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Hace unas semanas, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) prohibió los vuelos nocturnos en aeródromos no controlados. La medida abrió un conflicto con los operadores privados de vuelos de emergencias médicas, quienes piden revertirla por razones humanitarias.
El reclamo contra la directriz AIC Serie C 24/25, del pasado 9 de octubre, es porque esa directriz impide cualquier operación después de la puesta y antes de la salida del sol en aeródromos no controlados.
La medida cubre a aquellas terminales ubicadas en zonas remotas o lejos de los tres aeropuertos internacionales autorizados para operar de noche: Daniel Oduber, en Liberia, Guanacaste; Juan Santamaría, en Alajuela; y Tobías Bolaños, en Pavas.
A menos que la emergencia ocurra cerca de alguno de esos recintos, quien se debata entre la vida y la muerte habrá de esperar el amanecer conforme a la disposición.
La decisión de la DGAC incluye los vuelos ambulancia (evacuaciones médicas urgentes) que suelen trasladar pacientes en riesgo de muerte, entre ellos extranjeros que vacacionan en Costa Rica.
Para aclarar los fundamentos de la medida, La Nación consultó desde el 8 de diciembre a Marcos Castillo, director de Aviación Civil, y al despacho del ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón Leiva, a cuya cartera está adscrita la DGAC.
Se solicitó la base técnica que motivó la prohibición y se preguntó si ocurrió algún accidente o incidente reciente que justificara la restricción.
También se pidió precisar si existió un estudio de riesgo previo, quiénes participaron en el análisis técnico y cómo se justificaría el impedimento de evacuaciones aéreas nocturnas si existen emergencias en esos momentos.
Al cierre de esta edición, ningún vocero había respondido, aunque sus áreas de prensa indicaron que tramitarían las consultas.
Documentos consultados por este diario, incluido un análisis técnico de riesgo para esos vuelos, evidencian la molestia que la medida generó entre quienes atienden operaciones médicas de emergencia.
Preocupación y molestia
Tres días después de emitida la directriz, el 13 de octubre del 2025, el capitán Everardo Carmona, director de Operaciones de la empresa Great Flights, envió a Castillo Masís un análisis de riesgo sobre los vuelos médicos.
Según su exposición, esos desplazamientos registran un nivel de riesgo “moderado” y “tolerable”, de acuerdo con la matriz oficial de evaluación que Costa Rica utiliza.
Carmona afirmó que en 19 años no se han reportado accidentes en estas operaciones y que el único antecedente grave ocurrió hace 30 años, en una pista sin iluminación ni cerca perimetral.
Como parte del análisis, detalló que en la última década se han realizado 3.130 vuelos ambulancia nocturnos —un promedio de 285 por año— sin incidentes.
El comportamiento de estos vuelos muestra un crecimiento sostenido, interrumpido solo en 2020, cuando la cifra bajó de forma abrupta durante la pandemia.
Tras ese descenso, la demanda se disparó en 2021, año en el que se registra el mayor volumen del periodo, con alrededor de 400 traslados nocturnos.
Desde entonces, el número de vuelos se mantuvo en niveles altos, por encima de los 360 anuales, lo que evidencia una demanda constante del servicio ante desgracias médicas que requieren transporte inmediato desde zonas alejadas o de difícil acceso terrestre.
Carmona advirtió de que aeródromos como Cóbano, Quepos, Nicoya, Coto 47 y Limón son esenciales para evacuar pacientes de noche y que su inhabilitación deja sin opciones a zonas rurales, insulares y turísticas.
“Hasta octubre hacíamos vuelos a hospitales privados y públicos para movilizar recién nacidos con complicaciones, crisis cardíacas —donde la evolución del infarto puede obligar al traslado— y quebraduras donde el tiempo marca si alguien vive o muere”, señaló Carmona al ser consultado.
Un mes y tres días después de emitida la directriz, la Asociación de Operadores y Propietarios de Aeronaves (AOPA Costa Rica) envió otro escrito a Castillo Masís.
