El presidente de la República, Carlos Alvarado, dejó en manos de su equipo económico el anuncio de las medidas para que la economía costarricense “despegue” rápidamente cuando termine la emergencia sanitaria del nuevo coronavirus.

Este lunes en la Asamblea Legislativa, durante su informe anual sobre el estado de la República, el mandatario afirmó que las iniciativas serán presentadas esta misma semana.

De acuerdo con Alvarado, la meta es que los poderes Ejecutivo y Legislativo concreten soluciones para mejorar las finanzas públicas, la informalidad en el empleo, el aseguramiento independiente, la tramitomanía y la atracción de inversiones.

“Debemos dar solución a la informalidad y facilitar el aseguramiento independiente, agilizar el Estado, recortar trámites y concluir la mejora regulatoria”.

"También debemos innovar atrayendo inversión. Impulsaremos que vengan al país jubilados de buenas credenciales a retirarse aquí para que traigan consigo inversión y divisas. Impulsaremos el cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo, con todas las garantías y seguridad del caso.

“Usaremos todo el prestigio derivado del país, en ciencias de la vida y turismo para despegar de nuevo en todas las regiones. El equipo económico del gobierno presentará el detalle de estas y otras iniciativas esta semana”, dijo el presidente, sin dar mayor detalle sobre las propuestas.

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Desde el Auditorio Nacional del Museo de los Niños, Alvarado afirmó que Costa Rica no solo saldrá victoriosa en su lucha contra el covid-19, sino que también podría, “de una vez por todas”, superarse y desencadenar todo su potencial.

"No podemos conformarnos solo con reparar el daño, sino que debemos aprovechar esta oportunidad histórica para emprender las transformaciones necesarias para despegar más rápido, una vez que esta pandemia se haya ido, como sabemos que se irá”, afirmó Alvarado.

La clave de las propuestas, dijo, será la repartición de cargas entre los distintos sectores del país, para que el peso de la pandemia no se cargue sobre las personas más pobres y vulnerables.

“Costa Rica no solo derrotará la pandemia, sino que renacerá como una nueva nación”, afirmó.

Combinación de cargas para aliviar golpe a finanzas públicas

Alvarado adelantó que, esta semana, el Poder Ejecutivo también presentará medidas para aliviar el impacto económico de la pandemia en las finanzas públicas.

El objetivo inmediato, según el presidente, es que el país pueda garantizar la atención de su elevada deuda pública y el funcionamiento apropiado de las instituciones.

Según el mandatario, es necesario reducir la afectación causada por la pandemia a las arcas públicas en alrededor de un 2% del producto interno bruto (PIB).

“Esta también es una forma de proteger a la nación de una crisis, pero de tipo económica”, dijo el presidente.

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Para lograrlo, dijo, el Estado deberá combinar la austeridad en el gasto público con la redirección de recursos que tenían otro destino y la generación de ingresos “sanos y temporales”.

“No se pueden obtener ¢701.000 millones de un modo realista solo por una vía o la otra, tiene que ser una combinación balanceada y temporal de las cargas”, sentenció Alvarado.

Junto a ese mensaje, el mandatario garantizó que su compromiso es fortalecer las instituciones del país para que sirvan mejor a los habitantes.

“Yo no fui llamado a gobernar para eliminar el Estado Social de Derecho: ¡jamás! Este debe preservarse para estas y las futuras generaciones. Pero sí fui llamado para protegerlo y modernizarlo, para prolongarlo en el tiempo”, aseveró Alvarado.

Pide reformas al Congreso

Adicionalmente a las iniciativas que implementaría el Ejecutivo por cuenta propia, el presidente pidió el apoyo de los diputados para la aprobación de una serie de iniciativas.

En primer lugar, Alvarado mencionó los créditos que entidades multilaterales han otorgado al país para financiar la respuesta a la emergencia sanitaria.

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Asimismo, el mandatario destacó la importancia de reformas al empleo público y el cierre o fundición de algunos órganos desconcentrados, aunque las propuestas del gobierno para hacer ambas modificaciones no han llegado al Congreso.

En la conferencia de prensa posterior al discurso presidencial, Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia, afirmó que el plan de empleo público “está prácticamente completo” y será enviado al Congreso, posiblemente, en el transcurso de mayo, en el momento que el Ejecutivo considere apropiado.

En tanto que Nancy Marín, jerarca de Comunicación, informó de que la posibilidad de crear una contribución solidaria a los salarios superiores a ¢1 millón, sigue en estudio, y como parte del proceso el presidente Alvarado decidió recortar su salario en un 10%.

Casa Presidencial, además, pide la aprobación del plan que permitiría contratar personal con jornadas laborales flexibles, las cuales, según dijo, son necesarias para la recuperación del sector turismo.

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Por otra parte, el mandatario abogó por el expediente que cerraría el Fondo Nacional de Becas (Fonabe), cuyas funciones principales ya las absorbió el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), y el plan para que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) pueda salir del régimen de Servicio Civil para contratar personal de forma más ágil, según las necesidades de formación para que los alumnos se inserten en el mercado laboral.

“El sector agropecuario será clave en esta etapa, tanto para reactivar la economía y las zonas rurales, como para garantizar nuestro abastecimiento y alimentación”, señaló el mandatario.

Sobre seguridad pública, Alvarado solicitó la aprobación del plan de extinción de dominio, “para atacar el financiamiento del crimen organizado, y dar garantías a quienes trabajan con honestidad y formalidad”-

Además, urgió el aval legislativo para un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que financiaría nuevas delegaciones de policía para 35 comunidades y la construcción de ocho Centros Cívicos por la Paz

Finalmente, al mencionarlas en su discurso, el presidente dio luz verde para que los diputados continúen el trámite de dos reformas constitucionales: la que declararía el acceso al agua como un derecho humano, y la que modificaría los periodos de sesiones legislativas ordinarias y extraordinarias.