Juan Diego Córdoba González. 18 enero
Terminal de Contenedores de Moín (TCM) entró en funcionamiento en febrero de 2019. Foto: John Durán.
Terminal de Contenedores de Moín (TCM) entró en funcionamiento en febrero de 2019. Foto: John Durán.

El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y del diputado José María Villalta, contra el Estado y la empresa APM Terminals, por el envío de todos los buques portacontenedores al megapuerto de Moín.

Además, condenó a los demandantes al pago de las costas procesales y personales, así como de los intereses que se generen a partir de esta decisión y hasta su desembolso.

Sintrajap acudió a los tribunales en 2019, junto con el diputado del Partido Frente Amplio (FA), para reclamar supuestas acciones ilegales del Estado en perjuicio de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

En su reclamo, alegaron que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) decidió de forma unilateral enviar todo tipo de buques portacontenedores al megapuerto de Moín, administrado por APM Terminals. Su argumento es que el contrato de concesión solo establecía que esa terminal atendiera un tipo de navío llamado fully-cellular container ship, el cual Japdeva no podía atender por las dimensiones de sus muelles.

Para ellos, la acción violentó la autonomía de la empresa estatal, pues el MOPT asumió la tarea de programar el atraque de los buques en el Caribe, función que hasta entonces ejecutaba Japdeva.

Además, dijeron, condujo a una crisis financiera en la entidad portuaria estatal, que derivó en el proceso de despido de personal que aún se ejecuta.

El Ministerio asumió el control marítimo de la vertiente Atlántica, en su calidad de rector, cuando APM Terminals inició operaciones formales en febrero de 2019.

Esa decisión, habían señalado las autoridades, obedeció a que Japdeva “hizo una interpretación propia” del contrato de concesión, que pudo haber incidido en que el muelle estatal atendiera buques portacontenedores, cuando según la interpretación del Ejecutivo, le correspondía hacerlo a la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

En ese entonces, bajo la presidencia ejecutiva de Greivin Villegas, Japdeva llamó a desobedecer al MOPT. Esa discusión provocó la destitución del jerarca, quien fue reemplazado por Andrea Centeno.

Las pretensiones del sindicato

Los demandantes, entre otros aspectos, exigían que se declarara ilegal y abusivo el actuar del Poder Ejecutivo, a través del MOPT, al enviar la carga contenedorizada al megapuerto concesionado, así como el pago de una indemnización estatal a Japdeva, por los ingresos dejados de percibir.

Sobra la primera exigencia, el Tribunal manifestó: “Como se ha podido verificar en la prueba documental aportada y de una aplicación de lo dispuesto en el contrato de concesión, estos (los actos del Poder Ejecutivo) se encuentran apegados al ordenamiento jurídico señalado”.

Japdeva entró en una profunda crisis financiera en 2019, al perder el 80% de la carga comercial que atendía antes de la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín. Foto: John Durán.
Japdeva entró en una profunda crisis financiera en 2019, al perder el 80% de la carga comercial que atendía antes de la entrada en operación de la Terminal de Contenedores de Moín. Foto: John Durán.

Por esa razón, desestimó cualquier indemnización a Japdeva.

“Dado que no considera este Tribunal que existan actuaciones ilegales según lo pretendido por la parte, tampoco habría obligación de indemnizar, al no existir nexo de causalidad; según lo previsto en la Ley General de la Administración Pública”, señala el fallo.

La presidenta ejecutiva de la empresa estatal, Andrea Centeno, afirmó que hasta este lunes conocen el fallo. “Siempre hemos sido y seremos respetuosos de lo que indiquen los juzgados”.

La demanda fue presentada por el sindicato de trabajadores de la entidad estatal, en compañía del diputado Villalta. No así por la Administración de Japdeva.

Apelación en proceso

El secretario general de Sintrajap, Antonio Wells, afirmó que tienen argumentos suficientes para revertir la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que presentarán un recurso de casación ante la Sala Primera de la Corte Suprema.

Para ello, afirmó el sindicalista, los abogados del movimiento sindical analizan el fallo y preparan la nueva gestión judicial.

“Vamos a seguir en la lucha, vamos a ir a casación. Perdimos, nos declararon sin lugar, pero vamos a ir a casación porque creemos que hay muchos argumentos que nos facilita el Estado Social de Derecho que todavía es nuestro.

“Hay muchos argumentos que no se contemplaron, pareciera que nosotros no fuimos partes de este juicio. Las conclusiones nuestras casi no se tomaron en cuenta, solo se tomaron en cuenta al testigo de Holanda (Jan Willem Jongbloed, gerente del desarrollo del Plan Maestro de Limón), contratado por la contraparte”, afirmó Wells.

Willem, ingeniero civil, fue gerente y coordinador contractual financiero de la elaboración del Plan Maestro Portuario de Limón, contratado a la empresa holandesa Royal Haskoning.

Esos estudios recomendaron la construcción y la concesión del megapuerto de Moín, así como varios ajustes en los otros activos portuarios estatales para hacer de la vertiente Atlántica un complejo marítimo internacional.

Según lo afirmado por Willem en la audiencia, en todo momento se pensó que el puerto concesionado se especializara para atender la carga de contenedores, mientras que los muelles estatales pasarían a asumir otro tipo de embarcaciones.

Debido a la crisis financiera de la empresa estatal, el Congreso aprobó una ley para reducir la planilla de la entidad portuaria. A la fecha, Japdeva se ha desprendido de cerca de 700 empleados. En la imagen aparece Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, opuesto a los recortes. Foto: Raúl Cascante.
Debido a la crisis financiera de la empresa estatal, el Congreso aprobó una ley para reducir la planilla de la entidad portuaria. A la fecha, Japdeva se ha desprendido de cerca de 700 empleados. En la imagen aparece Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, opuesto a los recortes. Foto: Raúl Cascante.

La contralora general de la República, Marta Acosta, quien no participó en esas audiencias pero que sí estuvo presente en las discusiones en la Asamblea Legislativa con respecto a este tema, había declarado que Japdeva nunca se preparó para la entrada en operación del megapuerto y el cambio en el modelo de negocio.

Acosta atribuyó la crisis de la empresa estatal a la falta de cumplimiento del Plan Maestro por parte de la institución, así como a la poca búsqueda de nuevos negocios portuarios.

El ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez, presentó el mismo argumento en la Comisión de Limón, donde se abordó esta discusión en el comienzo, antes de que llegara hasta los tribunales.

De acuerdo con Antonio Wells, la provincia de Limón es la más afectada por la decisión de los jueces, así como los exportadores e importadores nacionales.

“No es para el Sindicato, es para Limón, para el país. La gente paga tres o cuatro veces el costo de exportar o importar un contenedor. Usted puede recordar las declaraciones de (Antonio Álvarez) Desanti, no es un sindicato, es un importador del país, porque obligan a la gente a pagar tres o cuatro veces la tarifa que pagaban en Japdeva.

“Japdeva tiene 10 puestos de atraque, infraestructura, equipo y personal calificado. Durante 56 años Japdeva le servió de forma barata al país, por eso la lucha que estamos dando nosotros no es tanto para el Sindicato. Al que más beneficia esta lucha es al que importa o exporta, así como a las personas consumidoras que son los que pagan finalmente”, afirmó Wells.

Sobre este tema, el Poder Ejecutivo había comenzado diálogos con la empresa holandesa, en 2019, en busca de un reajuste en la tarifa portuaria a través de una renegociación del contrato de concesión.

No obstante, hasta ahora no se han anunciado avances al respecto.