En su oficio AOPA-050-2025, del 13 de noviembre, el grupo expresó su “más enérgico rechazo y profunda preocupación” por la medida. El mensaje también se remitió con copia al jerarca del MOPT.
Según la Asociación, Aviación Civil adoptó la decisión sin un proceso de consulta transparente ni una evaluación técnica participativa.
AOPA sostiene que la restricción eliminó la capacidad de reacción en emergencias desde el atardecer hasta el amanecer y afecta a “miles de costarricenses en zonas rurales, costeras y fronterizas” al dejarlos sin acceso a evacuaciones aéreas durante la mitad del día, lo que compromete —aseguró— el derecho fundamental a la vida y a la atención médica oportuna.
La organización pidió la revocatoria inmediata de la prohibición. Además, advirtió de que “toda autoridad que adopte medidas que impidan salvar vidas debe asumir la responsabilidad moral, técnica, legal y administrativa” por sus decisiones.
Ricardo Hernández Guzmán, paramédico y encargado de operaciones de la empresa Saat (Soporte Asistido Aéreo y Terrestre), también expresó inquietud.
“Evidentemente, la medida afecta porque casi el 50% de los traslados que se hacen en Costa Rica ocurren en horario nocturno, tanto aquellos de hospitales públicos como de turistas que se accidentan y van a clínicas privadas”, explicó.
Hernández indicó que muchos traslados provienen de la zona sur, donde se utiliza el aeródromo de Coto 47, equipado con iluminación y una base policial del Servicio de Vigilancia Aérea, y el de Palmar Sur, donde —recordó— la propia DGAC hizo una gran inversión en iluminación y servicios de seguridad.
“Desde esos dos aeródromos evacuamos pacientes de los hospitales de San Vito, Golfito, Ciudad Neily y el Hospital Tomás Casas Casajús, de Osa, quienes deben ser llevados a hospitales en San José o clínicas allí”, expresó.
Agregó que también existe una “evidente afectación para los turistas” justo al inicio de la temporada alta de visitación, pues algunos se accidentan o sufren infartos y “ahora los obligamos a venir por tierra hasta más de seis horas para recibir atención médica especializada”.
La emisión de la directriz, y los reclamos posteriores, se producen en un contexto de señalamientos y turbulencia para las autoridades del gobierno sobre la seguridad de los vuelos en el país.
El pasado 20 de noviembre, un documento firmado por el propio Marcos Castillo Masís confirmó que el país obtuvo una nota preliminar de 63,5 en una auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), agencia especializada de Naciones Unidas.
El puntaje revela una caída en la calidad de la operación aérea, donde el mínimo es 75, conforme los criterios de la OACI. Así consta en el oficio DGAC-DG-OF-2406-2025 enviado a los miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac).
Ese mismo 20 de noviembre también renunció Luis Diego Saborío Soto como subdirector de Aviación Civil, menos de cuatro meses después de haber asumido el cargo.
Doce días después de su renuncia, dos miembros del Cetac también dejaron sus puestos: Danielle Jenkins Bolaños, representante de la Uccaep, y José Rosales Salas, representante ingeniero del gobierno.
Antecedente en el Tobías Bolaños
La directriz que prohibió los vuelos nocturnos no es el primer punto de fricción entre los operadores de vuelos médicos y Aviación Civil.
En marzo del 2025, un vuelo ambulancia procedente de Cóbano debió intentar aterrizar a oscuras en el aeropuerto Tobías Bolaños porque el personal en tierra no encendió las luces de pista, pese a que la aeronave trasladaba a un turista infartado en condición crítica.
De acuerdo con el relato del capitán Carmona y de controladores aéreos, este caso no fue aislado: desde años atrás se reportaban fallas recurrentes en la coordinación de iluminación nocturna, lo que obligaba a abortar aproximaciones o desviar vuelos médicos hacia otros aeropuertos.
El supervisor de la torre del Juan Santamaría, Ronald Vega, había advertido oficialmente del problema desde 2021, sin que las autoridades emitieran una solución definitiva.
