El embargo de cuentas bancarias que afronta Japdeva, por ¢5.400 millones, amenaza la operación de los puertos públicos de Limón, el de Moín y el Alemán, dedicados al trasiego de productos como fruta, granos, materiales de construcción y automóviles.
El golpe a la liquidez es tan fuerte que la entidad hace números para calcular si podrá pagar salarios la próxima quincena.
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) revisa con detalle cuáles servicios o proveedores son primordiales y negocia prórrogas para la cancelación de facturas con otros.
También, la institución paralizó el pago de prestaciones por ¢650 millones a 37 personas que se acogieron a traslados, salidas o prejubilaciones.
Seis cuentas bancarias de Japdeva, en tres bancos, están embargadas por orden de un Juzgado de Trabajo de Limón tras una solicitud del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap).
El Sindicato demandó Japdeva, en el 2013, por el supuesto incumplimiento en los porcentajes que debía aportar como patrono al Fondo de Capital y Ahorro.
Desde entonces, el proceso judicial avanzó hasta llegar a la Sala II, en donde espera la resolución final de los magistrados.
“Creo que es una medida que, en este momento, más que contribuir a una Japdeva que ya venía debilitada y tratando de salir adelante, lo que está haciendo es quitando a la entidad la posibilidad de recuperarse"-
"Pone en riesgo la estabilidad y, por ende, la estabilidad de los trabajadores”, manifestó Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva.
Añadió que, días atrás, tuvieron una reunión con Sintrajap para explicar las consecuencias de un eventual embargo.
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“Tuvimos una reunión donde yo dije que teníamos que hablar sobre el embargo. El Sindicato alegó que ellos iban a seguir adelante y que, si eventualmente se conversaba, se haría con las representaciones legales, que no teníamos que tener preocupación porque no se iba a afectar la operación de Japdeva y, dos horas después, congelaron las cuentas operativas de planilla y de extremos laborales”.
“Ellos tienen clara la posición nuestra; se les habló en esa reunión sobre los riesgos y lo que ellos argumentaron es que seguirían adelante”, comentó la jerarca.
En la acera del frente, Antonio Wells, secretario general de Sintrajap, manifestó que, a lo largo del procedimiento, varios fallos judiciales les han dado la razón y ahora solo esperan la decisión final. Por eso, como medida preventiva, pidieron la inmovilización de los dineros para asegurar los intereses de los sindicalistas.
El dirigente argumentó que, en el 2002, luego de negociar una convención colectiva, Japdeva se comprometió a subir el aporte patronal de un 5% a un 8% mensual por el sobre el salario de cada trabajador. Sin embargo, esos pagos nunca se realizaron debido a objeciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El criterio de Aresep, según Wells, es que el 3% adicional no se podía cargar a las tarifas que pagan los exportadores e importadores.
El 3% de la discordia
La presidenta de Japdeva afirmó: “Nadie está cuestionando, en este momento, si es o no válido; lo que estamos cuestionando es el embargo. La discusión sobre si el 3% adicional es un derecho que se debe honrar o no, está siendo desarrollada en la Sala Segunda y eso es un proceso paralelo que no tiene nada que ver con el embargo”.
Según las estimaciones de Sintrajap, Japdeva les adueda más de ¢5.000 millones, los cuales se acumularon entre 2002 y 2012 por el incumplimiento de aportes patronales.
Pese al riesgo de no recibir salarios a fin de mes, Wells aseguró que tienen claro el objetivo final de sus gestiones.
“Esta es una lucha, siempre hay cuestiones positivas y negativas, hay presiones y otras cosas, pero los trabajadores son conscientes de lo que estamos peleando. Estamos abiertos al diálogo, pero la Administración no ha llamado; hay una soberbia absoluta de la Administración, no han llamado para ver cómo se llega a un tipo de arreglo”, dijo Wells.
El líder gremial rechazó que la solicitud de embargo vaya en contra de los intereses de los trabajadores.
Según datos de Japdeva, la planilla del mes de mayo asciende a ¢696 millones, esa cifra ya incluye pagos de cargas sociales.