El pago de al menos ¢4.700 millones por las presuntas pérdidas de Japdeva a causa del modelo que se implementó para repartir la atención de los buques de carga que llegan a Limón, entre el megapuerto y el muelle estatal.
Esa es la pretensión del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, en la demanda presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, contra el Estado y la concesionaria APM Terminals.
La gestión fue presentado el 8 de abril y acogida para darle trámite este miércoles. Ahora, el Tribunal deberá definir si la repartición de buques comerciales en Moín se apega o no al contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).
Según los recurrentes, la cifra que reclaman, equivale a las pérdidas que habría sufrido la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) con las operaciones de la TCM. El monto, advierten, podría crecer.
"Estos daños y perjuicios se estiman preliminarmente en ¢4.700 millones por concepto de principal de los ingresos que habría recibido Japdeva si se le hubiera permitido seguir operando normalmente, de acuerdo con el bloque de legalidad.
“Sin embargo, dado que este monto puede seguir creciendo, mientras duren los efectos de los actos impugnados, la cuantía de esta demanda se fija como cuantía inestimable” , señala.
Entre los testigos que se ofrecen, se incluye al exjerarca de Japdeva, Greivin Villegas, removido de su puesto por el mandatario Carlos Alvarado, por “no estar alineado” con la posición del Gobierno.
Villegas también había manifestado su oposición a la directriz del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) de enviar todos los buques portacontenedores al megapuerto, dejando apenas el 30% de la carga comercial al muelle estatal.
Ese modelo de repartición de buques, según la Junta Directiva de la entidad portuaria, dejó a la institución a las puertas de la quiebra, pues ya arrastra cuatro años consecutivos de pérdidas.
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En lugar de Villegas, quien pedía al Gobierno hacerse responsable de los despidos que tendría que recurrir la entidad, el mandatario designó a Andrea Centeno, quien se desempeñaba como directora de Marca País, en la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (Cinde).
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Los accionistas reclaman además que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tomó atribuciones que correspondían a la entidad portuaria. A raíz de eso, añaden, comenzó a enviar algunos tipos de navíos al megapuerto, con criterio que, supuestamente, irrespetan lo pactado entre el Estado, Japdeva y la empresa APM Terminals en el contrato de la TCM.
" Las actuaciones ilegales del Poder Ejecutivo que se reclaman, pueden llevar, en el corto tiempo a la quiebra de Japdeva, no pudiendo garantizar la continuidad de los servicios públicos portuarios que le son propios por ley, el pago de salarios, la gestión de desarrollo y demás obligaciones que le competen, afectando seriamente la paz social en la provincia de Limón."
Rectoría
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas alega que un criterio de la Procuraduría General de la República avala las medidas aplicadas, al ser el ente rector del sector marítimo en Costa Rica. Bajo esa condición considera que está encima de las atribuciones de Japdeva.
La presidenta ejecutiva de la entidad portuaria, Andrea Centeno, manifestó que respeta dichos procesos legales y que respetará el fallo de los tribunales.
Este es el segundo proceso legal por la repartición de buques entre Japdeva y la Terminal de Contenedores de Moín.
En noviembre anterior, el mismo sindicato acudió al contencioso administrativo para denunciar un presunto incumplimiento de contrato por parte de la concesionaria del megapuerto.
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