El drama financiero de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) parece no terminar. Ahora deberá distribuir miles de millones de colones entre sus trabajadores, luego de que la Sala II de la Corte Suprema de Justicia dejara en firme una sentencia emitida por los tribunales de trabajo, producto de una demanda planteada por el sindicato de la entidad, Sintrajap.
Por el momento, ninguna de las partes ha sido notificada del fallo por lo que la suma que deben cancelarse se ignora. Según Antonio Wells, secretario general del Sindicato, esperan ver los términos en que se redactó la sentencia y los extremos de lo resuelto.
Entretanto, la jerarca de Japdeva, Andrea Centeno, reconoció que aunque tenían “mapeado” este posible resultado, la situación deficitaria de la institución impidió crear una reserva que permitiera hacer frente al millonario pago.
En su reclamo, el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) exigió el pago de un aporte patronal adicional para el fondo de ahorro de los empleados correspondiente al 3% sobre el salario de cada colaborador, como había sido negociado en la convención colectiva en el año 2002.
En aquel momento, los empleados lograron aumentar el aporte patronal de 5% a 8%, sin embargo los desembolsos con el nuevo porcentaje nunca se realizaron debido a objeciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) que no aprobó ajustar las tarifas para ese fin, por lo Sintrajap acudió en 2013 a la vía judicial para reclamar el pago, que en ese entonces se estimó en unos ¢5.000 millones.
El embargo de cuentas que mantuvo Japdeva durante un año a causa de dicho proceso, acrecentó la crisis financiera que arrastra la entidad. (Jorge Castillo)
“Requerimos conocer los detalles del fallo, revisarlo, en procesos tan grandes como esta demanda que generó el embargo de cuentas, va a haber que ser muy cuidadosos en la etapa de ejecución de la sentencia. No hay cálculos de las dimensiones de esta demanda”, afirmó.
Centeno hizo referencia al embargo de cuentas con ¢5.300 millones que se dio debido a la medida cautelar solicitada por el Sindicato, en mayo de 2020, luego de que ganaran el juicio en primera instancia. Dicho embargo, que se prolongó por un año, frenó el proceso de modernización de la empresa, ante la incapacidad de pagar prestaciones a los empleados que debían ser destituidos. Aunque ya se levantó la medida, a la fecha no han podido utilizar los fondos.
“Duraron un año para que dictaran la sentencia de embargo, desembargaron las cuentas donde estaba el dinero para la restructuración, pero llevamos 16 meses sin poder usar el dinero (...) Haber tenido las cuentas embargadas nos erosionó, no solo por no poder usar el dinero, sino porque quedamos con una planilla del doble de personas, aumentaron los extremos laborales, tuvimos que pedir préstamos para pagar extremos de personas que quedaron en medio del proceso”, explicó la jerarca.
La jerarca advirtió de que en medio de la crítica situación financiera que enfrenta Japdeva, cualquier complicación, como la que representa el fallo, significa un riesgo adicional y podría dificultar aún más la consecución del equilibrio que han procurado desde el inicio de su gestión.
“Ahora hay que hacer frente a este proceso, ver qué tamaño y qué tan riesgoso es que una demanda de tipo laboral pueda afectar nuevamente en su recuperación, si es una sentencia habrá que respetarla (...) En una organización tan crítica como Japdeva estas situaciones pueden causar un impacto, pero el tamaño de ese impacto es lo que hay que determinar”, dijo.
‘Veremos como hacemos’
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Según explicó Wells, la obligación (del pago del 3%) nació en el 2002 y se mantuvo hasta noviembre del 2016. En ese tiempo, dijo, la planilla máxima que ha tenido la entidad ha rondado entre 1.500 y 2.000 trabajadores, a los que eventualmente tendría que reconocerles dichos pagos.
El dirigente sindical dijo estar consciente de que el fallo llega en un momento crítico para la estabilidad de la entidad, pero, según él, es algo que no podían haber vaticinado cuando se inició el proceso en los Juzgados de Trabajo.
“Hay una sentencia ¿cómo hacemos? Hay que ver cómo sale la sentencia y después de ahí, veremos cómo hacemos”, expresó.
Luego del desembargo de cuentas, resuelto en abril pasado, Japdeva no podía acceder a los recursos sin la aprobación de presupuestos extraordinarios por parte de la Contraloría General de la República, lo que se consiguió justo cuando se topan con un nuevo tropiezo económico.
La semana pasada, los diputados autorizaron un rescate financiero por ¢6.000 millones, de los cuales ¢4.000 millones se destinarían al pago de salarios y los ¢2.000 millones restantes a cesantías, preaviso, aguinaldo, vacaciones y bonos de transformación para aquellos trabajadores que se acogieron a la movilidad laboral.
