite estricto al aumento que puede hacer el gobierno, cada año, en el gasto en servicios, salarios, transferencias e intereses, en particular cuando las finanzas públicas y la economía están debilitadas.

Para este año, el límite de crecimiento es del 4,67%.

El fin de la cláusula de escape es que esa restricción se suspenda en caso de declararse una emergencia, como la ocasionada por la pandemia del nuevo coronavirus. De esa manera las autoridades podrían destinar los recursos que sean necesarios para hacerle frente a la situación.

Así lo prevé al artículo 16 de la reforma tributaria, vigente desde diciembre del 2018.

"La aplicación de la regla fiscal establecida por el presente título se suspenderá en los siguientes casos:

a) En caso de que se declare estado de emergencia nacional, entendido en los términos de lo dispuesto en la Ley N.° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre de 2005, y cuya atención implique una erogación de gasto corriente igual o superior al cero coma tres por ciento (0,3%) del PIB", dice el primer párrafo del artículo 16 de la ley 9635.

El primer requisito se cumplió el pasado lunes 16 de marzo, cuando el presidente Carlos Alvarado firmó el decreto de declaratoria de emergencia que prohíbe la entrada de extranjeros con el cierre las fronteras y suspende las lecciones.

De acuerdo con Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del Consejo Económico, ahora el gobierno valora si la atención de la emergencia requerirá gastos iguales o superiores al 0,3% del PIB.

Según la estimación de este medio, a partir del Comentario Sobre la Economía Nacional del Banco Central, en este momento esa cifra sería de aproximadamente ¢105.000 millones.

"Estamos haciendo las estimaciones de la afectación, calibrando el plan de emergencia. Hay un plazo para hacerlo de tres meses, puede estar mucho antes de ese periodo, entonces sabremos si la emergencia sanitaria y la adecuada respuesta de la misma, en la fase de respuesta, rehabilitación y posterior reconstrucción, requiere un porcentaje equivalente.

“De ser así, por supuesto que estaríamos aplicando el mecanismo que la (Ley) 9635 ha previsto para poder hacer frente a las emergencias y para poder generar políticas contracíclicas que nos ayuden a ser resilientes a la pandemia”, afirmó Garrido.

El artículo que regula la cláusula de escape establece que, en caso de declaratoria de emergencia, el Poder Ejecutivo deberá comunicarle a la Asamblea Legislativa los límites máximos de gastos que se aplicarán durante la duración de la emergencia, o las medidas de contención de los egresos.

Si la medida llega a activarse, su aplicación no podrá extenderse más allá de dos años.

Además, cuando termine la emergencia, la regla fiscal deberá restituirse.

“La restitución se operará de manera gradual, durante un plazo de tres años, de manera que cada año se reduzca en un tercio la brecha entre los mayores egresos corrientes autorizados por la respectiva situación excepcional, hasta llegar al pleno cumplimiento de la regla fiscal", indica la ley.

Hasta el 22 de marzo, el Ministerio de Salud contabiliza 134 personas contagiadas con covid-19.

Mientras las autoridades sanitarias trabajan en la atención de los pacientes y el retraso del contagio, los jerarcas del sector económico y la Asamblea Legislativa trabajan en proyectos para paliar la afectación económica que experimentan los sectores productivos.

El gobierno también decidió regular el precio de varios productos de limpieza, como los desinfectantes y el alcohol; al tiempo que el Banco Central anunció un fuerte recorte en su tasa de política monetaria para paliar los efectos de la pandemia.

En días pasados el Congreso aprobó varios proyectos de ley que fueron enviados por el Poder Ejecutivo para atender la emergencia o mitigar los efectos económicos del covid-19. Ya recibieron la votación en segundo debate las leyes sobre moratoria en el pago de impuestos, otro que limita las comisiones que los comercios deben pagar a los bancos por el uso de datáfonos y el sábado 21 aprobó uno más que permite rebajar las jornadas laborales.