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Con el voto unánime de 50 diputados, este lunes quedó aprobada en segundo debate la reforma a la Constitución Política que busca reconocer el acceso al agua como un derecho humano, al añadirse un párrafo al artículo 50 de la Carta Magna.
Se trata de la segunda de cinco votaciones que debe recibir la iniciativa antes de que el nuevo texto se integre totalmente a la carta fundamental.
Antes de la votación, se realizó un intenso debate entre legisladores no solo sobre la existencia y administración del recurso en el país, sino también sobre las necesidades que afrontan muchas comunidades por problemas hídricos históricos y por racionamientos.
El nuevo párrafo que formaría parte del artículo 50 de la Constitución dice:
“Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones”.
Además del nuevo párrafo, también se establece, en un artículo transitorio, que mientras no se apruebe una “nueva ley que regule el uso, la explotación y la conservación del agua”, se mantendrán vigentes las leyes, concesiones y los permisos del uso del agua actuales.
Durante la discusión en el plenario, la presidenta de la Comisión de Ambiente, Paola Vega, aseguró que los costarricenses se han “malacostumbrado” a vivir en un país rico en recurso hídrico, “que no ha sentido, hasta hoy, las necesidades por problemas de mala planificación y la emergencia climática que vive el país”.
También, atribuyó la creciente necesidad de agua en las comunidades a la expansión agrícola “de ciertos monocultivos”.
“Estamos viendo cómo ese mito que nos decían en la escuela, que el agua era inagotable, era eso, un mito”, dijo Vega.
La legisladora añadió que, con la reforma constitucional, se prevé “todo un marco de protección que garantice que el recurso hídrico no se vuelva escaso y se use de la mejor manera”.
En tanto, el liberacionista Luis Fernando Chacón alegó que, si bien la iniciativa aprobada puede garantizar a las generaciones presentes y futuras el acceso al agua potable, es necesario “pasar de las palabras a los hechos y hacer que la iniciativa promueva proyectos de sostenibilidad del recurso hídrico”.
“Costa Rica no es de los países que no tienen agua. Tenemos altas precipitaciones pluviales. El problema de Costa Rica no es el agua. El mejor derecho de los ciudadanos es que les podamos garantizar el agua haciendo las inversiones necesarias para llevarla de los puntos de captación a los de consumo”, alegó el verdiblanco.
Tanto Chacón como el presidente legislativo, Carlos Ricardo Benavides, hicieron referencia a los reclamos de la ciudadanía por la falta del suministro de agua en varios sectores de la Gran Área Metropolitana.
“No basta con que la Constitución lo diga, pues es necesario que el país se ponga a planificar proyectos integrales que permitan llevar el agua a todo el país, primero para darle la dotación a cada habitante por día, pero también para garantizar la competitividad que necesitamos”, apuntó Chacón.
“A mí realmente me preocupa mucho el racionamiento creciente en los hogares y los comercios de las y los costarricenses, especialmente de la GAM; cantones completos que nunca habían sufrido racionamiento, hoy están sufriendo”, apuntó Benavides.
El jerarca parlamentario añadió que es fundamental que el plenario del Congreso se interese en el asunto y, además, exija respuestas de parte del Poder Ejecutivo.
“No me digan que es el cambio climático el culpable de que no tengamos agua en casas del Valle Central, en un país en que llueve a cielo roto, que no tengamos suministro los siete días”, reclamó el verdiblanco.
Erwen Masís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), metió en la discusión el tamaño de la estructura del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) frente a las organizaciones rurales que administran el recurso hídrico: las Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Asadas).
“Tenemos una realidad estructural muy grande, gigantesca en costos, frente a las Asadas, que son más livianas, más de pueblo, incluso de gente que trabaja ad honórem, que se sacrifica y busca un objetivo común”, dijo Masís para criticar el amplio gasto del AyA.
En tanto, el frenteamplista José María Villalta, dijo que, más allá del acceso al agua, la iniciativa busca consolidar el acceso en condiciones adecuadas, en cantidad y calidad, derecho “ya reconocido por la jurisprudencia y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos”.
El mecanismo para hacer reformas parciales a la Constitución establece que los diputados deben realizar dos debates en una legislatura; luego, es requisito que el presidente de la República haga referencia a dicha propuesta en su mensaje del 2 de mayo ante el plenario del Congreso.
Después de eso, los congresistas tendrán que darle tres debates más a la iniciativa.
