Escuchar
Gustavo Gutiérrez Espeleta, exrector de la Universidad de Costa Rica (UCR), pidió que las negociaciones para definir el presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del 2027 sean asumidas por una persona con “legitimidad plena” y que cuente con la “confianza” de toda la comunidad universitaria.
El pronunciamiento se da tras las fallidas negociaciones entre las universidades públicas y el gobierno de Rodrigo Chaves por el FEES del 2027, cuyo monto ahora deberá ser definido por la Asamblea Legislativa ante la falta de acuerdo entre las partes.
“Sugiero que el Consejo Universitario convoque a los mejores juristas de nuestra comunidad para definir las rutas legales que permitan defender la institucionalidad y garantizar que la negociación esté liderada por alguien con legitimidad plena y la confianza de toda la comunidad universitaria", dice el planteamiento, hecho por Gutiérrez mediante una carta abierta a la comunidad universitaria y publicada este 24 de abril.
Aunque el exrector no menciona directamente al actual jerarca de la UCR, Carlos Araya Leandro, su pronunciamiento se produce en un contexto de alta presión interna, marcada por la toma del edificio de la Rectoría y por la exigencia del movimiento estudiantil para que Araya renuncie. La toma aún se mantiene.
El rector actual ha sido cuestionado por los desembolsos en restaurantes. Minutos antes de la toma de las instalaciones, los estudiantes le reclamaron a Araya por el gasto de poco más de ¢818.000 en el restaurante El Novillo Alegre, en actividades realizadas entre setiembre y noviembre del 2025.
‘Ha promovido una competencia entre las U’
El exrector sostiene que el Poder Ejecutivo mantiene un interés político en profundizar los recortes presupuestarios a la educación, vigentes desde el 2019, y que para ello ha impulsado una dinámica de competencia entre las universidades que integran el Consejo Nacional de Rectores (CONARE), lo cual —afirma— amenaza la unidad del sistema de educación superior pública.
“La Universidad de Costa Rica no debe caer en ese juego de división”, señala el exrector en el documento.
En la carta, Gutiérrez recuerda que informes jurídicos elaborados durante su administración universitaria (2021-2024) concluyeron que cualquier recorte presupuestario que afecte el funcionamiento de una institución pública con funciones constitucionales es ilegal.
Por ello, insta al Conare a rechazar cualquier salida que implique transitar por “caminos de ilegalidad” y a exigir una redistribución basada en el crecimiento y en el marco legal vigente.
En su mensaje, Gutiérrez también plantea medidas internas para recuperar la credibilidad de la Universidad ante la sociedad; menciona abrir espacios de diálogo con el estudiantado, reforzar la responsabilidad presupuestaria conforme a los criterios de la Contraloría General de la República (CGR) y prohibir gastos discrecionales que superen las tablas oficiales de viáticos.
“Quienes hemos ocupado cargos públicos sabemos que estos son transitorios, mientras que las instituciones permanecen”, afirma el exrector, al tiempo que hace un llamado a que la comunidad universitaria se muestre unida para defender la educación superior pública y exigir la reversión de los recortes presupuestarios.
